Ayer continuaron en Washington las audiencias por el juicio que la minera Aratirí entabló contra el Estado uruguayo por 3.536 millones de dólares. En el litigio participan como expertos el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, y el ex ministro de Salud Pública Carlos Delpiazzo, ambos contratados por el estudio Ferrere, que ejerce la defensa de la empresa minera. Está previsto que Alfie, quien redactó un informe sobre aspectos relativos a las inversiones en Uruguay, declare este jueves. Ayer, en conversación con el periodista Nicolás Lussich en Radio Carve, Alfie insistió en que el informe que realizó es “objetivo”, aunque admitió que “puede ser” que el estudio Ferrere lo convoque para respaldar su argumentación en defensa de Aratirí. Además, Alfie ratificó lo manifestado el domingo a la diaria respecto de que el estudio que defiende a Aratirí le mandó los pasajes, aunque comentó que no sabe quién los paga.
El domingo en Twitter, el ex ministro de Economía sostuvo que asistía a Washington por requerimiento del Estado uruguayo, y luego tanto él como el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, insistieron en este punto en entrevistas periodísticas. “El gobierno electo lo que presenta es absoluta confianza en la capacidad técnica y profesional [de Alfie], pero además en su sentido de servicio a la patria. Es un tema profesional que no hace a la cuestión y además, sorprendentemente, quien pide que vaya a dar testimonio es el Estado uruguayo. Todavía no sé por qué, lo preguntaremos en su momento”, dijo Delgado a Telemundo. Según supo la diaria, la representación del gobierno uruguayo quiere que Alfie exponga en la audiencia porque su informe se utiliza en defensa de Aratirí en el juicio y desean señalar presuntas inconsistencias en él.
La senadora nacionalista Graciela Bianchi se sumó a Delgado y a otros dirigentes blancos y colorados y defendió la actuación del ex ministro de Economía de Jorge Batlle. “Como ciudadana de un país respetado por su institucionalidad, es un orgullo que técnicos del nivel de Isaac Alfie y Carlos Delpiazzo sean escuchados por tribunales internacionales. Si Uruguay pierde es porque sus gobernantes se equivocaron”, escribió en Twitter.
En cambio, ayer, tras la reunión del Secretariado del Frente Amplio, el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, cuestionó la actitud de Alfie y valoró, al igual que lo había hecho el senador frenteamplista Charles Carrera, que en este caso puede haber conjunción del interés público con el privado. Miranda remarcó que Alfie está contratado “por el demandante contra el Estado uruguayo, quien paga sus honorarios y financia su traslado a la audiencia en la que está en este momento”. “Los peritos tienen que hacer un dictamen objetivo, pero dígame qué perito es capaz de hacer un informe que no proteja los intereses de aquel que lo contrata como perito y que además paga sus honorarios”, afirmó. Concluyó que el tema “ético” y “político” no es que Alfie haya participado como perito, “sino que haya sido designado como director de OPP aquel que está participando en un juicio de un lado”.
Representación de Aratirí acusa violación de confidencialidad
Los abogados del estudio Ferrere acusaron ayer durante las audiencias al gobierno uruguayo de filtrar documentación a la prensa y de violar, por tanto, la confidencialidad pactada para este juicio, según supo la diaria. La representación del gobierno uruguayo contraatacó señalando que fue el propio Alfie quien violó la confidencialidad, al informar al presidente electo, Luis Lacalle Pou, sobre su participación en el juicio, y al publicar en Twitter las “instrucciones” que el estudio Ferrere le dio para la elaboración de su informe.
Según consta en un decreto emitido por el Poder Ejecutivo en setiembre de 2018, que clasificó como confidencial toda la información intercambiada en el juicio, esta decisión se ampara en el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, que rige el litigio, y en la orden procesal dictada por el tribunal arbitral del juicio el 24 de abril de 2018, que dispuso que “toda información intercambiada o presentada en el procedimiento será confidencial y no se revelará a ningún tercero”. De todos modos, este cruce en la audiencia no tendrá efectos en el tema de fondo del litigio.