El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) decidió rescindir el contrato de arrendamiento del campo de 49 hectáreas en la colonia Benito Nardone que tenía con el intendente de Maldonado, el nacionalista Enrique Antía.
Según publicó el semanario Búsqueda, la decisión fue tomada a través de dos resoluciones, el miércoles 4 y 11 de setiembre, y entre otras cosas, el organismo argumentó que el intendente no residía en el predio y tenía ingresos por fuera de la explotación agropecuaria, por lo que no cumplía algunas de las condiciones que se exige para ser colono.
Antía es el segundo político blanco con el que el INC rescinde el contrato: ocurrió un proceso similar en 2018 con el senador Álvaro Delgado, que usufructuaba un campo de 339 hectáreas en Paysandú.
A su vez, el INC también se expresó sobre el caso del intendente de Flores, Fernando Echeverría, quien arrienda un campo de 90 hectáreas en ese departamento. Según el semanario, el organismo resolvió que de prolongarse su actividad pública, deberá devolver las fracciones que arrienda.
Por el caso, Antía comenzó una acción de nulidad contra el INC en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, explicaron desde el entorno del intendente.
Al respecto, la presidenta del INC, Jacqueline Gómez, dijo a la diaria que los colonos “siempre pueden recurrir al marco judicial”, ya que “es un derecho de las personas”.
Gómez dijo que el caso de Antía está siendo analizado desde 2017 y ahora se tomó la resolución junto a cuatro más. “Hubo un espacio de vista. Antes de que se tomara la decisión se informó al colono de las inspecciones y de cómo venía el conjunto de la información que disponíamos. Él [Antía] hizo sus descargos y el INC entendió que no aportaban a aclarar sobre el incumplimiento”, dijo.
Gómez aseguró que desde hace muchos años Antía lleva adelante actividades que “van en desmedro de atender al campo”. “Hace años que se desempeña en un cargo público. También es importante destacar que la empresa que maneja tiene una superficie bastante importante en un departamento en el que el valor de la tierra es alto. La sociedad uruguaya no tiene por qué darle un subsidio a una persona con estas características. Las políticas subsidiarias son para focalizar en la producción familiar. Las tierras del instituto son para vivir y trabajar”, argumentó.
Rodrigo Herrero, integrante del directorio representante de la oposición, dijo a la diaria que se abstuvo en la votación porque considera que el proceso está viciado de nulidad. Herrero alegó que en las primeras actuaciones se aplicó un decreto del Poder Ejecutivo (N° 321/016) que obliga al INC a rescindir los contratos en los casos de incompatibilidad, algo que consideró una injerencia del Ejecutivo en el instituto.