Para Enrique Antía, precandidato por el sector Mejor País e intendente de Maldonado, “la interna va a ser interesante”, porque ninguno de los precandidatos tendrá los votos necesarios para resolver la elección. “Quien gane tiene que sacar más de 10% que los demás y arriba de 40%. Creo que eso no se va a poder pasar, algo que le hace mucho bien al partido”. Según el jerarca, esto permite una mayor “competencia”, lo que produce “una gran militancia, motiva y saca lo mejor de cada uno de nosotros”.
Varios precandidatos del Partido Nacional (PN) sostienen que es más importante la gestión que las ideas. ¿Qué piensa de esto?
El Estado en algunas cosas no es un buen gestor, pero en otras tiene que actuar. En mi departamento tengo una gestión fuerte del Estado y una gestión fuerte de los privados. Hay áreas que uno no las puede dejar de hacer.
¿Opina que la gestión no debe tener ideología?
El Estado es ineficiente en la gestión del área social. Si se recorre el país hay millones de casos de excelencia en el uso de los recursos por parte de ONG y gestores privados. Pueden ser grupos de diferente formación cristiana o no cristiana, ateos, musulmanes o judíos. El Estado sí tiene que estar apuntalando y trasfiriendo, pero el mejor uso de esos recursos siempre los hace la gestión privada, porque es más eficiente. El Estado debe tener un equilibrio.
Insisto: ¿es posible hacer política sin ideología?
No. ¿Hacer política liberal, abierta? No, uno tiene que creer en algo y tener un objetivo. Siempre se trabaja por ideas, en eso no hay vuelta.
¿Cuál es su objetivo, además de ganar las elecciones internas?
Nosotros formamos un grupo político profundamente nacionalista con raíces populares muy fuertes, progresistas de verdad, porque en nuestros departamentos estamos generando progreso y eso es un objetivo de trabajo de todos los días.
El progresismo suele estar asociado a la izquierda.
Pero en mi departamento la izquierda es antiprogreso, y el progresismo lo estamos haciendo nosotros. Tengo sobradas razones para decirlo. Ahora acabamos de aprobar una serie de medidas de desarrollo que generan trabajo, inversión y progreso. Tres ediles de la izquierda histórica intentaron impedir el progreso, y el pueblo los castigó.
¿A qué se refiere específicamente?
Al caso del hotel San Rafael. Todos los obreros fueron a defender el progreso. Los que estaban trabajando y los que esperaban el trabajo, y el pueblo de Maldonado igual. Se es progresista cuando se actúa en consecuencia. Progresista de boca hay muchos, pero de hechos de la realidad no tanto. Las ocupaciones en los lugares de trabajo son medidas retrógradas, no generan progreso, van en contra del crecimiento y de las oportunidades laborales. Sí estoy de acuerdo con el derecho de huelga y la ocupación justificada cuando la empresa hace abandono del país. Porque también, si uno deja suelto al sector privado es muy peligroso. Lo hemos visto, el Estado debe tener control.
¿Deja abierta la posibilidad de que la Convención no elija al candidato más votado?
La Convención siempre va a elegir al mejor candidato del partido. Si hay uno que me gana por 1% pero el resto del partido entiende que no es el mejor... No es el que gana gana, no hay ninguna norma que lo diga. Yo lo dije desde el primer día y algunos dirigentes discreparon. Si hay un candidato que tiene 35% y el partido piensan que no lo representa, tiene que elegir a alguien para ser una mejor competencia para el Frente Amplio [FA]. Nosotros no estamos convocando para ganar una interna, estamos convocando a la gente para ganar el gobierno. Estamos aportando a todos los uruguayos.
El FA cuestiona la gestión de algunas las intendencia porque entiende que existen irregularidades, por ejemplo, en el ingreso de funcionarios.
Yo tengo la misma cantidad de funcionarios que cuando entré, e hice concursos en diferentes áreas, que no tenían calificaciones por temas psicológicos ni nada por el estilo. Tengo un acuerdo de paz sindical con ADEOM [Asociación de Empleados y Obreros Municipales] firmado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ADEOM no es de mi partido y son los más duros en mi contra. Le estoy cambiando el perfil a la intendencia, porque hay más funcionarios de control, de obra, más maquinistas. La intendencia no tenía maquinistas, no tenía camiones, estaba fundida. Llamamos a concurso para camioneros y se presentaron 700; llamamos a peones y se presentaron 6.000, hemos aplicado el concurso en todos lados. En el presupuesto tengo aprobada una norma que me permite que, de 100 funcionarios que ingresan por concurso, usar 20% para tareas especiales, para encarar algunos temas puntuales. Fue una norma que apoyaron los alcaldes del FA, porque se comieron cada clavo… En sorteos anteriores entró gente inepta para el trabajo. No he usado ni la mitad de los cargos directos que tengo para nombrar. Cuando renuncie la intendencia va a quedar con algún funcionario menos, pero ofreciendo más servicios.
Los ediles del FA dicen que durante su administración el déficit creció; aseguran que pasó de 48 millones de dólares a 101 millones de dólares.
