“Aún no tenemos a dónde ir. Antes de que vengan a desalojarnos vamos a empezar a sacar las pertenencias para tenerlas afuera, en la calle, unas horas, y ver cómo se puede solucionar”, dijo a la diaria Ruby Contreras, una de las inmigrantes que vive en la pensión de Pocitos que va a ser desalojada hoy a las 13.00, según determinó la Justicia. Pilar Uriarte, de la ONG Idas y Vueltas, que trabaja con población inmigrante, contó a la diaria que a principios de este año se acercó un grupo de personas que viven en esa pensión, a raíz de un problema que se originó entre los propietarios del edificio y los administradores, que no tenían ese rol de manera formal, sino que solamente les cobraban a quienes vivían allí. “Era una especie de pensión fantasma. Tenían un desalojo, se pidió una prórroga, les llegaron varias notificaciones del juzgado, a las que la población de la pensión no tuvo acceso porque la persona que las recibía las escondía, y ahora están con este desalojo inminente”, explicó. En la pensión viven cerca de 30 personas, de nacionalidad venezolana, dominicana, cubana y también uruguaya.
El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República es el que sigue el caso desde el lado de los inmigrantes. El abogado Juan Ceretta, docente de esa institución, dijo a la diaria que la última medida que tomaron fue presentar una nota al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para pedir si de manera provisional, y dada la “urgencia” por el inminente desalojo, se les podía dar “algún lugar donde quedarse”. Pero desde el Mides le respondieron por escrito que los desalojados “tenían que ir a la puerta de entrada de cualquier refugio”. Ceretta subrayó que los refugios del Mides son sólo para mujeres con hijos u hombres solos, y en la pensión hay varias familias, por lo tanto, deberían separarse, y eso “no es una solución”. “Nosotros esperábamos una solución de otro tipo, que el Mides pudiera hacer de manera provisional, pero no hubo caso”, agregó.
Además, Ceretta presentará hoy una nota al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para buscar “una garantía de alquiler o una solución habitacional”. Por otro lado, también hablaron con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que presentó un escrito ante la Justicia a fin de intentar postergar el desalojo, pero, al cierre de esta edición, todavía no habían obtenido respuesta.