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Mirtha Guianze (archivo).

Foto: Pablo Vignali

Amenazados por el “Comando Barneix” presentaron denuncia ante la CIDH

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El grupo de activistas y abogados alega falta de “voluntad real” para esclarecer los hechos.

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A dos años de las amenazas de muerte del llamado “comando Barneix” a 13 personas, que incluyen a ex autoridades, operadores de justicia y defensores de los derechos humanos, las víctimas presentaron el 12 de febrero, junto al Observatorio Luz Ibarburu, una denuncia contra el Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “debido a la falta de investigación de ese delito”, según informaron en un comunicado.

Los abogados Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoñia, Juan Errandonea y Juan Fagúndez; la ex fiscal Mirtha Guianze, ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos; la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera; el activista brasileño Jair Krischke; el jurista francés Louis Joinet y la investigadora italiana Francesca Lessa firmaron la denuncia. Alegaron que han sido vulnerados sus derechos a la integridad y la libertad personales, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y el derecho a la protección judicial, así como la obligación estatal de respetar los derechos. Sostienen que la investigación avanza con “suma lentitud” y que perciben una falta de “voluntad real” de esclarecer los hechos.

“Vinculamos la amenaza y la falta de investigación en nuestro caso con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país”, plantean los denunciantes. Recuerdan que en marzo de 2017 la CIDH condenó esas amenazas y “urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia”, pero que “nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido”. Agregan que denunciaron la falta de avances en una carta abierta al presidente Tabaré Vázquez, el 29 de enero de 2018, pero que aún no han recibido ninguna respuesta.

Los estados deben investigar con seriedad todas las amenazas, pero tienen “una obligación reforzada” ante las dirigidas a operadores de justicia y defensores de derechos humanos, porque en ese caso el delito tiene “un impacto evidente” en la función que ejercen, concluye el comunicado.

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