Casi exactamente dos años después de que el Estado uruguayo lograra una reconocida victoria en un litigio internacional, ante la multinacional tabacalera Philip Morris, recibió una demanda por una cifra casi 13 veces mayor realizada por la minera Aratirí, que reclama 3.536 millones de dólares.
La información fue confirmada por el propio presidente Tabaré Vázquez. En declaraciones a la radio Sarandí, explicó que hace un año Aratirí había presentado la denuncia ante la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, pero recién el 3 de julio entregó una memoria con el detalle de todos sus contactos con el gobierno uruguayo.
Este domingo partirá hacia Washington una delegación uruguaya integrada por el secretario de Presidencia, Miguel Toma; el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario; el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks; los abogados Marcelo Cousillas y Eugenio Fernández; el director de Minería, Néstor Campal; y el ex ministro de Industria, Energía y Minería Roberto Kreimerman. El grupo se reunirá con el abogado Paul Reichler, integrante del estudio Foley Hoag, que defendió a Uruguay en los juicios contra Philip Morris. Según dijo Nario a Radio Uruguay, “todas las cosas que se le pidieron [a Aratirí] eran pertinentes”.
Vázquez adelantó a Sarandí que el juicio final se hará en diciembre en París. “Estamos convencidos de que así como antes ganamos litigios internacionales, volveremos a triunfar, porque el país hace años que viene trabajando y blindándose para enfrentar esta instancia”, afirmó. Por su parte, el ex presidente José Mujica consideró en una entrevista con Canal 12 que Aratirí “acostumbra hacer este tipo de operativas”, y que la cifra que reclama es “formidablemente exagerada”, “una exageración para intentar negociar después”. Según recogió Montevideo Portal, Mujica ya había advertido, en 2015: “Si nosotros en el marco jurídico no demostramos una voluntad positiva de negociar, nos exponemos a un juicio internacional, que aunque lo ganemos después estamos cuatro o cinco años sin poder hacer nada”. Ayer el senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou se jactó de haber advertido hace dos años sobre la demanda de Aratirí mediante una publicación en su cuenta de Twitter. “Estamos a dos meses o menos de que se inicie un juicio internacional contra el Estado por los compromisos firmados respecto a Aratirí. Y en un tribunal arbitral, no en la Justicia nacional”, había dicho en mayo de 2016, según recogió El Observador.
La firma india alega que la ley de Minería de Gran Porte, aprobada en 2013, implicó un cambio de las reglas del juego y afectó la inversión que se proponía hacer. El propio ex gerente general de Aratirí Fernando Puntigliano señaló a la diaria que esa ley se aprobó en medio del proceso de instalación de la empresa, pero prefirió no dar más declaraciones al respecto.
Además, Aratirí se ampara en el Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay mantiene con Gran Bretaña, y que en el numeral 2 del artículo 2º establece que “a las inversiones de capital de nacionales o sociedades de cada Parte Contratante se les concederá en toda ocasión un trato justo y equitativo y gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante”. A su vez, el primer numeral del artículo 3º afirma que “ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a las inversiones de capital y rentas de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante a un trato menos favorable del que se concede a las inversiones de capital y rentas de sus propios nacionales”.
La Ley de Minería de Gran Porte estableció un régimen tributario especial para los proyectos que superaran las 400 hectáreas de área de intervención directa de explotación de minerales metálicos. Además, determinó que las inversiones realizadas por actividades mineras no pudieran ser objeto de regímenes promocionales que habilitaran exoneraciones del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), y creó una tasa adicional progresiva de este impuesto, así como un canon de producción y un adicional al canon para los proyectos con una cláusula de estabilidad tributaria. Según sintetizaba el sitio de Presidencia en 2013, el nuevo régimen tributario aseguraba al Estado aproximadamente 50% de las ganancias.
La Ley de Minería de Gran Porte surgió luego de que Presidencia convocara a un diálogo entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria en 2011. Allí hubo cierto marco de acuerdo, pero durante el tratamiento parlamentario del proyecto aumentaron las objeciones, y la aprobación final sólo contó con los votos del Frente Amplio y el Partido Independiente. En aquel momento se llegó a entender que la norma beneficiaba a la empresa. En 2015, cuando el Parlamento decidió extender el plazo adicional de negociación con los proyectos de gran porte, el diputado blanco Gerardo Amarilla sostuvo que con esa propuesta quedaba “plenamente confirmado” que “la Ley de Minería de Gran Porte fue con nombre, apellido y hasta número de cédula de identidad, se hizo por y para una empresa, y como no terminó de ajustarse realmente a lo que la empresa necesitaba, caemos en la situación hasta ridícula de que debemos modificar esa ley”.