A mediados de 2017, la Confederación Empresarial del Uruguay y la Cámara Regional de Comerciantes del Este, entre otros colectivos, impulsaron una recolección de firmas para realizar una reforma constitucional contra la “bancarización obligatoria”, es decir, contra parte de la Ley de Inclusión de Financiera (19.210).
Para que la reforma se ponga a consideración mediante un plebiscito se deben conseguir 260.000 firmas –10% del padrón electoral– seis meses antes de las elecciones. Los colectivos no llegaron a la cantidad de firmas, pero argumentaron que es posible juntarlas antes del 10 de noviembre, es decir, seis meses antes de las elecciones departamentales. Según afirman, el artículo 331 de la Constitución de la República establece que los proyectos de reformas deben ser sometidos a la decisión popular “en la elección más inmediata”, sin especificar si esta debe ser nacional o departamental.
José Pereyra, de la Cámara Empresarial de Maldonado, dijo a la diaria que siguen trabajando para juntar firmas, aunque “medio en silencio”, debido a la campaña electoral. Señaló que “mucha de la gente que milita o que más trabaja es la que después también se compromete con temas políticos”, por lo tanto, quedan “pocos” en la campaña de recolección de firmas. Según el dirigente, la cifra a la que llegaron está entre 220.000 y 240.000, por lo que van a trabajar para llegar a la cantidad necesaria antes del 10 de noviembre. Dijo que se están organizando con el movimiento Un Solo Uruguay, “que por ahora es la única estructura fuerte y verdadera” que tienen. Agregó que estuvieron “analizando” los programas de gobierno de los partidos de cara a las elecciones del 27 de octubre, y resaltó que la mayoría de los de la oposición siguen la línea de derogar la obligatoriedad de la inclusión financiera, que es lo que están buscando con el proyecto de reforma.
Por ejemplo, en el programa del Partido Nacional (PN) se señala que la Ley de Inclusión Financiera “ha coartado la libertad de las personas en el manejo de sus propios recursos” y “es una norma que tiene serios problemas de implementación, porque se basa en supuestos jurídicos y técnicos que no se ajustan a la realidad de miles de personas, comercios y empresas de nuestro país”. Por lo tanto, el PN propone modificar la ley “a los efectos de eliminar la obligatoriedad de efectuar pagos y realizar transacciones a través del sistema de intermediación financiera”.
A su vez, el Partido Colorado (PC) “ve con buenos ojos el avance del uso de medios electrónicos de pago, ya sea dinero electrónico o tarjetas de crédito y débito”. No obstante, se explica que el PC buscará “que los trabajadores puedan elegir cobrar remuneraciones y honorarios en efectivo, si así lo desean; mientras que comercios puedan diferenciar el precio final de sus productos según el medio de pago utilizado, haciendo más conveniente el efectivo, si así lo desean”. Estas modificaciones se harán “a través de leyes aprobadas por el Parlamento”. En tanto, en el programa de Cabildo Abierto se plantea modificar la Ley 19.210, “reconsiderando el alcance de la obligatoriedad impuesta, buscando equilibrar los propósitos de la norma con el respeto al derecho de las personas a optar con libertad sobre la disposición de su dinero”.
Pereyra dijo que varias personas que estaban dentro de su campaña, que también militan en el PC y el PN, “bajaron los brazos” ante las propuestas de sus respectivos partidos de modificar la obligatoriedad de la inclusión financiera. “Hay gente que ve que puede ganar su partido y cree que con eso tiene garantía para lograrlo, pero yo lo veo complejo porque también hay una situación que viven los bancos, que es el tema de peso del Estado, que se lleva demasiado [dinero] de cualquier inversión que se haga”, señaló. Agregó que los bancos “negociaron con fuerza y muy bien”, y que en Uruguay las instituciones bancarias “viven de las comisiones”, que representan “42% de su negocio”, y si se las sacan, “se les puede complicar bastante”. “Seamos honestos: las comisiones bancarias que nos cobran ahora no las cobraban antes de la ley. El banco ahora te cobra todo, porque tiene una necesidad imperiosa de ganar dinero por otras cosas, porque hoy da menos préstamos que antes”, finalizó.
No corre más
La otra campaña de recolección de firmas que se estaba llevando a cabo era la del Movimiento en Defensa del Artículo 67 de la Constitución de la República, que buscaba hacer una reforma constitucional para prohibir los impuestos a las jubilaciones. Sergio D’Oliveira, integrante del movimiento, dijo a la diaria que han recolectado 200.000 firmas, pero no cree que puedan juntar las suficientes antes del 10 de noviembre. Según dijo, la idea es llegar al próximo período de elecciones.