Son nueve los procedimientos de contratación con los que cuenta el Estado uruguayo para adquirir bienes y servicios: licitación pública, licitación abreviada, compra directa, compra por excepción, pregón, subasta, convenios marco, procedimientos de contratación especial y arrendamiento. Cada uno tiene distintas etapas y alcanza distintos montos. Por ejemplo, los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadística para 2019 establecen un máximo de 471.000 pesos para la compra directa común y de 1.412.000 pesos (43.320 dólares, en valores actuales) para la compra directa ampliada. Por otro lado, una licitación abreviada alcanza un máximo de 9.416.000 pesos (288.882 dólares) y la licitación abreviada ampliada, un máximo de 56.496.000 pesos (1.733.297 dólares).
El mecanismo más utilizado por los organismos es la compra directa, cuyo uso ha venido creciendo: se pasó de 42.337 compras directas en 2015 a 57.785 en 2017, de acuerdo con la información recopilada por la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales. El segundo lugar lo ocupan las licitaciones abreviadas, que llegaron a 3.947 en 2017. Le siguieron las compras por excepción (2.845) y las licitaciones públicas (572).
Que este mecanismo sea el más utilizado no es necesariamente una buena noticia. Las compras directas fueron diseñadas para aliviar la presión burocrática de los gobiernos en compras de materiales y servicios de poca envergadura, cotidianos y en casos de urgencia. Sin embargo, este alivio se vuelve tentador como para utilizar de forma recurrente este mecanismo. La falta de competitividad es uno de los principales argumentos en contra del abuso de las contrataciones directas, lo que puede repercutir en un mayor gasto de los organismos públicos.
Veamos un ejemplo: las sillas giratorias de oficina. Si bien hay muchos tipos y modelos, el catálogo de artículos de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado asigna el código 3.756 al tipo “silla giratoria de oficina tipo ejecutivo”. Esta codificación permite hacer comparaciones tomando en cuenta siempre el mismo producto. Las sillas giratorias son uno de los elementos más comunes en las oficinas; en 2017 se compraron 831. Las más económicas costaron 982 pesos,(*) en una compra de cinco ejemplares hecha por la Jefatura de Policía de Artigas, y la más cara, 487,91 dólares, comprada por la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca a Tecnomadera. En ambos casos, las adquisiciones se hicieron por medio de compras directas.
De hecho, básicamente fueron dos los mecanismos utilizados para comprar este artículo: la compra directa y la licitación abreviada. La primera fue la que se utilizó en la mayoría de los casos y en promedio fue más cara, por compra directa cada silla costó en promedio 4.856 pesos y por licitaciones abreviadas el valor medio de dicho producto fue de 3.187 pesos. Hubo, además, dos compras únicas de este tipo de silla por medio de otros procedimientos: una compra por excepción a 198 dólares de una única silla y una licitación pública por la que se adquirieron 30 a un valor de 94 dólares cada una (2.743 pesos), además de otros ocho productos (bibliotecas, escritorio, otras sillas, etcétera).
Un argumento a favor de la compra directa podría ser que es el procedimiento que más se ajusta para pequeñas cantidades, como la compra de una única silla. Pero cuando se encuentran compras directas por 20, 25 o hasta 54 artículos iguales es deseable que no se aplique este mecanismo y que se apueste a procedimientos más transparentes, ya que la apertura a ofertas conlleva una disminución de los costos.
En 2017, el gasto total en sillas de este estilo fue de 2.799.820 pesos por los 831 ejemplares que se adquirieron, lo que significa que en promedio se pagaron 3.369 pesos por cada una. Ahora, si las 831 sillas se hubiesen comprado por 2.743 pesos, el valor promedio de la única licitación pública por la cual se compró ese tipo de sillas, se habrían ahorrado 519.672 pesos, 18,5% del gasto total.
En definitiva, el tema de las sillas no es más que un ejemplo muy simple. Es posible que no sea generalizable al universo de artículos y servicios que adquieren los organismos públicos. Aun así, las alertas respecto de la sobreutilización del mecanismo de compra directa no es algo nuevo, sino que se ha vuelto una tendencia en nuestro país y otros de la región. En épocas en las que el gasto público está en permanente escrutinio, tal vez sea importante hacer un análisis en esta dirección.
(*) Ninguno de los valores expresados en esta nota incluye IVA.