Al principio de la campaña, incluso durante las internas, el nacionalista Luis Lacalle Pou hizo especial énfasis en la política económica que llevará adelante en caso de ganar las elecciones nacionales. Plantea, por ejemplo, la rebaja del precio de la energía eléctrica y los combustibles, y propone un ahorro de 900 millones de dólares por parte del Estado, para abatir el déficit. Quien fuera uno de sus rivales en la interna, Jorge Larrañaga, tomó la seguridad como su principal tema de campaña y logró, gracias a que llegó a las firmas necesarias, que la reforma de la Constitución que propone vaya a ser sometida a la voluntad popular junto con las elecciones nacionales.
Ahora, después de que el 12 de setiembre el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, presentara las 12 propuestas para mejorar la seguridad y la convivencia, el tema cobró mayor relevancia en el debate de la campaña, aunque nunca dejó de estar presente.
El sábado –después de una semana en la que los cruces entre el asesor en seguridad de Martínez, Gustavo Leal, y distintos dirigentes opositores caldearan la agenda–, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN) volvió a poner énfasis en la seguridad, durante un acto en Las Toscas (Canelones). “Me indigna cuando por parte de las autoridades, para no hacerse cargo en materia de seguridad pública, se excusan en que la sociedad es más violenta. Yo no estoy dispuesto a trasladarle a estos pichones [los niños] la responsabilidad de que van a vivir en una sociedad más violenta. Es una gran mentira”, dijo. El candidato aseguró que “lo que hay que hacer es ejercer la autoridad” y usar las herramientas del Estado. Incluso contó que en sus recorridas por el país los policías se le acercan para pedirle que los respalde.
“Hay un error de base en el FA con respecto a la seguridad pública: casi con un criterio determinista asocian una condición económica a la delincuencia. Es una falta de respeto [...] Los delincuentes más famosos del mundo son multimillonarios. Que no vengan a decir que son los pobres los que cometen los delitos”, disparó.
Lacalle Pou criticó al subdirector de la Policía Nacional, Hugo de León, quien en mayo de este año, en una entrevista con La República, dijo que “hay casos en los que la Policía, por estrategia o por táctica, a veces es conveniente que tenga que retroceder”. “Imagínense que alguien llama, y tiene suerte y justo le emboca al 911, y logra que se haga un procedimiento en su barrio, y unos pocos vecinos empiezan a agredir [a los policías] y ve que la Policía se va. Ese vecino siente una indefensión total. A partir del 1° de marzo de 2020 la Policía sólo va a ir hacia adelante”, aseguró Lacalle Pou.
Luego hizo la interpretación de que el problema de la seguridad no es el presupuesto, porque entre 2005 y 2015 “se multiplicaron por cuatro” los recursos destinados al Ministerio del Interior, que pasó de 200 millones de dólares a 800 millones de dólares. “Tenemos más policías por habitantes que casi toda América, hemos comprado equipamiento, tenemos armamento. ¿Qué es lo que hace falta? Un intangible, algo que no es material y es propio del gobierno, que es que la Policía tenga clara una cadena de mando”, aseguró. De ganar las elecciones, el candidato dijo que el 2 de marzo de 2020, después de designarlos, se reunirá con los 19 jefes de Policía en la Torre Ejecutiva para que reciban instrucciones claras de cómo deberán actuar y de cómo volver a las comisarías. “Que les transmitan a los comisarios y a sus subalternos que cada día que se levanten van a tener presente al gobierno al lado de ellos, protegiéndolos”, afirmó.
En el acto estuvieron presentes varios dirigentes. Uno de ellos fue Larrañaga, que en conversación con la diaria dijo que la seguridad es un tema de emergencia nacional. “Uruguay es una comunidad de tres millones y medio de habitantes que tenemos que soportar la indefensión. No es ahora que salimos a denunciar. En las últimas 48 horas hubo seis homicidios y hay barrios enteros dominados por la delincuencia”, sostuvo.
En tanto, el asesor en seguridad del PN, Álvaro Garcé, aseguró que “es muy claro que los fiscales, desde la implementación del Código del Proceso Penal, tienen una sobrecarga de trabajo que está dificultando la administración de justicia, por lo que entendemos que es necesario dar más recursos a la Fiscalía y al Poder Judicial”. Garcé sostuvo que esto no iría en desmedro del ahorro que el PN se propone, porque no se trata de un gasto superfluo: “La administración de Justicia es un cometido esencial del Estado; no es ahí donde hay que ahorrar”.
Por su parte, el senador Javier García dijo a la diaria que el gobierno “se está quedando sin agenda y sin propuestas”, y toma las de ellos, que las criticaba. Además de la idea de reforzar las comisarías, García aseguró que ahora el FA propone un control con la cédula de identidad. “Leal había planteado que era como volver a la dictadura, y ahora descubrieron que es un buen instrumento de patrullaje. Hay que escuchar y esperar dos semanas porque dicen todo lo contrario” a lo que habían afirmado, esgrimió el senador. “El gobierno no tiene autoridad para hablar de seguridad. Ha dejado el país con los mayores registros de violencia y criminalidad de la historia del país”, remató.