Hace exactamente cuatro años, la Rendición de Cuentas de 2014 daba a conocer la parte de vacantes ocupadas en el ámbito público por personas con discapacidad: el 1,04% efectivo se encontraba lejos del 4% que establece la Ley 18.651.
El incumplimiento se repitió en 2016, 2017 y 2018. La Rendición de Cuentas 2018 reveló números por debajo de los deseados: si bien el porcentaje de vacantes cubiertas por personas con discapacidad (1,27%) aumentó respecto de los de 2014, bajó el porcentaje en relación al año pasado (1,3%) y sigue lejos de lo establecido por ley.
Aunque en términos generales no se alcanzó el mínimo de 4%, se registró una mejora en el número de entidades que sí cumplieron con la normativa. Los gobiernos departamentales de Maldonado, Río Negro, Flores, San José y Durazno, así como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado fueron algunos de los 13 organismos que alcanzaron el mínimo requerido por la normativa, en comparación con los ocho que lo habían logrado en 2017.
Siguiendo con la comparativa interanual, otro de los datos revelados por la última Rendición de Cuentas fue la reaparición de la disparidad entre géneros, dado que tan sólo 36% de las vacantes fueron cubiertas por mujeres. Esta disparidad es más notoria en personas de mediana edad (30 a 45 años) –franja en que los ingresos masculinos duplican a los femeninos– y se revierte en personas mayores de 45 años: no se registraron ingresos de hombres para esta franja etaria.
La mayor parte de las personas que ingresaron a la función pública mediante la cuota presentó discapacidades motrices, de miembros inferiores (21%) o superiores (7%). En segundo lugar se encuentran las personas con discapacidades auditivas (21%).
En lo que respecta a personas afrodescendientes, el panorama parece mejorar respecto de la última Rendición de Cuentas. El ingreso de 642 personas afrodescendientes supera en 2018 las 361 de 2017. La rendición informó que si bien el grado de cumplimiento fue mayor que para las personas con discapacidad, el porcentaje efectivo (3,29%) se mantiene muy lejos del mínimo establecido por la cuota, en este caso, 8%, establecido por la Ley 19.122.
Entre los 14 organismos que cumplieron con la cuota –sólo uno lo había hecho en 2017– se destacan algunos gobiernos departamentales, la Universidad de la República y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Además, 100 personas ingresaron como personal subalterno del Ministerio de Defensa Nacional, 62 menos que el año anterior.
En términos de paridad, mientras que en 2017 69% eran hombres, en 2018 54% de los ingresos fueron mujeres y 0,3% personas trans. La mayor parte de los ingresos se dieron entre los jóvenes, que representaron casi 50% del total.
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