El sábado, el diario El Observador publicó que el ex militar José Nino Gavazzo admitió ante un Tribunal de Honor del Ejército que en marzo de 1973 arrojó al río Negro el cadáver del tupamaro Roberto Gomensoro para hacerlo desaparecer, según consta en actas de ese organismo. Jorge Pajarito Silveira, también ex militar, declaró ante el mismo tribunal que Gavazzo fue el responsable de la muerte de Gomensoro. La nota señaló que, sin embargo, siete generales del Ejército –tres del mencionado tribunal, que incluyó al actual comandante en jefe del Ejército, José González; tres del que entendió en la apelación el entonces comandante, Guido Manini Ríos– concluyeron que los acusados no afectaron el honor del Ejército ni el propio con los crímenes por los que fueron condenados en 2009 (28 homicidios especialmente agravados), sino solamente “por haber permitido que el coronel Juan Carlos Gómez permaneciera tres años preso por el asesinato de Gomensoro, siendo que ellos sabían que era inocente”.
Esa nota, del periodista Leonardo Haberkorn, agitó las aguas en el Frente Amplio (FA). El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista del Uruguay (PCU) emitió ayer un comunicado en el que expresó su rechazo “a las afirmaciones irresponsables del general Guido Manini Ríos, defendiendo torturadores, asesinos, violadores y desaparecedores confesos”, cuando, al informar sobre los fallos al presidente Tabaré Vázquez, criticó la actuación del Poder Judicial con los militares acusados por el terrorismo de Estado, aunque “sabía que Gavazzo confesó este crimen”. También reafirmó su “absoluto respaldo” a la destitución de Manini por tales críticas, dispuesta por Vázquez el 12 de marzo. Además, el PCU quiere impulsar en el FA y en el gobierno “el análisis de la actuación” de González en el Tribunal de Honor, y adelantó que propone su destitución, “por considerar su actuación incompatible con tal responsabilidad por su falta de compromiso democrático”, además de “reafirmar la necesidad de una democratización real de las Fuerzas Armadas [FFAA] y terminar con la cultura de la impunidad”.
Gerardo Núñez, diputado del PCU, dijo a la diaria que de lo publicado se desprende que en el tribunal hubo “una forma muy distinta de interpretar qué es el honor”, ante confesiones “muy graves” sobre “asesinatos y desapariciones de personas”, por lo cual González, máxima autoridad del Ejército, “tendría que expresarse de manera clara” al respecto. Sostuvo también que el contenido de las actas “no podía haber quedado solapado”, y que es “por lo menos llamativo” que a los integrantes de Tribunal de Honor “no les llamara la atención”. “Tiene que ver con que son parte de la impunidad, son parte de quienes han defendido la tortura y la muerte, y entienden que eso que sucedió en Uruguay está bien y no lesiona el honor del Ejército. Pero en este caso obviamente lo lesiona y lo perjudica”, enfatizó.
Núñez agregó que el testimonio de Gavazzo merece “indignación”, “rechazo” y “el pase a la Justicia”, y que el FA “tiene que ser mucho más autocrítico” acerca de su actitud ante las FFAA, ya que no ha podido producir en su seno “un proceso democratizador para extirpar las espinas enteras del fascismo que aún existen en sus estructuras”, dado que “hay una parte muy importante de la oficialidad”, incluyendo a “aquellos que están en condiciones de asumir las máximas responsabilidades”, que “está comprometida con la impunidad”.
El también diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria de Pueblo, consideró “indignante”, en su cuenta de Twitter, que González haya integrado el tribunal de “honor” que “justificó y avaló los brutales crímenes de la dictadura ejecutados por Gavazzo y sus secuaces”. Por lo tanto, afirmó, “en nombre de la democracia, debe ser destituido ya”.
Enrique Rubio, dirigente de la Vertiente Artiguista, dijo a la diaria que el FA debe “analizar” la “situación” de González y enviar el contenido de las actas a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, “para ver si hay eventuales responsabilidades penales”. Por otro lado, dijo que le resulta “sorprendente” el “silencio de la mayor parte de la oposición” sobre esta situación, que “erosiona la institucionalidad democrática”, y opinó que si el Tribunal de Honor considera que lo relatado por Gavazzo no afectó el honor de las FFAA, eso indica que “la cultura de la impunidad está lejos de haber sido erradicada”.
Algunos de los precandidatos del FA también se expresaron en Twitter a raíz de la publicación del testimonio de Gavazzo. Óscar Andrade dijo que “no puede seguir en funciones un comandante en jefe que avala las monstruosidades que se confesaron en el Tribunal de Honor”, y que “es impostergable la democratización de las FFAA”. Mario Bergara afirmó que “queda al desnudo que se volvió a mentir a la ciudadanía, haciendo un daño enorme a las FFAA”, y que “la remoción de los generales actuantes, el pase a la Justicia de estas revelaciones y una franca discusión sobre una nueva ley orgánica militar son pasos ineludibles”.
Encubrimiento
Según el artículo 197 del Código Penal, quien ayude a “los autores, coautores o cómplices” de un delito “a estorbar las investigaciones de las autoridades, a sustraerse a la persecución de la Justicia o a eludir su castigo”, así como quien suprima u oculte los indicios de un delito, “será castigado con pena de tres meses de prisión a diez años de penitenciaría”.