El 1° de julio, el Banco de Previsión Social (BPS) publicó un artículo en el que daba a conocer la cifra de familias que cobran la asignación y no envían a sus hijos a centros educativos. El total, de 9.732 familias en esta situación, alarmó al senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien convocó a las autoridades al Parlamento. Según dijo a la diaria, “la ley es clara” y, ante los datos publicados, la directora “está reconociendo que el BPS está violando la ley”, opinó.
La mitad de las deserciones verificadas son de adolescentes de entre 15 y 17 años, el resto corresponde a estudiantes de nivel medio y de primaria. El senador expresó que no quiere “quitarle la asignación familiar a nadie”, sino hacer que “los padres cumplan con su deber”.
Los registros del BPS indican que en el 2017 había 14.235 familias con hijos de entre 5 y 17 años que recibían asignaciones, a pesar de no estar anotados en los centros educativos. El año pasado eran 12.607 los beneficiarios que no cumplían con lo establecido.
Mieres expresó que “el BPS tiene que cortar el beneficio” a las familias que incumplan su parte del acuerdo porque, de no hacerlo, se pone en juego “una señal muy importante” que tiene que ver con el cumplimiento de su obligación.