El lunes, en la audiencia entre el Partido Independiente (PI) y Presidencia de la República, la abogada del Poder Ejecutivo (PE) María del Carmen González pidió salir de la sala para consultar con su jerarca sobre la conciliación propuesta por el juez de 4° Turno de lo Contencioso Administrativo, Carlos Aguirre. Al regresar dijo que Presidencia no aceptaba la propuesta y el magistrado señaló: “Se ve que no era alguien entendido en derecho a quien le transmitió”. Ese día el juez decidió postergar su decisión por 24 horas, y este miércoles falló a favor del PI sobre el recurso de amparo por dos artículos publicados en la web de la Secretaría de Comunicación de Presidencia.
La sentencia ordena a esta oficina a retirar, en el plazo de 24 horas, las notas publicadas el 5 y 8 de octubre, y además insta a que “se abstenga de subir a su página web publicaciones que tengan que ver con el acto eleccionario”.
También este miércoles, pero antes de que se conociera la decisión del magistrado, el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, presentó una denuncia administrativa ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra Aguirre. Toma confirmó a la diaria la denuncia y dijo que no podía comentar los motivos por “la sencilla razón de que esto está en manos de la SCJ”. No obstante, la periodista Georgina Mayo difundió el texto por medio de redes sociales. En el texto el jerarca afirma: “Aparentemente mi negativa de autorizar el acuerdo en los términos propuestos [...] obtuvo como respuesta del magistrado la ofensa hacia mi persona, honor y reputación, en público, y no tuve la posibilidad de ejercer mi derecho de defensa por no estar presente [...]. Debí enterarme de tales dichos del magistrado por varias publicaciones en la prensa, todo lo que fuera además confirmado por la letrada representante de Presidencia”, que “era la receptora directa de los agravios destinados hacia mi persona”.
Toma destaca que además de los representantes y abogados estaban presentes “dos estudiantes de Derecho de la Universidad de Montevideo (cuyos datos individualizados se desconocen) y alrededor de una decena de periodistas de diversos medios de prensa”. Además, señala que las palabras de Aguirre afectan a “una prestigiosa carrera profesional de más de 35 años de ejercicio, prestigio y reputación ganados”, no sólo por su “recta e intachable conducta ético profesional”, sino también “y especialmente, fruto de los reconocimientos” de ser representante del gobierno.
En el documento, Toma pide que la SCJ le aplique “las correcciones disciplinarias y sanciones severas que procedan de acuerdo a Derecho”, y además dice que presentará como prueba las notas de prensa que dieron cuenta del hecho. El secretario de Presidencia confirmó a la diaria que la denuncia la presentó antes de que el juez se expidiera sobre el recurso de amparo presentado por el PI.
Fallo histórico
A la salida de la audiencia de este miércoles, el candidato del PI, Pablo Mieres, declaró que el fallo de Aguirre fue “histórico”. “El juez les pone freno a los abusos de poder, hay una sentencia que es inédita”, declaró en rueda de prensa. Según sostuvo, planteó el recurso “para evitar el ejercicio del poder ilimitado”.
En la sentencia, Aguirre dice que la Secretaría de Comunicación “no tiene el cometido de disentir o recoger” un disentimiento “respecto de lo expresado por el representante de un partido político en campaña electoral”. Además, señala que, por el organigrama, la Secretaría pertenece a Presidencia de la República, “cuyo soporte lo es el Sr. presidente de la República” y, como tal, la Constitución veda “su intervención en propaganda política electoral”. La sentencia dice que hay una “ilegitimidad manifiesta, por conculcar el principio de libertad, su relación con las prohibiciones constitucionales y el libre ejercicio de obrar de los partidos políticos”.
El juez entendió que se violó el artículo 77 numeral 5º de la Constitución, que dice que “el Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.
El lunes, el magistrado había propuesto que se bajaran los artículos de la web y que se instara a no volver a publicar material similar, pero sin definir la legalidad o ilegalidad de las publicaciones. Eso fue lo que Toma no aceptó.
El recurso había sido presentado por dos artículos en los que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, contestaba a Azucena Arbeleche, asesora en economía del Partido Nacional (PN), y al candidato nacionalista, Luis Lacalle Pou.
En la nota del 5 de octubre, Murro decía que le llamó “mucho la atención” las declaraciones de la economista Arbeleche y el senador Luis Lacalle Pou “respecto al tema del grado inversor”. En la del 8 de octubre, Murro se refirió a unas declaraciones de Lacalle Pou sobre la instalación de la segunda planta de UPM. “Es un tema del gobierno estar ocupados en cómo califican el país, porque según esa calificación son las posibilidades de trabajo y de inversión que tendremos, y también es un tema del gobierno si se hacía o no se hacía UPM 2, y de eso es de lo que yo hablé”, decía la publicación.
Ahora Presidencia apelará el fallo, pero aún no sabe cuándo. El abogado del PI Pablo Donnangelo aseguró que la sentencia debe ser cumplida a pesar de que se presente la apelación.
“Presión indebida”
Sobre la denuncia de Toma, Mieres dijo a la diaria que “está perdiendo la referencia de que es un funcionario público que está sometido a las normas de la ley y la Constitución”. Para el candidato, Toma se está “mareando en el poder” y en todo caso lo que tiene que hacer es “leer mejor el derecho”. Según interpretó, es aun más grave que el jerarca haya presentado la denuncia antes del fallo, porque “está ejerciendo una presión totalmente indebida”.