“Para venir a la playa, / para venir a pescar, / por la chacra de Jacina / teníamos que pasar. / El camino nos traía / así como Dios lo quiso / y pedíamos permiso / que nunca se nos negó, / porque Basilio fue un hombre, / y esto tal vez los asombre, / que nunca dijo que no”, recitó Emilio Belokon en el acto de descubrimiento de una placa de la memoria en recuerdo del colono Carlos Jacina Leyba, que se colocó el viernes en Puerto Viejo, San Javier, departamento de Río Negro. El nombrado en el poema es Basilo Lubkov, líder de la comunidad religiosa Nuevo Israel, integrada por 300 migrantes rusos que llegaron a Uruguay a buscar la libertad que no tenían en la Rusia zarista y que el 27 de junio de 1913 fundaron San Javier en torno a un conjunto de tierras otorgadas por el Estado y que a mediados del siglo XX pasaron a pertenecer al Instituto Nacional de Colonización (INC).
El homenaje fue solicitado por un grupo de vecinos de la localidad y ejecutado por la Comisión Honoraria de Sitios de la Memoria, en el marco de la Ley 19.641, que “tiene por objeto la declaración y creación de Sitios de Memoria Histórica del pasado reciente” de Uruguay. “En memoria de Carlos Jacina Leyba. La dictadura lo privó de su libertad, del uso de la tierra y se apropió del dinero que el Instituto Nacional de Colonización le otorgó por su calidad de colono. Nunca más terrorismo de Estado”, dice la placa que colocó la comisión. Al lado, la Asociación de Funcionarios del INC (Afinco) colocó otra placa con la leyenda: “Colonos laboriosos: injustamente perseguidos, desalojados y despojados de la fracción que trabajaron desde 1924 a 1980 cuando fue detenido Carlos Jacina Leyba. Memorial en recuerdo de la violación de los Derechos Humanos ocurrida en San Javier durante la dictadura militar 1973-1984”. Las dos placas fueron colocadas al pie de una escultura en metal que representa a un colono con su arado, obra del escultor Wilson Bueno, que contó para hacerla con una antigua herramienta donada por el colono Luis Jodus.
Jacina era colono del INC. En 1980 fue detenido por las Fuerzas Conjuntas (denominación que se le dio a la acción coordinada de militares y Policía en los años previos y durante el régimen dictatorial) y recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. La dictadura le quitó las tierras y se apropió del dinero que el INC le otorgó por las mejoras incorporadas a la fracción desde 1924.
Miguel Sevrokov, integrante de la comisión de vecinos que tuvo la idea de crear este sitio de la memoria, abrió el acto destacando que la carta que elevaron al Ministerio de Educación y Cultura para solicitar el homenaje fue firmada por 300 vecinos, un número “más que representativo” en una comunidad de 1.600 habitantes. Con ironía, Sevrokov señaló que las mejoras incorporadas al predio eran muchas: “Había una pista de aterrizaje de aviones soviéticos, había un puerto donde paraban los submarinos, y todo eso era mucho dinero”. Es que por el origen ruso de la mayoría de los pobladores de San Javier, el régimen dictatorial los trató como potenciales enemigos.
Hablando en ruso
Por su parte, el intendente de Río Negro, Óscar Terzaghi, dijo que “es difícil explicar en palabras lo que está sucediendo, porque hoy estamos haciendo un homenaje a Carlos Jacina, pero también en él, quizás, un homenaje a parte de la historia de San Javier, esa historia enormemente rica y que tantas aristas tiene aún hoy, desconocidas por una enorme cantidad de gente”. El jefe comunal recordó a los 300 rusos que llegaron en 1913 y que “primero se instalaron en Montevideo, en hoteles y fondas que había para inmigrantes” y pocos meses después “se asentaron en San Javier, en las tierras de la familia Espalter que había comprado el gobierno de aquel entonces”. Destacó que esta comunidad sembró girasol por primera vez en el país, y “entonces los uruguayos comenzamos a conocer lo que era el girasol, ese girasol cuyas semillas trajeron en los bolsillos y sacos esos inmigrantes”.
Terzaghi contó que en 1926 Lubkov volvió a la por entonces Unión Soviética y “estos inmigrantes quedaron en una situación bastante complicada”, porque estaban endeudados “con proveedores de la zona” y eso “hacía peligrar su permanencia en la tierra”. “Esa misma situación empezó a generar el espíritu de agremiación, y aparecieron las primeras manifestaciones en reclamo de la tierra”, expresó, y agregó que en 1931, en una concentración en San Javier, “una mujer, murió por una bala de la Policía cuando intentaba proteger a su hijo”. Terzaghi continuó contando que en 1951 se llevó a cabo la primera marcha hacia la estancia Farrapos, para “ocuparla simbólicamente en reclamo de tierras”. Era una estancia cuyos propietarios estaban en el exterior. Como consecuencia de esta marcha con ocupación, en 1953 “el INC cedió las tierras a quienes las estaban reclamando”.
