La Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP) afirma que el país no está frente a una iniciativa real para la gestión integral de residuos y que la mayoría de los artículos del proyecto de ley están destinados a un objetivo de índole social, que es la inclusión de los clasificadores informales de residuos. Para el abogado Jorge Pereyra, vocero de la AUIP, esta problemática no puede quedar solamente en manos de especialistas ambientales, como se pretende. El proyecto de ley tiene media sanción del Senado y antes del 15 de setiembre será votado en la Cámara de Diputados, previo a la finalización de la legislatura.
Es casi imposible cambiar la mentalidad de trabajadores informales de un día para el otro, sin la contención social y psicológica que necesitan para pasar de esa informalidad a un trabajo en el que tengan que cumplir ocho horas, y esto terminará siendo una problema aun mayor, sostiene el vocero.
Pereyra interpreta que se trata de una iniciativa “recaudadora”, sin exigir obligaciones en comercios y hogares para cumplir con un sistema de clasificación real, basado en la educación ambiental.
La definen como recaudadora porque se incorporarán impuestos indirectos por medio del Impuesto Específico Interno (Imesi) para algunos residuos “especiales”, y ese dinero será destinado a programas de inserción laboral para clasificadores mediante cooperativas.
Otro de los puntos que les preocupan, aseguró Pereyra, es lo que pasará con los emprendimientos existentes en materia de recolección de residuos. Hay múltiples empresas privadas que con inversión y capacitación emplean a trabajadores en el proceso de reciclaje, valorizando a los residuos y transformándolos en materia prima nuevamente. En algunos casos hasta llega a exportarse, como el poliestireno que se compacta y se vende a Malasia en contenedores.
El aumento del impuesto al fabricante o al importador de plásticos no les parece una solución para el medioambiente. Esta debería apuntar a la aplicación de políticas educativas que hasta ahora están ausentes. “Se pretende que con un impuesto selectivo a algunos materiales se pueda resolver una problemática que fundamentalmente radica en la falta de educación de la ciudadanía”, dijo Pereyra.
Tienen claro que no quieren dejar de ser responsables por el plástico, aceptan que puede ser necesario más contralores y el perfeccionamiento de obligaciones, pero expresan su gran desacuerdo con un cambio en la gestión pública de los residuos. Pereyra sostuvo que “todo el mundo dice que ‘el plástico es malo’, pero en realidad lo que es malo es el manejo irresponsable”. Considera que este proyecto de ley no obliga a hogares ni a comercios a adoptar un manejo correcto de los plásticos. Por ejemplo, en los comercios del rubro gastronómico se maneja material descartable y no se clasifican los desechos.
Otro tema que para la AUIP está en el debe es la inexistencia de educación ambiental en las escuelas, un punto importante para generar conciencia. “No se les puede hacer la guerra a los plásticos de un solo uso, pero sí es posible generar conductas responsables, sin sustituirlos. La generalización lleva a confusiones”, opinó Pereyra. “Así como decimos que el impuesto no es la solución al problema ambiental, el mundo entero también lo afirma. Aquellos países que en algún momento lo establecieron, volvieron para atrás: hoy hay algunos impuestos verdes, pero tienen que ver con la contaminación de los vehículos, la extracción de minerales y el castigo a la infracción, pero no se trata del impuesto para que una recaudación puede resolver milagrosamente el problema de los residuos”, agregó.
La industria del plástico tenía más de 4.500 trabajadores formales, número que bajó en los últimos tres años: hoy son alrededor de 3.000. Las exportaciones y el mercado local han descendido sus ventas; por otra parte, los altos costos con los que deben competir con respecto a otros países y la calidad de los productos hacen cada vez más inviable la situación.
Otra solución
Para los industriales plásticos no hay necesidad de una nueva ley. La solución a la mala gestión de residuos en Uruguay pasa por reglamentar exigencias ya existentes y elaborar decretos que regulen la gestión de los diferentes tipos de residuos. La AUIP propone un acuerdo nacional que involucre al Estado y fabricantes como se está implementando en Reino Unido, Francia y recientemente en Chile. Se trata de un pacto para trabajar para que los plásticos de un solo uso sean solamente los imprescindibles, una verdadera educación del consumidor para que entre todos se genere la gestión responsable y ese plástico no se deseche y se convierta nuevamente en materia prima.
La AUIP pone el ejemplo de la Intendencia de Canelones, que tiene el mejor índice de recuperación de residuos del país porque aplica políticas activas hacia la solución del problema, genera educación ambiental, impulsa el acceso a ecopuntos para depositar basura clasificada y entrega contenedores para que en cada hogar se lleve a cabo la separación en los recipientes correspondientes. Estas acciones son ejemplarizantes, porque no se retira el residuo si está mal clasificado. En opinión de Pereyra, este tipo de políticas activas y la educación son el camino.