El principal punto de discrepancia en el proceso de transición entre el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca saliente, Enzo Benech, y el entrante, Carlos María Uriarte, surgió a raíz de la propuesta del nuevo gobierno de cambiar el marco normativo del Instituto Nacional de Colonización (INC). El ex presidente de la Federación Rural ha reiterado en varias oportunidades que se trata de una ley de 70 años de antigüedad, que debe ser modificada.
Uno de los principales cambios que propone Uriarte es que el Estado no reclame los predios mientras están siendo trabajados. El argumento es que hay personas “que han pasado la vida trabajando en un predio y hoy están viejas, no cumplen con la ley y se lo reclaman”, dijo tras la reunión que mantuvo con el ministro saliente.
Además de esta posibilidad, Uriarte propone que la tierra pueda ser heredada. “Buscar algún concepto legal para asegurar su permanencia. Una forma para que la gente que cumpla con sus obligaciones, si plantó un árbol, si sembró una pradera o un cultivo, si tiene hijos que lo siguen, que no venga el Estado y reclame que devuelva el campo”, ahondó.
Un día antes de la reunión con el ministro, entrevistado por Radio Carve, Uriarte insistió con el asunto y planteó que el nuevo gobierno cambiará la ley de colonización haciendo énfasis en la permanencia. Según dijo, “va a haber algunos aspectos, como la permanencia en vez de la propiedad, que nos gustaría estudiar [...]. En vez de un arrendamiento, debería ser una facilidad para que esa gente compre y se haga de la tierra aunque la vida no le dé para pagar”.
Los mecanismos previstos en la ley
La presidenta del INC, Jacqueline Gómez, explicó que la permanencia está definida en la ley 11.029, pero los colonos deben cumplir con una serie de condiciones: vivir en el predio, explotarlo directamente, pagar la renta y cuidar los recursos naturales. Si cumple con esas obligaciones, va a “estar todas las generaciones que quiera”, aseveró. Pero cuando los colonos no cumplen con sus obligaciones, el INC tiene la responsabilidad de “tomar medidas” para que esa familia salga e ingrese otra familia a la tierra. “Hay que tener claro que la sociedad uruguaya está subsidiando una política pública, y que esa política pública requiere compromiso y obligaciones de los usuarios de la tierra”, agregó Gómez.
También puntualizó que tanto la posibilidad de arrendar como de ser propietario de la tierra están previstas por la Ley de Colonización. Según explicó, se han impulsado políticas de arrendamientos porque tanto el de los asalariados como el de los productores familiares son sectores con mayor vulneración, que requieren una política subsidiada por el Estado. “Los productores que tienen dinero pueden acceder al resto de los miles de millones de hectáreas que no tenemos, porque en realidad el INC tiene 4% de la superficie total del país. Entonces el resto son tierras que cualquier productor capitalizado puede comprar. No tienen por qué tener una política de subsidio ni siquiera en la compra”.
Las multas son el instrumento que tiene el INC para hacer que los colonos cumplan con las obligaciones y evitar que se repitan infracciones. Gómez explicó que desde la dictadura hasta 2004 el INC perdió 21.000 hectáreas de patrimonio que se vendieron a personas con la capacidad de acceder a tierras por medio del mercado y que no tenían el perfil que debe poseer un colono. “La ley establece con claridad que si tú sos propietario tenés un conjunto de obligaciones. El problema es cuando las tierras se vendieron a los médicos, a los abogados, a los cargos políticos, que están en otro lugar haciendo otra cosa. Si tenés un millón de dólares para comprar una tierra, no sos el perfil de los personas a las que adjudicamos un llamado abierto”, ilustró.
Gómez también explicó que las tierras que son arrendadas no pueden ser heredadas porque sólo se transfieren a los hijos si estos cumplen con la condición de colonos. “Las tierras de colonización no son hereditarias”, afirmó, y dijo que en el caso de los colonos propietarios, si sus sucesores “no tienen perfil colono van a tener que vender esta tierra, y si los que se presentan al llamado tampoco tienen perfil colono lo compra el INC”.
Una definición política
La definición de modificar la Ley de Colonización fue anunciada por Uriarte, pero en los documentos programáticos que circularon antes de las elecciones ya existían indicios de que la oposición quería avanzar en el cambio de esta política. Por ejemplo, en el acuerdo celebrado por todos los partidos de la “coalición multicolor” figuraba escuetamente la intención de “adecuar el INC a las necesidades actuales”.
En el programa del Partido Nacional se desarrollaban algunas propuestas en esta línea. Una de las acciones a impulsar era revisar el régimen jurídico de colonos propietarios, especialmente de las obligaciones impuestas por la Ley de Colonización. Otra propuesta era crear las normas y los mecanismos para que el colono arrendatario pueda “adquirir la fracción que arrienda con las facilidades previstas”.
Para Gómez no se trata de cambiar la ley, sino de explicitar qué es lo que se quiere lograr con esta herramienta. La presidenta del INC entiende que el instituto debe continuar con la compra de tierras, los llamados abiertos, los procesos de adjudicación en arrendamiento, impulsando la producción familiar y favoreciendo a los asalariados rurales. “Es indudable que si el sector que van a priorizar es otro, se harán otras cosas, pero la sociedad uruguaya tiene que saber en qué sectores se ponen los subsidios y a qué sectores se va a priorizar”.
Según dijo, durante los gobiernos del Frente Amplio el énfasis ha estado en los sectores con dificultades para acceder a la tierra: “Según el censo de 2011, hay 9% de explotaciones que ocupan 60% de la superficie. El proceso de concentración de la tierra está ahí. 56% de las explotaciones tienen 5% de la superficie. Nosotros tenemos que trabajar sobre ese otro sector. Hoy la realidad nos dice que las 3.000 familias que ingresaron a las tierras del instituto por medio de los llamados abiertos son productores familiares y asalariados rurales, gente que si no hubiese existido la política de colonización no hubiera accedido nunca a la tierra. Esa fue nuestra definición política”.