El fiscal Ricardo Perciballe, especializado en delitos de lesa humanidad, consideró que de las declaraciones de José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente ante el Tribunal de Honor del Ejército surge información “importante”, que puede servir para corroborar hechos en distintas causas, y sobre todo para analizar la operativa militar, los centros de detención y las diversas acciones represivas. “Más o menos se tenía idea de esas cosas, pero el hecho de que lo diga un oficial del Ejército siempre aporta”, expresó. Perciballe decidió enviar esa información a varios juzgados, para que sea analizada en el conjunto de investigaciones en marcha.
En el expediente, de 702 páginas, Gavazzo se refiere a varios viajes suyos a Argentina en el marco de operaciones militares, e incluso al centro de detención clandestino “Automotores Orletti” como el lugar donde trabajaba. Dice que “Organizaciones Tácticas número 18 [...] era el nombre de la base donde trabajábamos nosotros, que todos los que nos acusan la mencionan como Orletti, ¿verdad? Orletti le pusieron ellos, porque antes era un taller mecánico que se llamaba así, pero el nombre oficial de ese lugar era OT 18” (en realidad, el nombre era “Operaciones Tácticas 18”). También cuenta que lideró interrogatorios en Tacuarembó y en Rocha.
Cuando le preguntaron si sabía de algún detenido que hubiera muerto al ser interrogado, dijo que no, pero habló sobre el caso del tupamaro Roberto Gomensoro, en 1973. Su versión fue que él ordenó que lo dejaran esposado con custodia en una silla por la noche, y que al otro día “había fallecido”, aunque aclaró que no fue eso lo que declaró ante la Justicia. También negó la existencia del llamado “segundo vuelo” (el traslado desde Argentina a Uruguay, el 5 de octubre de 1976, de una veintena de uruguayos que siguen desaparecidos), con el argumento de que en Argentina se usaban otros “métodos”: “Si nosotros hubiéramos tenido la necesidad militar o fuésemos unos sádicos, que los queríamos matar, los matábamos allá, pero no los traíamos a Uruguay a matarlos acá”.
Silveira dijo que en 2005 les plantearon a él y otros represores que si aparecían los “huesitos del caso Gelman” se resolvía “todo el tema de los derechos humanos”, y que tenían el dato de que “[José Ricardo] Arab podía saber algo”, por lo que organizó reuniones con Gavazzo, Arab, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Gilberto Vázquez y Ernesto Ramas. Rodríguez Buratti contó –según Silveira– que se dirigieron hasta el Batallón Nº 14 con Arab, y que cuando llegaron “había unos árboles nuevitos” y estaban los también represores “[José] Sande y [Ricardo José] Medina haciendo un pozo”. También dijo que Gavazzo dio la orden para que llevaran allí el cuerpo de María Claudia García de Gelman, y que el coronel Alfredo Lamy estuvo a cargo de la “operación zanahoria” (desenterrar cuerpos de detenidos desaparecidos y trasladarlos a otros lugares), pero que no exhumó los restos de García.
El abogado Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, dijo a la diaria que Gavazzo, Arab, Vázquez, Silveira y Medina están condenados por el caso Gelman y que la única “novedad” podría ser una eventual responsabilidad de Sande, condenado por el caso Orletti. Comentó que las actas dan cuenta de “conflictos interpersonales” entre represores que tampoco son nuevos, y que no considera “que se haya roto un pacto de silencio, porque para decir que pasó eso tendría que haber elementos útiles para el avance de las causas, sostenidos ante un juez letrado, cosa que no ha ocurrido”.