La jueza Elsa Montín, de Canelones, resolvió el jueves 11 de abril que se le retiraran a José Nino Gavazzo la tobillera electrónica y la custodia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), atendiendo a razones médicas planteadas por la defensa de ese teniente coronel en situación de reforma, condenado por crímenes del terrorismo de Estado. Al conocer esa decisión, el fiscal Ricardo Perciballe, especializado en delitos de lesa humanidad, presentó el viernes 12 ante Montín un recurso de reposición y apelación, que deja en suspenso lo dispuesto.
En diálogo con la diaria, Perciballe sostuvo que la resolución de la jueza tiene una extensión “mínima” y no explica por qué hace lugar a los requerimientos de la defensa. “Lo único que dice es que se basa en informes médicos”, señaló. En el escrito que presentó el fiscal se establece que esa decisión “causa agravios” a “la sociedad toda”, que “en estos días pudo acceder atónitamente a la crudeza de los testimonios brindados por [Gavazzo] y [Jorge Pajarito Silveira] ante un Tribunal de Honor del Ejército”.
Por otra parte, Perciballe afirma que los informes médicos consignan que Gavazzo está enfermo, pero que “ninguno establece, sugiere o recomienda que se deba retirar la tobillera”, y que “los supuestos problemas con OSLA” planteados por la defensa “no fueron constatados”. Sobre esto último, el fiscal apuntó que si, además de la tobillera, se le retirara la custodia a Gavazzo, que cumple prisión domiciliaria, este podría “hacer lo quiera”, porque “no hay un control del juzgado sobre los lugares a los que pueda ir”, y además existiría un “peligro de fuga”.
Ante la presentación del recurso, el cumplimiento de la resolución de la jueza queda suspendido hasta que ella tome una decisión final, y si Montín decidiera ratificar lo que dispuso en abril, la última palabra le corresponderá a un tribunal de apelaciones.
Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo a la diaria que la decisión de la jueza es “realmente inconcebible” e “indignante”, y opinó que “en estos temas la Justicia arrastra los pies cada vez más”. Óscar Urtasun, que forma parte de la misma organización, también criticó la actuación del sistema judicial en procesos por delitos de lesa humanidad. “Es lo más triste que tenemos en estos momentos”, dijo a este medio, y añadió que parece “irreal” que “delincuentes como Gavazzo y Silveira” reciban beneficios como el concedido por Montín.
Caso Gomensoro
Por otra parte, Perciballe había pedido la reapertura del proceso por el homicidio de Roberto Gomensoro, dado que Gavazzo confesó ante el Tribunal de Honor que arrojó su cadáver al río Negro. La jueza de Paso de Los Toros decidió no reabrir el caso, y el fiscal señaló que si bien no accedió a su solicitud, tampoco se respondió con una negativa, sino que se le solicitó que aclarara “los fundamentos de derecho” en los que se basa. Perciballe opinó que eso no debería ser necesario, “porque el juez tiene que conocer el derecho”, pero de todos modos envió ayer al juzgado de Paso de Los Toros un documento “extenso” en el que argumenta sobre “el derecho de las víctimas a la verdad y la tutela judicial, la obligación del Estado a la persecución del delito, y un montón de otros temas jurídicos más que hacen a que se reabra el caso”, además de plantear “varias medidas” vinculadas con su solicitud, que antes no había incluido en esta.