Javier Aguilera tenía 43 años. Trabajaba como chofer cobrador en la empresa de transporte capitalino Cooperativa de Obreros y Empleados del Transporte Colectivo (COETC) y complementaba sus ingresos atendiendo un local de supergas. Vivía en La Paz y era padre de dos niños chicos.
Un policía, que trabaja en cárceles bajo dependencia del Instituto Nacional de Rehabilitación y no estaba en servicio al momento del hecho, disparó y mató a Aguilera mientras corría a dos adolescentes por la calle. Fue el sábado de noche, el hombre asesinado iba volviendo de un supermercado a su casa.
Testigos que presenciaron el hecho fueron fundamentales para que Fiscalía pueda encontrar al responsable, que fue detenido el lunes por la noche. El policía, que tiene unos 50 años, discutió con los dos adolescentes en la plaza cercana y después corrió tras ellos. Desenfundó el arma y disparó.
Según informó la fiscal del caso a Subrayado, el homicida estaba ebrio y disparó en varias direcciones. Una de esas balas impactó en el pecho de Aguilera. La pericia de balística determinó que efectivamente el arma utilizada fue la de reglamento y que el oficial fue el autor del disparo.
El policía huyó del lugar tras herir a Aguilera y no informó que había disparado su arma de reglamento, violando el procedimiento policial. Es acusado de homicidio y debe cumplir prisión preventiva por 180 días a la espera del juicio.
En lo que va del año, 27 personas fueron asesinadas por policías “en medio de procedimientos o en casos de presunta legítima defensa”. En la mayoría de los casos, los policías no estaban en funciones.