A mediados de febrero, el senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou anunció por redes sociales su intención de impulsar una comisión investigadora para poner el foco en presuntas irregularidades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En línea con esa postura, la diputada Gloria Rodríguez, también del Partido Nacional (PN) y del sector Todos, que Lacalle Pou lidera, decidió convocar a la ministra Marina Arismendi a la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, para que brinde información sobre los bienes que fueron donados al Instituto General Artigas, un centro de rehabilitación para personas ciegas.
Rodríguez dijo a la diaria que cuando ella misma interpeló a Arismendi en 2016, debido a que el Mides quería trasladar el Centro Tiburcio Cachón al Instituto General Artigas, el principal argumento esgrimido por la ministra fue el del costo. Luego de varias solicitudes de informes, la oposición decidió hacer un pedido de acceso a la información pública y, ante la falta de respuesta, optó por concurrir a la Justicia. Ante la demanda, el Mides informó que el Instituto Artigas cuenta con 25 padrones donados. “Se nos informa que estos bienes continúan siendo administrados por el Mides a noviembre de 2018, pero no se detalla cuáles son sus rentas, en qué estados se encuentran los inmuebles, para qué se utilizan. Esto muestra que no existen razones que justifiquen el cierre del Cachón, porque los recursos económicos existen y fueron donados por particulares en beneficio de las personas ciegas. Esa fue la voluntad de quienes donaron, se tiene que respetar”, sostuvo la diputada.
La bancada del Frente Amplio (FA) se reunirá con Arismendi este miércoles para considerar los pasos a seguir. De todos modos, varios legisladores frenteamplistas opinan que tanto esta convocatoria como la propuesta de Lacalle Pou de instalar una comisión investigadora tienen como objetivo perjudicar la imagen del Mides. Así lo expresó el diputado Gerardo Núñez, del Partido Comunista (PCU), quien añadió que se trata de “desprestigiar” a las políticas sociales en general. “Esto tiene que ver con un aspecto discursivo de la oposición que no es nuevo”, manifestó el legislador. Con este planteo, la oposición –a juicio de Núñez– podría “justificar las propuestas programáticas y los eventuales recortes del gasto social, en caso de ganar el gobierno”.
En la misma línea opinó el senador Juan Castillo, también del PCU, quien aseguró que el oficialismo ya preveía que cuando se agotara el “circo” de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y la oposición “fracasara en su objetivo”, insistiría contra el Mides. “El objetivo de la oposición, pero particularmente del PN, es poner eso en el centro del debate, y que el conjunto de los compatriotas uruguayos terminen haciendo el análisis simplista de pensar: ‘Son todos iguales’”. Para Castillo, Lacalle Pou dio a sus correligionarios la señal de que el Mides debía estar en el tapete mediático y “de inmediato salieron todos a hacerle los mandados. De hecho, se pechan para ver cuál es el mejor alumno, a los efectos de colocar más y más denuncias”.
Pedir información y convocar jerarcas al Parlamento es parte del “juego democrático”, pero lo más conveniente sería “no desprestigiar tanto a la política y a la gestión”, opinó Castillo. “Cualquier sector puede solicitar información y las autoridades deben rendir cuentas, pero, mientras tanto, a la oposición le sirve ir instalando la duda de que este gobierno está bajo un manto de sospecha”, comentó.
Para el diputado Roberto Chiazzaro, del Partido Socialista, una de las principales tareas de la oposición es ir verificando la marcha del gobierno. “Más allá de que puede existir un legítimo interés, no me cabe duda de que la oposición está explorando este camino como un tema electoral. El Mides ha sido una bandera del FA y no me cabe ninguna duda de que la oposición está buscando fallas, inventándolas o exagerándolas”.
En tanto, la diputada nacionalista Graciela Bianchi, también de Todos, sostuvo que tanto el Ministerio de Educación y Cultura como el Mides son las carteras “donde existe la mayor discrecionalidad”. Relató que cuando convocó a Arismendi a la Comisión de Población y Desarrollo de la cámara baja, la contadora del Mides “dijo que ellos sabían que tenían resoluciones que eran irregulares, pero que a ellos no les importaba y reiteraban el gasto. Incluso, el responsable del Sistema Nacional de Cuidados, Julio Bango, me llegó a decir que entre un niño que tiene hambre y una irregularidad eligen la irregularidad”. También el diputado Gustavo Penadés, de la lista 71 (que apoya la precandidatura de Lacalle Pou), opinó al respecto. Aseguró que la oposición mira con “preocupación”, desde hace ya mucho tiempo, el nivel de asignación presupuestal que tiene el Mides y su relación con las organizaciones no gubernamentales, que no le “queda del todo clara”. Para el legislador, en el Mides no existe solamente “opacidad”, sino que tiene una relación con el “aparato” del FA de tipo “político-clientelística”, y que eso es lo que se proponen investigar en la cámara baja.