Por cada 100 personas que viven en Uruguay, hay un promedio de 34,7 armas –legales e ilegales– en manos de la población, según los estudios más recientes. De acuerdo con estos datos, la sociedad uruguaya es la más armada de América Latina, la segunda del hemisferio y la quinta del mundo –luego de Estados Unidos, Yemen, Montenegro y Serbia–. Aproximadamente 605.000 armas fueron registradas legalmente hasta el mes de febrero de 2016, lo que significaría un arma legal por cada 5,6 habitantes. Así lo explicó Diego Sanjurjo, que integra el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Sanjurjo se recibió como politólogo en Alemania y se especializó en España en seguridad, criminología y control de armas, con énfasis en las políticas públicas. Este año publicó Gun control policies in Latin America (Políticas de control de armas en América Latina) como parte de la serie de publicaciones de la Asociación Internacional de Políticas Públicas.
En diálogo con la diaria contó que se interesó especialmente en América Latina porque “es la única región del mundo en la que aumentaron los homicidios y la delincuencia” en las últimas décadas, mientras que “en el resto del mundo disminuyeron”. Señaló que además se ha escrito “muy poco” sobre el tema y esto “se nota”: “Nuestros estudios sobre seguridad son bastante escasos, trabajamos siempre con teorías y evidencia que viene de los países desarrollados, donde la realidad es muy distinta a la nuestra, particularmente en lo que tiene que ver con la violencia armada”. Su intención fue hacer un libro “científico” que “no estuviera determinado por una ideología” y que se atuviera a lo que la evidencia ha demostrado.
Afirma en su libro que “en 2014, el estudio global de homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito posicionó a América Latina primera en la clasificación regional de asesinatos, tanto en números absolutos como en relación con su población”. A esto se suma que “43 de las 50 ciudades con los índices más altos de homicidios en el mundo” se encuentran en países latinoamericanos y a que cada día hay 400 asesinatos en la región.
Sanjurjo detalló que no hay una correlación entre la proliferación de armas en una sociedad y su nivel de violencia; de hecho, en América Latina los países con mayor cantidad de armas –entre los que se encuentra Uruguay– no son los más violentos. “La proliferación de armas de fuego suele estar relacionada con el nivel adquisitivo de los ciudadanos, son elementos muy caros, entonces es en los países más desarrollados donde suele haber más armas de fuego. Se da la paradoja de que en América Latina tenemos tasas muy bajas de proliferación de armas pero tasas muy altas de violencia armada. ¿Cómo se explica esto? Tiene que ver con que las armas de fuego funcionan como un factor de riesgo más”, sentenció.
Otra de las diferencias entre América Latina y el resto del mundo es que “la violencia la cometen civiles”, afirmó el politólogo. En otras regiones es más normal que sea el Estado luchando contra fuerzas paramilitares o de características similares, pero en América Latina “son civiles que, por lo general, se matan entre sí”. En lo referido a las políticas de control de armas, Sanjurjo explicó que, “por más extraño que suene”, la legislatura en la región suele ser “mucho más restrictiva” que en los países desarrollados. Esto sí se debe al incremento de la violencia en los últimos años. “Por lo general buscan desmotivar que los ciudadanos adquieran armas de fuego y lo consiguen reduciendo mucho el número de armas de fuego a las que se puede acceder legalmente, y convirtiendo todo el trámite en un proceso muy complicado”, dijo. De este modo se intenta que quienes quieran comprarlas desistan a medio camino.
En el capítulo dedicado a Uruguay, Sanjurjo apunta en su libro que “en un país donde la inseguridad y la violencia criminal son la mayor preocupación de los ciudadanos” –basándose en una encuesta de Cifra de 2018–, sería esperable que la cantidad de armas que posee la población causara alarma pública, sin embargo, dice, “este no es el caso”. Afirma que “la proliferación de armas nunca ha captado realmente la atención del público, y su presencia en los medios solamente ha sido esporádica”. De la misma forma, agrega, el involucramiento político de la sociedad civil ha sido “tardío y limitado” y el tema nunca estuvo en el centro de la agenda política.
