El planteo de trabajo “obligatorio” en los establecimientos penitenciarios y la “escasa perspectiva de género” del proyecto de ley de “organización del sistema penitenciario nacional”, a estudio en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, son algunos de los temas que la bancada del Frente Amplio (FA) comenzará a discutir en un grupo de trabajo a partir de la semana que viene. La votación de este proyecto, promovido por el Poder Ejecutivo y que traslada el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) al área del Ministerio de Educación y Cultura como servicio descentralizado, había sido postergada en este cuerpo parlamentario el miércoles a pedido del oficialismo.
El miércoles la comisión recibió a la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad, que cuestionó la falta de perspectiva de género de la iniciativa. Este grupo es integrado por representantes de las propias mujeres privadas de libertad, la Universidad de la República, la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario y varias organizaciones de la sociedad civil. La delegación entregó un documento con aportes para el tratamiento del proyecto, en el que se observa que el artículo 75 “considera las actividades laborales como un deber para las penadas y supone la pérdida de beneficios en caso de rehusarse a trabajar”. El texto del Ejecutivo establece que, para quienes están privados de libertad, el trabajo es una “obligación conforme a sus aptitudes físicas y mentales”, y que “quien se rehusare a integrarse a dicha actividad será pasible de la pérdida de los beneficios que consagra la presente ley”. La Mesa expresó también preocupación porque se establece “explícitamente que las actividades laborales dentro de la prisión no estarán reguladas por el régimen laboral de derecho común”, ya que tampoco se prevén “aspectos vinculados a la seguridad social laboral como jubilaciones, licencias por maternidad, asignaciones familiares, regulación de las remuneraciones”.
Otro punto muy cuestionado por la Mesa es el artículo que baja la edad de permanencia en establecimientos penitenciarios de los hijos de presas dos años. Hasta el momento los niños pueden quedarse hasta los cuatro años, y en situaciones excepcionales, hasta los ocho. El grupo considera que el cambio propuesto es “altamente riesgoso”, y señala además que existe un “vacío sobre la situación de las mujeres embarazadas” en temas como salud, traslados y “consideraciones de seguridad”, para lo cual se deberían prever “protocolos específicos”.
El diputado oficialista Pablo González (lista 711) expresó que varios de los cuestionamientos realizados por la Mesa son atendibles, y que por eso el tema será estudiado en un grupo de trabajo abierto de la bancada. Según dijo a la diaria, González es partidario de discutir, por ejemplo, acerca de hasta qué edad los hijos podrán permanecer con sus madres en los establecimientos.
Varios legisladores de la comisión explicaron a la diaria que hay distintas opiniones en la bancada oficialista acerca del artículo 75: hay quienes piensan que sería mejor modificarlo, y otros que pretenden aprobarlo con la actual redacción. Para González se trata de un artículo “sumamente rígido” que no contempla algunas situaciones. por ejemplo qué pasaría con las mujeres embarazadas si se establece la disyuntiva de trabajar o perder beneficios.