A fines del año pasado, un colectivo de personas pidió a la Cámara de Diputados que iniciara el proceso de juicio político (que corresponde “por violación de la Constitución u otros delitos graves”) a las autoridades del Poder Ejecutivo, por el contrato firmado con la empresa finlandesa UPM. El diputado nacionalista Pablo Abdala, presidente de la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación, explicó a la diaria que se entregó con tal finalidad un conjunto de firmas, basándose en el artículo 30 de la Constitución, que habilita a cualquier ciudadano a hacer una petición a las autoridades públicas. Según el legislador, el grupo alega que el contrato con UPM viola normas constitucionales, además de afectar la soberanía del país, y que al firmarlo el Ejecutivo se arrogó potestades del Poder Legislativo.
Cuando la comisión retome su funcionamiento, el 6 de febrero, Abdala propondrá analizar la petición de ese colectivo. “Creo que la denuncia es razonable y los planteamientos son muy sólidos. La única debilidad es que no especifica a qué autoridad consideran que se le debe iniciar el juicio político”, acotó. De todos modos, el diputado aclaró que pedir que se le dé tratamiento al tema en la comisión no implica necesariamente que él sea partidario de aceptar la iniciativa presentada.
En principio, la idea de Abdala es convocar al secretario de Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, así como al prosecretario Juan Andrés Roballo, para que expresen la posición del Poder Ejecutivo sobre el contrato con la firma finlandesa, “sin perjuicio de invitar luego a algunos de los ministros que intervinieron en la negociación”. Las objeciones planteadas por el colectivo, acotó Abdala, “son de enorme importancia”: denuncian que el Poder Legislativo tendría que haber intervenido en la aprobación del contrato y en la decisión de habilitar a UPM a resolver las controversias en un arbitraje internacional, entre otros temas.
“Es un planteo ciudadano, no de la oposición”, arguyó Abdala. No obstante, señaló que, dada la “importancia” que tiene el tema, la comisión no puede “mirar para el costado” y que es una “buena oportunidad” para que se analice la “juridicidad” del contrato. El diputado frenteamplista Darcy de los Santos, que también integra la comisión, dijo a la diaria que la bancada oficialista todavía no ha analizado el tema en profundidad.