Aun así las políticas generadas al respecto, al igual que en el resto de la región, son más restrictivas que liberales, pero en opinión de Sanjurjo son “papel mojado”. “Como tenemos estados con burocracias muy débiles y fuerzas de seguridad y políticas muy desligitimadas, es muy común que los ciudadanos no respeten las leyes”, señaló. También dijo que se estima que sólo una cuarta parte de las armas de fuego que hay en América Latina están registradas, ya que hay un mercado negro de armas de fuego que es muy potente y que se incrementa “en la medida en que las leyes son más restrictivas cada vez y la seguridad no mejora”.
Más o menos restricciones
En Uruguay la legislación más vieja sobre control de armas data de 1943 –el Decreto-ley 10.415– y se han incorporado varios decretos y regulaciones a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pero sin mayores cambios, más allá de la adaptación de las normas a disposiciones internacionales. La normativa más importante hasta el momento es de 2014, año en que se aprobó una política específica de control de armas, la Ley 19.247, de “Tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros” conocida como la Ley de Tenencia Responsable de Armas.
En contraposición con la legislación anterior, la Ley 19.247 da marco a todos los decretos, leyes y demás normativa con el propósito de “ensamblarlas y armonizarlas”. En este sentido, explica el libro, no es una ley disruptiva, pero sí tiene novedades interesantes. Desde que entró en vigor (fue reglamentada recién en 2016) a los civiles no se les permite tener más de tres pistolas, a no ser que justifiquen la necesidad de tener más. Esto también se aplica al personal policial y militar. Si una pistola es robada o extraviada, sigue contando como una de las tres habilitadas, por lo que no se puede adquirir una cuarta legalmente. La ley también prohíbe armas hechas de manera artesanal e incluye restricciones significativas en el tipo de armas pequeñas que las personas pueden portar. Aquellos que posean armas no habilitadas pueden entregarlas en el Servicio de Material y Armamento para que sean destruidas o se mantengan desactivadas de forma que sean inutilizables.
“En América Latina, por lo general, quienes se dedican a estudiar y a implementar las políticas de control de armas asumen que las políticas más restrictivas son mejores, y eso es falso, en ninguna parte del mundo se ha probado eso”, dijo Sanjurjo. Pero explicó que tampoco se ha comprobado lo contrario; en este caso, “la respuesta correcta es decir que la evidencia es inconclusa”. “Lo que sí sabemos es que las políticas que son absolutamente liberales y que permiten a cualquier persona tener cualquier tipo de arma dan peores resultados que las que son un poquito más restrictivas”, dijo. De todos modos, opinó que en América Latina hay políticas “muy restrictivas” que tampoco dan buenos resultados.
Para el politólogo la legislación uruguaya vigente “es muy positiva”: “Es una ley que por un lado busca combatir el uso ilegal de las armas de fuego y por otro respeta el uso legítimo de estas”. Sanjurjo aclaró que él no tiene armas de fuego y que no le gustan, pero dijo que “si una persona siente que necesita una porque su vida corre peligro, le va a costar bastante pero va a poder tener un arma sin tener que recurrir al mercado ilegal” y por eso le parece “una ley razonable”.
Sus recomendaciones
Sanjurjo explicó que por más de que no se pueda presentar una política de control de armas como la mejor, “sí hay algunos programas que valdría la pena implementar”. Uno de ellos sería una campaña de recolección de armas, que sea permanente y voluntaria. Esto sería “provechoso” pero no tendría “ninguna incidencia sobre la criminalidad”; principalmente ayudaría a tener menos armas y a prevenir suicidios, un “problema enorme en Uruguay”, dijo.