Fotos: Angi Schiera
El intendente mencionó “el auge de las luchas populares” en la década de 1960, y luego el golpe de Estado en la década de 1970. “En ese momento, ser residente de San Javier implicaba tres condiciones que convertían automáticamente a la persona en un sospechoso del régimen. En el caso de Carlos Jacina, ser descendiente de ruso, ser colono y ser comunista. Era un signo terrible para el régimen imperante. Para otros, era suficiente con dos condiciones: ser descendiente de rusos y ser colono; y en algunos casos con una: sólo ser descendiente de rusos. Todo este pueblo estuvo bajo sospecha durante toda la dictadura”, sostuvo Terzaghi. Luego, dijo que en 1980, junto con Jacina, fueron detenidos varios “muchachos de este pueblo”, pero el homenajeado fue el último en ser liberado con “la amnistía de 1985”. Finalmente, el jerarca mencionó el asesinato del médico Vladimir Roslik, ocurrido el 16 de abril de 1984 en el Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos; “la última víctima de la dictadura, y quizá la mas absurda de todas”, señaló. “Pero hoy estamos para homenajear la democracia que construimos los uruguayos de todos los partidos. Esa democracia que nos enorgullece en un mundo convulsionado”, finalizó.
En tanto, la presidenta del INC, Jacqueline Gómez, agradeció a los vecinos por la oportunidad de que en tierras del instituto haya un sitio de la memoria, para que “seamos conscientes de que en el área rural ocurrieron un montón de barbaries y un montón de despojos de los que no siempre encontramos la información”, y destacó la labor de los vecinos que reconstruyeron y documentaron lo sucedido en San Javier. Luego repasó distintos momentos de “la lucha por la tierra” y reconoció que gracias a esas luchas hoy el INC tiene más de 25.000 hectáreas en la zona. Al finalizar sus palabras sostuvo: “No existe un país sin memoria, no existe forma de proyectarnos hacia adelante si no conocemos y reconocemos nuestro pasado. Se trata de reconocer que pasó esto y que no se tiene que volver a repetir. No hay forma de construir una sociedad con justicia social si no es con respeto por los derechos humanos”.
María Elena Roslik leyó un mensaje de la comisión de vecinos en el que dejó en claro que la iniciativa del memorial se propone “recordar y concretar un desagravio histórico con la familia Jacina y con todas las víctimas del terrorismo de Estado, en particular a las de San Javier”.
Finalmente, habló Mariana Mota, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Mota recordó que el artículo 3 de la Ley 19.641 “señala que los sitios de la memoria consagran el recordatorio y el reconocimiento de aquellos lugares donde ocurrieron violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, y sirven para la construcción y transmisión de la memoria, así como de homenaje y reparación a las víctimas”.
Represores, pero también delincuentes
“Esta placa recuerda una época del terrorismo de Estado, un punto en que los derechos humanos fueron vulnerados en forma masiva. Se persiguió, se detuvo, se torturó, se encarceló y se desapareció por el solo hecho de pensar diferente. No se puede seguir sosteniendo que hubo una guerra interna para justificar crímenes que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia son permitidos”, continuó Mota.
La representante de la INDDHH sostuvo que, atendiendo a que “se ha tratado de naturalizar esta barbarie”, es importante “mantener la memoria”, y “estas placas tienen la función de mantener la memoria y de contar la verdad de lo ocurrido, portando el relato de lo no contado, de lo falseado durante tantos años”. Agregó que, en particular, la placa colocada en San Javier revela “una parte poco revelada de la historia de la dictadura”: “el avasallamiento de los derechos económicos de las personas”. “Los delitos económicos ocurridos en dictadura fueron numerosos y perjudicaron sustancialmente al país. A pesar de que la Ley de Amnistía los excluyó, nunca fueron objeto de investigación”, añadió. Mota aseguró que el saqueo de los bienes de la víctimas “iba de la mano de su detención” y, “avanzada de hecho esta práctica, la dictadura emitió el Decreto-ley 14.373 en 1975, por el que se permitía la incautación de todos los bienes de cualquier naturaleza a la persona detenida”. “Con esta fórmula legal se justificaba el saqueo y la apropiación ilegítima. La Ley de Amnistía derogó este decreto-ley y estableció que debía devolverse lo confiscado ilícitamente, o se reparar el perjuicio; no obstante, hasta la actualidad persisten situaciones de apropiación. Lo vivido por Jacina y su familia es parte de este despojo y de la impunidad que existe”, sostuvo.
Mota contó que en el expediente que registra la apropiación del dinero de Jacina por parte de la dictadura consta cómo se dieron cuenta de que el INC le iba a otorgar la suma y cómo decidieron expropiarla, justificándose en “una especie de responsabilidad civil del colono detenido”. Luego se inclinaron por que el dinero se depositara en una cuenta del Banco República (BROU), pero después “decidieron que no fuera a una cuenta del BROU porque probablemente quedaría una huella, entonces resolvieron que se emitiera un cheque al portador y lo fuera a buscar un soldado”.
Cuando Jacina recobró la libertad, el dinero “no le fue devuelto” y “hasta el día de hoy el Estado uruguayo no lo ha reparado por eso ni ha investigado a los responsables”. Mota destacó el valor de los sitios de la memoria “para que nunca más haya terrorismo de Estado” y para “contar a las nuevas generaciones lo que ocurrió en este país”.