Ayer, en el paraninfo de la Universidad de la República (Udelar), se llevó a cabo la charla “¿Vivir sin miedo? Posibles consecuencias para la seguridad ciudadana y los Derechos Humanos en Uruguay contemporáneo”. Luis Eduardo Morás, doctor en Sociología y docente de la Facultad de Derecho de la Udelar, dijo que la reforma constitucional propuesta por el senador nacionalista Jorge Larrañaga “realimenta la idea de que los delincuentes no pueden ser otra cosa que delincuentes y de que no hay ninguna vulneración de derechos previos. Es la visión de que los delincuentes son delincuentes porque así lo decidieron, que son oportunistas racionales”.
Para Morás, la reforma tiene un “factor militar como elemento central”. Agregó que la idea de “vivir sin miedo” implica tener “un Ejército Nacional que se hace cargo de determinados problemas sociales” y dejar de lado a los “11.000 presos que hoy tiene Uruguay”.
- En este link se puede acceder a la entrevista que hizo Mezcla al rector de la Udelar, Rodrigo Arim, acerca de la actividad convocada por la institución. -
En relación al cumplimiento efectivo de las penas y la propuesta de cadena perpetua revisable, el sociólogo señaló que la reforma apunta a “tener a las personas presas el mayor tiempo posible”. Morás agregó que la cárcel no disuade el delito y “además no cumple, ni que hablar, con la posibilidad de rehabilitar”.
Por otra parte, Morás se refirió a la propuesta de crear una Guardia Nacional integrada por militares y dijo que es esperable que con 2.000 militares no se mejore lo que no mejoraron 30.000 policías. “Uruguay tiene muchos policías: 800 cada 100.000 habitantes”, afirmó el académico, y recordó que esta propuesta no es bienvenida “ni por la Policía ni por los protagonistas”.
Natalia Uval, doctora en Comunicación y docente de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), analizó la relación entre los medios de comunicación y la seguridad. En cuanto a los de los mensajes de los medios, Uval indicó –basándose en investigaciones de recepción mediática– que es posible que la visión de la reforma tenga “un corte por edad”. Señaló, por ejemplo, que la recepción de la reforma entre las personas que vivieron en dictadura y las que no es diferente.
Público presente en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) hoy durante la mesa «¿Vivir sin miedo? Posibles consecuencias para la seguridad ciudadana y los derechos humanos en el Uruguay contemporáneo»
Por otra parte, Uval se refirió a la teoría del encuadre y dijo que los “medios encuadran la realidad”, es decir, visibilizan determinadas violencias e invisibilizan otras. “Son menos visibles los delitos del ámbito privado como, por ejemplo, el abuso infantil”, señaló. “Los medios inciden en la construcción de identidades, definen quiénes somos ‘nosotros’ y quiénes son ‘ellos’. Los que delinquen son los más excluidos”.
A su turno, Nilia Viscardi, doctora y magíster por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, licenciada en Sociología y docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, aseguró que la reforma constitucional “no va a reducir la inseguridad en el país; hay mucho miedo en Uruguay y lo que está en juego es cómo combatirlo”. La socióloga aseguró que han desaparecido “la sensibilidad y la solidaridad”, así como “la idea de que la violencia puede ser el resultado de la desigualdad social”.
“La reforma instala el racismo al hablar de delincuentes, asociando esa condición de la violencia a la pobreza, cuando al mismo tiempo en Uruguay no se habla de la violencia institucional o los delitos de cuello blanco”, afirmó Viscardi, y añadió que la reforma “puede llevar a un Estado pistolero, además de desandar la noción de prevención de la violencia”.
En tanto, Emiliano Rojido, licenciado en Sociología y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, afirmó que “Uruguay está experimentando un aumento de los delitos violentos; estamos a mitad de tabla en América Latina y es una de las preocupaciones de la población”. Aseguró que en los últimos años hubo reformas positivas, como el aumento de sueldos a los policías o la mejora del equipamiento, pero “tenemos pocas herramientas para saber cómo funciona el delito”.
“Hay excepciones, como el plan Siete Zonas, pero el modelo en general es punitivo, omite la prevención y el reintegro de las personas que pasaron por el sistema. La reforma insiste en las mismas ideas, no se contrapone con las políticas que ha llevado adelante el gobierno. Los promotores no han presentado ningún dato de cómo esto podría mejorar la seguridad del país”, concluyó Rojido.