Otra de las medidas que Sanjurjo propone, aunque admitió que es “polémica”, es “tener fuerzas policiales comunitarias muy bien entrenadas y concretas que tengan el mandato de patrullar las calles buscando a personas que porten armas ilegales”. Esto no está permitido en Uruguay en la actualidad porque significaría parar a una persona que a los efectivos policiales les parezca sospechosa para revisarla, lo que puede dar lugar a abusos policiales. El politólogo sostiene que esto “no tiene por qué darse”, ya que “se puede entrenar a un policía para que trabaje de forma profesional, responsable, para que sepa cómo hacer sentir seguro a un ciudadano e incomodar al ciudadano lo menos posible”, además de controlarlo de forma remota con “una cámara y un micrófono como se hace en otras partes del mundo”. Esta medida se incluyó en el programa del precandidato a la presidencia Ernesto Talvi, a quien Sanjurjo asesoró.
Por último, propone un trabajo de inteligencia policial que apunte a desarticular los mercados ilegales, para pasar un “mensaje disuasorio” a las actividades delictivas. En este sentido, una de las medidas que recomienda es tener funcionarios recorriendo ferias y talleres para fiscalizar los objetos robados.
Distintos crecimientos
Con la intención de contextualizar mejor la situación uruguaya, Sanjurjo expone en el libro una teoría que, según dijo, no se ha estudiado mucho en el país. Esta pretende dar respuesta a por qué el crimen aumentó considerando el “significante aumento de los indicadores sociales”. Esto sería un fenómeno de “histéresis”: la tendencia a que algo conserve una de sus propiedades aunque desaparezca el estímulo que la generó. El libro explica que a finales de la década de 1990 hubo un aumento notorio del crimen como consecuencia de la crisis económica del momento, que incluyó un gran desempleo y la caída del Producto Interno Bruto.
Sin embargo, el autor afirma en el texto que los indicadores socioeconómicos “comenzaron a mejorar de forma drástica en 2004” pero “el crimen y la violencia no disminuyó sino que continuó creciendo de manera sostenida”. Él adhiere a la teoría de que los individuos que participan en actividades criminales durante la recesión económica ganan un capital criminal a expensas del capital legal y esto conduce a que sea muy difícil que vuelvan a actividades legales una vez que la economía se recupera.
“Para mí no hay ninguna duda de que en Uruguay y en gran parte de América Latina la delincuencia tiene más que ver con un negocio que con la pobreza, la marginalidad y la desigualdad económica. En los últimos años bajaron la pobreza y la desigualdad, más personas consiguieron trabajo formal y aumentó la calidad de vida –todo aquello que por lo general solemos pensar que supone las causas del delito– y lo que vimos es lo contrario”, declaró Sanjurjo. El autor cree que en Uruguay se habla mucho del homicidio porque un crimen del que se está seguro, ya que queda un cuerpo. El indicador es fiel a la realidad, señaló, pero de los delitos contra la propiedad no se habla tanto porque la información no es igual de fiable. Para él, este último tipo de delitos es crucial para explicar esta teoría.
Robar y vender bienes da muchas ganancias, afirmó, y estas ganancias crecen una vez que la economía mejora, porque hay más compradores. “A medida que las personas tienen más dinero y recurren más a los mercados secundarios, mayor es la motivación para sumarse al delito. Entonces tenemos, por un lado, una economía negra emergente que aumenta y que es muy potente, y por el otro, un sistema de justicia que no es capaz de disuadir a las personas de sumarse a estos mercados; lo que tenemos, entonces, es una situación perfecta para cometer delitos, y eso es lo que yo estoy seguro que pasa en Uruguay y en gran parte de América Latina”, sentenció.
Sin Guardia Nacional
Consultado por las propuestas de seguridad presentadas en la campaña electoral actual, Sanjurjo dijo que no votaría a favor de la iniciativa “Vivir sin miedo” porque se propone votar medidas muy distintas, todas juntas. Hay dos que le parecen “provechosas”: los allanamientos nocturnos y la prisión permanente revisable para casos muy particulares, pero aclaró que pueden ser útiles pero no “van a cambiar la aguja”. Sobre el cumplimiento de la pena en su totalidad en ciertos delitos, Sanjurjo opinó que cada caso debería evaluarse individualmente, ya que en algunos casos podría funcionar y en otros no. Por último, dijo que “no ve ninguna justificación” para la creación de una Guardia Nacional y que esta es la medida que lo llevaría a no apoyar esa reforma.