Mediante un comunicado, la Intergremial de Judiciales denunció la negativa de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a recibir una delegación sindical de trabajadores del Poder Judicial, y que la corporación devolverá dos millones de dólares a rentas generales, cuando existen “créditos presupuestales no ejecutados”, “servicios afectados por la falta de recursos”, vacantes y carencias edilicias.
Con respecto a los créditos presupuestales no ejecutados, “el Poder Judicial no llena la vacante de trabajadores, y eso genera un montón de dinero que el Poder Judicial no está ejecutando bien”, afirmó Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. La falta de trabajadores genera, según Elizalde, que quienes cumplen sus funciones tienen que asumir “más tareas de las que realmente le corresponden y eso impacta en la salud de los trabajadores y en que todos los procesos de justicia se ven degradados”.
Entre los servicios afectados, la intergremial destaca la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer basada en Género, la prevención de situaciones de violencia doméstica y la Defensoría Pública. Elizalde sostuvo que las denuncias de violencia de género “no se están atendiendo como corresponde”. Planteó que en reiteradas ocasiones se han dirigido a la SCJ para hablar sobre los diversos puntos de la denuncia, pero “sistemáticamente [la respuesta] es una negativa o una evasión”. La intergremial, compuesta por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay y la Asociación de Informáticos Judiciales, dará una conferencia el viernes para exponer detalles sobre las denuncias. En principio planean una “intervención” frente a la sede de la SCJ, pero aún lo están evaluando, afirmó Elizalde.