Finalmente, luego de varias idas y vueltas, vio la luz el programa único del Partido Colorado (PC) de cara a las elecciones del 27 de octubre. A priori, el tema que más ruido generó entre Batllistas (el sector de Julio María Sanguinetti) y Ciudadanos (el del candidato, Ernesto Talvi), al menos en público, fue el de seguridad. Pero, curiosamente, las modificaciones o los agregados en el capítulo de seguridad del programa original que presentó Ciudadanos antes de la elección interna no vinieron del sector del ex presidente, sino del de Talvi, en particular, de la mano de Andrés Ojeda, uno de los asesores de seguridad del candidato (que antes de las internas integraba Batllistas).
Uno de los cambios en el programa único es el relativo al Nuevo Código del Proceso Penal (NCPP). En el programa de Ciudadanos se señalaba que “el buque insignia” del NCPP, el Proceso Ordinario oral y público, “se debe aplicar con más asiduidad o, al menos, disminuir considerablemente la aplicación del Proceso Abreviado”. Además, se aseguraba que “la reforma instaurada para evitar que el juez se convierta en juez y fiscal terminó convirtiendo al fiscal en fiscal y juez”. Por eso, “para subsanar este inconveniente”, proponían varias enmiendas al NCPP. Sin embargo, en el programa único se dice que no se puede perder de vista que el NCPP “no tiene ni siquiera dos años de vigencia en su aplicación”. “Antes de precipitarse e incorporar parches legales, resulta imperativa una etapa de necesario monitoreo. Al realizar modificaciones, se debe tener una mirada integral y profunda de la situación, razón por la cual no nos podemos guiar por casos puntuales, excepcionales, por más estridentes que parezcan o más repercusión que tengan”, se sostiene en el programa.
De todos modos, para el PC, el Proceso Ordinario oral y público se debe “aplicar con más asiduidad”, ya que en al actualidad “sólo el 5% de procesos llegan al juicio ordinario”. “Sin perjuicio de ser una cifra mayor a la de muchas legislaciones comparadas a menos de dos años de la reforma, esta cifra debe ser incrementada si queremos equilibrar el sistema. Por tanto, incentivaremos su aplicación con el objetivo de que no sea visualizado por los operadores como un camino de excepción”, se agrega.
En diálogo con la diaria, Ojeda dijo que el NCPP “es un avance” y que por eso él lo ha “defendido”. Agregó que, “obviamente, hay un montón de ajustes de aplicación para hacer”, pero que “no necesariamente llevan a modificaciones legislativas automáticas”. Es más, a su juicio, “las reformas que ya se le hicieron han sido negativas”. “Se reforma al grito de la tribuna, a veces irresponsablemente y, en general, por propuestas del Ministerio del Interior (MI). Porque la reforma más grande que hubo del NCPP, hace poco, la que permite al juez proponer pruebas y demás, que para mí fue nefasta, fue propuesta por el MI, que ha sido el peor crítico del NCPP, porque le ha echado la culpa hasta del hambre en África. Pero el NCPP no tiene la culpa. La mala gestión es del MI”, sostuvo Ojeda.
Libertad vigilada y el Código Penal
Otra incorporación en el programa único del PC es la “derogación o limitación de la libertad vigilada”. El texto dice: “Sin perjuicio de ser fuertes defensores de la aplicación de medidas alternativas a la prisión, entendemos como altamente inconveniente el instituto de la libertad vigilada (ley 19.446), ya que en la actualidad no sólo no se verifica su cumplimiento, sino que suele ser una herramienta para acordar penas efectivas inferiores al mínimo legal para el delito en cuestión”. Por eso, el PC apoya el estudio de su derogación o, mientras tanto, “modificaciones tales como la recientemente aprobada por el Parlamento a propuesta de la Comisión para el Seguimiento de la implementación del Sistema Procesal Penal”: “Limitar su aplicación a aquellos casos en que la pena impuesta sea de prisión o no supere los tres años de penitenciaría, exceptuando expresamente la rapiña”.
“Sigo sin comprender qué se pretende con las libertades vigiladas, porque no tiene demasiado sentido que cumplas parte de tu pena en libertad a cambio de nada. Que en una condena de un proceso abreviado ya estés previendo un tramo de la condena en libertad, con el solo objetivo de lograr acuerdos, desvirtúa el sistema”, aseguró Ojeda.
En el programa único de PC también se incorporó la propuesta de reformar el Código Penal, ya que es de 1933 y “en las décadas sucesivas se le realizaron múltiples modificaciones parciales, que le han generado sustanciales inconsistencias”. “Debemos tener una mirada integral con decisiones claras sobre la política criminal global que queremos promover, viendo en su totalidad al sistema penal y lo que pretendemos de él a la hora de hacer ajustes. Esto significa terminar con los parches legales y realizar modificaciones que sean verdaderas reformas. Por tanto, estudiaremos la realización de una reforma global del Código Penal para actualizarlo a los tiempos corrientes”, se señala en el texto. Pero en el programa no se especifica cuáles serían esas modificaciones. Ojeda dijo que no puede ponerse a escribir en un programa “todas las reformas” que le quiere hacer al Código. No obstante, señaló que “no hay una correcta relación entre las penas”. Por ejemplo, señaló que la mínima por rapiña es de cuatro años, mientras que la mínima por homicidio es de 20 meses. “Yo no digo que haya que mover para un lado o para el otro, pero sí que hay que armonizarlo”, agregó.