“La economía ha dejado de crecer; en los últimos cuatro años desaparecieron unos 50.000 puestos de trabajo; el clima de convivencia se deteriora a causa de la inseguridad; la crisis educativa perdura; aumenta el número de personas que viven en asentamientos; tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 30 años y un crecimiento de la deuda que se ha vuelto insostenible”. Este es el panorama del país que describe en su introducción el programa del Partido Nacional (PN), titulado “Lo que nos une”.
El programa, de unas 176 páginas, comienza exponiendo las medidas económicas que se aplicarían con el objetivo de “poner fin a este manejo irresponsable de los dineros públicos”. Entre las primeras medidas que propone se menciona la regla fiscal “para evitar que el gobierno gaste más de lo que tiene y de lo que puede”. Según se establece, la idea es que tenga un “comportamiento contra-cíclico, de modo que el gasto del gobierno actúe como un estabilizador de la economía”.
El programa también busca fomentar el emprendedurismo: propone establecer un “programa estratégico de desarrollo de la actividad emprendedora del país”, que incluirá “el desarrollo de una cultura y de valores emprendedores en jóvenes a nivel de primaria y secundaria”. También se anuncia una reestructura del régimen fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas, y una rebaja de su tarifa eléctrica mediante un proceso “gradual”.
En política exterior, el programa asegura que se buscará un acuerdo “multipartidario” para definir los “grandes lineamientos” de una “estrategia nacional” en esta materia. Se buscará especialmente “fortalecer e institucionalizar los vínculos con los países vecinos” y en especial con Brasil, con el que se dice que hay un “deterioro” en la actual relación, por “razones político-ideológicas”.
Respecto del Mercosur, se sostiene que se continuará avanzando en el acuerdo comercial con la Unión Europea y se impulsará en una aproximación a la Alianza del Pacífico. “La Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos a nivel regional será promovida en el marco de la Organización de Estados Americanos y todas aquellas instancias que busquen reafirmar tales objetivos (por ejemplo, el Grupo de Lima)”, menciona el programa.
Con relación al trabajo, el programa asegura que los Consejos de Salarios contarán con el respaldo del PN, pero “para sostener esta tradición y esta institucionalidad a lo largo del tiempo”, el camino debe ser “asegurar su legitimidad a ojos de todos los involucrados. Eso requiere un funcionamiento razonable y equilibrado”. Se propone cumplir con las observaciones efectuadas por la Organización Internacional del Trabajo respecto de la Ley de Negociación Colectiva en el sector privado y derogar el decreto 165/006, que regula las ocupaciones.
En materia de seguridad, se prevé declarar la “emergencia nacional en seguridad pública” el primer día de un eventual mandato de Luis Lacalle Pou, a los efectos de iniciar “el combate frontal al delito” en todas sus modalidades. Entre las acciones para reprimir el delito, se apunta a modificar el artículo 26 del Código Penal, para introducir la “presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval, y guardias privados de seguridad armados”, sin perjuicio de las “eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza”.
Además, se propone aumentar la pena para el tráfico de cocaína y que se tipifique como “agravante especial” la utilización del hogar como “expendio” de drogas, con el objetivo de evitar que se haga uso de la “protección constitucional del hogar como refugio para actividades ilícitas”. En materia de penas a adolescentes en conflicto con la ley, se propone duplicar el lapso máximo de privación de libertad para menores que hayan cometido infracciones gravísimas (llevándolo a diez años) y duplicar el mínimo (de uno a dos años). Por otro lado, se propone la “inaplicabilidad” del régimen de “semilibertad” para menores que hayan cometido delitos gravísimos y conservar los antecedentes judiciales. También se dispondrá de la “responsabilidad penal” de los padres o tutores por los hechos que cometan “los menores infractores”.
Por medio de la Ley de Presupuesto se planea crear un “mínimo de 600 cargos” para que desempeñen los servicios de la Guardia Metropolitana en Montevideo, Canelones y San José, y 500 cargos de guardias penitenciarios. Además, se construirá una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 150 personas, con el objetivo de “alojar a los infractores de alta peligrosidad”.
Respecto de las migraciones, se propone ejercer controles sobre los procesos migratorios y de inserción laboral, para evitar desequilibrios y un “justo trato para todas las partes”. Se promoverán campañas que presenten estos fenómenos como algo “positivo desde lo cultural (más diversidad), desde lo económico (más consumo) y desde lo previsional (más aportes al sistema de seguridad social)”.
En lo referente a educación, el PN asegura que eliminará “la representación docente en los consejos de ANEP” [Administración Nacional de Enseñanza Pública].
En políticas sociales, el programa del PN propone la reformulación de algunos programas existentes como Uruguay Crece Contigo y el Plan CAIF, así como de las asignaciones familiares.