Con urgencia, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado comenzó a discutir el proyecto de ley de antiterrorismo, enviado por el Poder Ejecutivo a fines de 2016, con el objetivo de poner a tiro al país en esta materia y aprobarlo la semana próxima. Lo que motivó la prisa de su tratamiento es la visita, prevista para mayo, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que se encargará de evaluar si Uruguay adoptó medidas para no integrar la lista de “países no cooperantes” en la lucha contra el terrorismo.
En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo planteó que, ante el crecimiento de esta práctica a nivel mundial, el país necesita contar con una herramienta jurídica “robusta” para su combate. El gobierno sostuvo que los grupos terroristas van “modificando sus métodos de organización y funcionamiento”, y se aprovechan de la “existencia de zonas que escapan al control” del Estado, recurriendo a tecnologías “modernas” para “aumentar el impacto de sus atentados”.
Según el gobierno, el país tiene que “hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva”. Con la aprobación de esta iniciativa, el Poder Ejecutivo busca cumplir con las obligaciones adquiridas con el Comité contra el Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el GAFI.
En 2014, según consta en el proyecto, el Consejo de Seguridad de la ONU solicitó a los países que adapten sus marcos legislativos internos para tipificar “delitos graves” que permitan “enjuiciar y sancionar” las “conductas terroristas”. Varios organismos internacionales observaron a Uruguay por no exigir a las instituciones financieras el “bloqueo de activo de personas o entidades incluidas en las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU” y por no contar con un procedimiento para implementar sanciones financieras recomendadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. El Poder Ejecutivo advirtió que si se lleva a cabo la adecuación normativa disminuirán las posibilidades de que el GAFI incluya a Uruguay en la lista de países “no cooperantes”.
La iniciativa original contaba con 11 capítulos, entre los que se encontraban los referidos a los delitos, la aplicación de listas de sanciones a personas y medidas cautelares, entre otros. Sin embargo, la bancada del oficialismo presentó un nuevo proyecto con una serie de modificaciones. El principal cambio es la eliminación del capítulo penal, contó a la diaria el senador del Frente Amplio (FA) Marcos Otheguy. Con un margen acotado para una discusión en profundidad, los legisladores de la coalición de izquierda optaron por solicitar que el martes comparezcan la cancillería y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, y votar el jueves la iniciativa en el plenario.
“Hay voluntad política de darle un trámite rápido el proyecto. No hubo posiciones discordantes con respecto a tratarlo el jueves. El FA planteó sacarle el capítulo penal, porque tiene que ser consistente con el sistema penal uruguayo. Ese es un trabajo bastante más fino y no nos daría el tiempo para estudiarlo en profundidad”, dijo el senador.
Si bien el senador colorado Pedro Bordaberry planteó en comisión que lo ideal sería que el capítulo penal estuviera incorporado, los legisladores oficialistas temen que eso demore la aprobación del proyecto. El senador del Partido Independiente Pablo Mieres pidió más tiempo para estudiar la iniciativa. En diálogo con la diaria, explicó que lo que debe quedar claro es si el Poder Ejecutivo entiende que se cumplirá con lo estipulado por el GAFI si se hacen las modificaciones.
En tanto, Javier García, senador del Partido Nacional (PN), cuestionó el accionar del gobierno y de la bancada respecto del proyecto de ley. Si bien el legislador no integra la comisión, relató que hace “tres años” que plantea que el proyecto ingrese a la Comisión de Defensa, que actualmente preside, para darle un trámite más rápido. “Teníamos la agenda libre para tratarlo, pero el FA no quiso. En su momento dije que teníamos que tomarlo como una política de Estado y que el PN estaba dispuesto a contribuir, pero el gobierno, como siempre, llega tarde y mal”, dijo. De todos modos, el senador blanco sostuvo que en filas blancas están dispuestos a votar el proyecto, aunque advirtió que eso no implica dejar de incorporarle algunas mejoras.