Yo recibí la intendencia con un déficit figurativo de 50 y pico de millones de dólares, pero el déficit real era de 93 millones de dólares. Fue algo reconocido por el Tribual de Cuentas, porque reconoce como déficit los compromisos de pago con empresas contratadas. Uno tiene que honrar los contratos, y yo pagué todo lo que se debía. En este momento el déficit llega a los 100 millones de dólares, pero hemos hecho una inversión millonaria en equipamiento, en recuperación de infraestructura, en caminaría, en el sistema de seguridad y en erradicación de asentamientos. Obras que si las sumamos superan 100 millones de dólares en inversión. Esa es la función de los gobernantes. La gente no come con la balanza de los contadores, la gente necesita resultados: que le levanten la basura, que les hagas un camino o que se recupere un parque. Maldonado en limpieza e higiene invierte fortunas, pero no encontrás ni un papel tirado, ni un basural. Los turistas se sorprenden porque no hay un pucho, los juntamos de a uno en la playa. Ese es el servicio que la gente nos exige. Cuando terminemos el gobierno, el año que viene, mi equipo va a dejar una administración con el mismo nivel de deuda que había cuando ingresamos, pero con una intendencia organizada y con mucha infraestructura recuperada.
Los ediles también denunciaron que un director de la intendencia pidió que una mujer militara para usted a cambio de boletos de ómnibus, ¿esto es así?
Lo tienen que probar. Bolazos en las redes hay muchos. Si alguien cometió alguna imprudencia la pagará, pero yo no me manejo por las cosas que se dicen.
¿Le parece que la demolición del hotel de San Rafael fue usada políticamente en su contra?
Es algo muy importante entender la obra en todo su contexto. El hotel estaba abandonado hacía 12 años, estaba hecho una cueva de ratas, pudriéndose porque el agua entraba por el techo. La dueña intentó venderlo 15 veces y no pudo. Lo que nosotros hicimos fue fijarle la reglas de juego para los que quisieran invertir. Esas reglas las votó todo el PN y una mayoría importante del FA, salvo tres ediles, y uno de los dos ediles del Partido Colorado [PC]. Entonces aparecieron ofertas de inversión, y cuando se empieza a trabajar, aquellos a los que nunca les importó que fuera una ruina aparecen diciendo: “Salvemos el patrimonio”. De lo que no se dieron cuenta fue que la condición era recuperar el lugar exactamente igual a como era antes, con los planos originales.
¿Hubo un manejo político?
Sí, me parece que hubo un intento político de poner el palo en la rueda.
¿Cómo tiene que encarar el próximo gobierno el tema de los derechos humanos?
El Estado siempre tiene que garantizar los derechos humanos de todos.
¿Pero los que se violaron en dictadura?
Tenemos que estar dispuestos a seguir escuchando y apoyando todos los intentos de búsqueda y prueba. Por supuesto que el Estado no puede violar los derechos humanos. En ese sentido hay que ser inflexibles. Hoy este gobierno los está violando. Los presos tienen derechos humanos violados. Hemos tenido observaciones en el mundo, estamos ausentes en la recuperación de los presos y en las condiciones en las que viven. Han muerto más presos en las cáceles en los últimos años que en toda la historia del país. Hay una violación de los derechos humanos, y como es un tema incómodo y difícil de resolver, se soslaya.
¿Qué le parece la propuesta para mejorar la seguridad del precandidato del PN Jorge Larrañaga?
En Maldonado hicimos algo diferente, a sabiendas de que teníamos un problema inmenso de seguridad. Plantemos una inversión pública porque teníamos que darle ayuda al gobierno en materia de tecnología para mejorar la seguridad.
¿Se puede extrapolar la experiencia de Maldonado al resto del país?
Sí, perfectamente. Hoy en Maldonado hay mejor resultado en la prevención, en la captura de delincuentes y en los procesamientos. Lo dicen los jueces, los policías y la población lo sabe.
¿Qué piensa sobre la agenda de derechos?
Ni un paso atrás en la agenda de derechos. Son leyes que están votadas y resueltas. Hay alguna cosa que ajustar, como la política de droga. Está demostrado por estadísticas que más de 20% de los jóvenes de entre 11 y 18 años, que son 40.000, están accediendo a la marihuana de manera no legal. Eso o sale de las bocas de pasta o de los clubes. Y si les agregamos los jóvenes que no estudian, porque este fue un censo hecho con jóvenes estudiantes, la cifra se va bastante más arriba de los 50.000. Tenemos que buscar algún ajuste para tener un mejor control. Hay que cambiar la comunicación. Hay una mescolanza que poco clarifica. Cuando se dice que hay yerba con marihuana se dice que es buena, pero el componente no es activo. El mensaje que se da lleva a que los que no entienden mucho crean que es todo bueno, y no se dice nada de lo malo de las sustancias psicotrópicas, ni de la perdida de energía que trae y los daños psicológicos. Hay que ajustar mucho en la capacitación y en la educación. En eso ha fallado esta ley [de legalización del cannabis].