En medio del conflicto que los trabajadores de ANCAP sostienen con la administración del ente energético desde el jueves, el presidente de la Federación ANCAP (FANCAP), Gerardo Rodríguez, advirtió que el directorio analiza la posibilidad de cerrar las plantas de distribución de combustible de Treinta y Tres y Durazno con motivo de la construcción del Ferrocarril Central.
Rodríguez afirmó a la diaria que detrás de este hecho, la presidenta del ente, Marta Jara, tiene la voluntad de “reestructurar la logística de ANCAP” y “desmantelar todas las plantas en el interior”. Apuntó que Jara le comunicó a los trabajadores su postura “hace un tiempo”, pero esta no prosperó por el escaso apoyo de los integrantes del directorio. Sin embargo, para el sindicalista “con la construcción del Ferrocarril Central aparece una oportunidad para Jara de cerrar [dos plantas] y ocultar detrás de este hecho circunstancial un objetivo que tiene un cometido superior”: la voluntad de la presidenta de acortar las responsabilidades y gastos de ANCAP y privatizar la distribución primaria y secundaria del combustible, explicó Rodríguez. Esas plantas, agregó el dirigente, se abastecen de combustible por medio de trenes, que quedarían en desuso durante los tres años que durará la obra.
“[Tras el] conflicto con la Unión de Transportistas de Combustibles, ANCAP resolvió habilitar una mayor cantidad de camiones para que hagan el transporte terrestre [de combustible]. Hasta ese momento habían 220 camiones habilitados, pero esa cantidad se liberó. Indudablemente, detrás de esta idea de cerrar las plantas hay una voluntad de pasar todo lo que tiene que ver con distribución primaria y secundaria a actores privados”, aseveró Rodríguez.
El sindicalista contó que tras recibir la noticia de cerrar las plantas de parte de Jara y el gerente general de la empresa estatal, Ignacio Horvath, mantuvo un intercambio con los representantes del Frente Amplio en ANCAP y estos le manifestaron que “no se van a tocar las plantas” y que “en un año electoral ni soñara que se podía cerrar una plata”. Pero para Rodríguez, estos comentarios son “igual de graves”, porque parten de la premisa de que “después de las elecciones se podría transitar ese camino de desmantelamiento”.
Los trabajadores se mantienen en conflicto por la decisión del directorio de recortar y en algunos casos eliminar cerca de 31 compensaciones laborales, y de reducir 30% un beneficio acordado por un accidente ocurrido el año pasado, a raíz del cual perdió la vida un trabajador.