Una delegación de representantes de organizaciones sociales acudió este lunes a la audiencia llamada “Los desafíos para la búsqueda de la verdad y la justicia”, organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 174º período de sesiones, en Quito, Ecuador. Las organizaciones peticionarias fueron el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, el Instituto de Estudios Legales del Uruguay, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Observatorio Luz Ibarburu (OLI) y Amnistía Internacional (AI). En la exposición hablaron Belissa Herrero, en representación AI, el abogado Leonardo Di Cesare, de OLI, e Irma Correa, esposa de Miguel Mato, último detenido desaparecido de la dictadura.
Las organizaciones declararon que, a 35 años de la vuelta democrática, son “insuficientes los avances en materia de justicia y verdad”, y mencionaron los obstáculos judiciales y los pocos avances en la materia. En base a datos de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, las organizaciones informaron que se han realizado pedidos de procesamiento solamente en 9% de las 187 causas judiciales que están abiertas por crímenes cometidos durante ese período. Además, explicaron que son muy pocas las causas en las que se dictaron sentencias condenatorias y, según informaron en la audiencia, sólo 21 represores fueron procesados con prisión o condenados.
Sobre los obstáculos judiciales, las organizaciones denunciaron que en los últimos años se ha “pasado de una situación de impunidad jurídica a una impunidad fáctica”. Entre las trabas, se mencionan las “prácticas judiciales” que producen “demoras innecesarias de años en los procesos”, como mantener durante años causas en presumario o admitir “recursos idénticos y consecutivos por parte de los múltiples acusados en una misma causa, lo que constituye un uso abusivo del derecho”. Además, se destaca que ni la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad ni la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) cuentan con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus tareas.
A su turno, Correa dio su testimonio sobre la desaparición de su esposo y las demoras judiciales en torno a su caso. Recordó que en 1986 presentaron la denuncia judicial, pero después de la aprobación de la Ley de Caducidad, el entonces presidente Julio María Sanguinetti ordenó archivar la causa. Recién en 2002 recibió un informe de la Comisión para la Paz, en el que constaba la “fecha de la desaparición y cómo pasaron los hechos”. En 2013, el OLI solicitó el desarchivo de la causa y, tres años después, el juez citó a declarar “a los primeros indagados, que obviamente no concurrieron. Hasta hoy ningún militar fue a declarar aún”, relató Correa. Finalmente, en 2017 uno de esos militares pidió la “prescripción” y el proceso se “trancó nuevamente”.
Correa dijo que era imposible “transmitir” en tan poco tiempo las “secuelas” de la desaparición: “Sí puedo destacar que ser la esposa de un desaparecido no tiene figura jurídica. Nos hemos tenido que ‘divorciar’ de nuestros maridos, sabiendo que estaban desaparecidos. Nuestros hijos e hijas en su infancia y adolescencia, cuando necesitaban la autorización legal de su padre, debían recurrir a un juez de menores, con la violencia que eso significaba para ellos. Y cuando nos preguntan cuál es nuestro estado civil, es complejo explicar que siempre seremos la esposa de un desaparecido y que eso no tiene un nombre”.
En la petición, las organizaciones solicitaron que el Estado fortalezca la “capacidad de indagatoria” del Poder Judicial para los casos de “graves” violaciones a los derechos humanos; que se prohíban “prácticas judiciales” que demoren “indebidamente” las investigaciones, y que se asigne a la INDDHH el presupuesto necesarios.
Balance
Mauricio Coitiño, coordinador de incidencia de AI, dijo a la diaria que en la audiencia “quedó claro” que no son “descabellados” los planteos de las organizaciones sociales, porque la representante del Poder Judicial reconoció “atrasos y problemas” en los procesos y, aunque justificó las prácticas judiciales, admitió que “estas situaciones se dan”, así como el Estado que reconoció que los avances son “insuficientes”.
Por otra parte, Felipe Michelini, representante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), destacó que el Estado uruguayo “corrigió” su actitud de no presentarse en las audiencias de la CIDH en Buenos Aires en 2017. A su vez, destacó la presencia de Graciela Gatti, que concurrió en representación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y valoró que fue “todo un gesto”, porque la audiencia estaba enfocada en “cuestionar la jurisprudencia de la SCJ, por lo que el hecho de que el Poder Judicial enviara una representante a la audiencia muestra, por lo menos, un cambio de sensibilidad frente al tema”, explicó.
Michelini entregó la rendición de cuentas del GTVJ y cuestionó “la jurisprudencia de la SCJ y su actitud”. Al igual que Coitiño, relató que el gobierno dio cuenta de lo actuado en la materia desde 2015 y reconoció que “no es suficiente”, que “hay un escollo en materia jurisprudencial y que aspira a que la búsqueda de detenidos desaparecidos por intermedio de la INDDHH pueda dar sus frutos”.