Las Jornadas de Debate Feminista comenzaron ayer en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Intendencia de Montevideo y se extenderán hasta mañana. Hubo mesas de discusión sobre el movimiento feminista, economía feminista, educación y diversidad, violencia institucional y de género, entre otros temas.
En la vertiente de la economía feminista, un panel integrado por la licenciada en Economía Política Gabriela Cultelli y la secretaria general del Sindicato Único de la Aguja (SUA), Flor de Liz Feijoo, se centró en analizar la invisibilización del trabajo de la mujer, la doble explotación y los vínculos entre género y clase social.
Cultelli señaló que en América Latina las mujeres trabajan de forma no remunerada, en las tareas del hogar, un promedio de 40,4 horas semanales. Destacó que la incorporación de la mujer al mercado laboral tuvo un punto de inflexión a partir de la década del 90, y que hoy representa 49% de la población económicamente activa, cuando en 1904 representaba 4%.
Feijoo sostuvo que el SUA se define como un sindicato clasista y feminista, y consideró que “quien tiene perspectiva de clase debería tener incorporados los valores del feminismo”. Contó una anécdota de una situación que se dio en la negociación colectiva del año 2012; los representantes de una empresa argumentaron que las obreras no necesitaban salarios más altos porque su remuneración “es un complemento del sueldo de su marido”.
La sindicalista comentó que los hombres tienen “las 24 horas para ser activistas” porque siempre hay otra persona que les está planchando la camisa y cosiendo los botones. Una asistente a la mesa, sindicalista de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicio (Fuecys), afirmó que el sindicalismo es “un lugar hostil para las mujeres”. Comentó que cuando se habla de la historia del movimiento sindical no se menciona ni a las sufragistas ni a las mujeres anarquistas.
Feminismo, economía y ambiente
Otra de las mesas en las jornadas se centró en la perspectiva ecofeminista. Lilián Celiberti, de Cotidiano Mujer, fue la encargada de dar el marco teórico. Explicó que esta mirada se centra en el concepto de “sustentabilidad de la vida”, que “cuestiona el fondo más profundo de la modernidad como construcción cultural y social”. “¿Cómo es posible la organización de una sociedad que no toma en cuenta la necesidad de la reproducción de la vida?”, preguntó Celiberti.
Explicó que el ecofeminismo cuestiona la depredación ambiental como modo de producción “basado en la premisa del crecimiento permanente”, y en cambio propone los conceptos de “interdependencia” y “ecodependencia”. Ambos “atacan el centro de la construcción masculina patriarcal en las sociedades capitalistas y las socialistas conocidas, que se construyen sobre la fantasía de la individualidad”. Esto es, pensar que los seres son autónomos e independientes y que no requieren de nadie ni de nada. “Eso invisibiliza las relaciones de cuidado que son necesarias para la existencia de la vida”, señaló Celiberti.
Marta Chiappe, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, contó los resultados de una investigación sobre el rol de las mujeres en las denuncias sobre impactos en la salud de plaguicidas en el medio rural uruguayo. Relevó prensa y otras fuentes de información y entrevistó a mujeres rurales de Canelones, San José y Paysandú. Concluyó que las principales denunciantes de estas situaciones son las mujeres: maestras de escuela, mujeres que viven en localidades cercanas o en establecimientos linderos con los que se fumigan, pero que no están vinculadas directamente con el trabajo rural, y las organizaciones cuyos integrantes viven en poblados cercanos a donde se fumiga.
En cambio, las mujeres vinculadas directamente con el trabajo rural, ya sea ellas o su núcleo familiar, en muchos casos prefieren no denunciar los impactos que los plaguicidas tienen en ellas mismas o en sus hijos e hijas –alergias, problemas de la piel– para “evitar problemas con los vecinos” o porque tienen una relación laboral en el entorno que se podría ver perjudicada. “Hay una relación social y barreras culturales y económicas que hacen que esas mujeres se vean impedidas de hacer este tipo de denuncias. Los patrones tienen poder en la zona, un poder en la comunidad muy grande que muchas veces genera miedo”, señaló Chiappe.
Petición contra UPM
En una mesa en el hall de la Facultad de Ciencias Sociales se invitaba a firmar una petición denominada “Por Uruguay sin UPM-2”. La misiva está dirigida al presidente Tabaré Vázquez y se entregará el 24 de agosto en la Torre Ejecutiva. En la petición se argumenta que la infraestructura que se construirá para UPM “aumentará el endeudamiento público”; que las exoneraciones que se otorgan a la pastera generan “una grave inequidad” en relación al resto de los productores y trabajadores del país; que se agravará la situación de contaminación en el río Negro, y que el acuerdo de inversión supone una “inaceptable intervención de UPM en la legislación laboral nacional y en los programas de enseñanza técnico-profesional de ciertos departamentos”. Finalmente, solicita que el gobierno deje sin efecto el acuerdo con UPM “con la mayor celeridad posible”.