El 26 de octubre se realizará la sexta reunión del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de 2014, creó esta instancia con el fin de elaborar un “instrumento jurídico internacional vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas en relación a los derechos humanos”, según consta en la propia resolución. Seis años después, el carácter transnacional de las empresas a ser reguladas parece haberse convertido en una característica sin relevancia.
El espíritu inicial de aquella resolución, impulsada por Ecuador, Sudáfrica y otros países, fue regular la actividad de las empresas transnacionales a raíz de los casos notorios de violaciones a los derechos humanos en la región por parte de esas corporaciones. En muchos casos, además, este tipo de empresas evade sus responsabilidades por desastres ambientales u otras afectaciones refugiándose en su compleja arquitectura institucional.
Sin embargo, en el transcurso de las discusiones en la ONU, el carácter “transnacional” de las empresas se fue diluyendo y el último borrador, aprobado en agosto de este año, establece que el acuerdo se aplicará a todas las empresas, incluyendo a las pequeñas y medianas (pymes) –a las que el Estado deberá proveer de incentivos para cumplir con el tratado– y a las estatales, tengan o no actividad internacional.
“El texto actual va en sentido contrario a lo que nosotros aspiraríamos. Las empresas transnacionales son las que más capacidad tienen de violar los derechos humanos. Han quedado de lado obligaciones directas para las empresas transnacionales, es un documento estadocéntrico”, cuestionó Alberto Villareal, de Redes-Amigos de la Tierra, durante un conversatorio regional de la sociedad civil de América Latina sobre este tema realizado el miércoles 14 de octubre en forma virtual.
En una declaración pública difundida el 27 de agosto, la Campaña Global de organizaciones y movimientos de la sociedad civil para “desmantelar el poder corporativo” ya había alertado sobre la gravedad de que “se mantenga y se exacerbe la ampliación del ámbito de aplicación a todas las empresas, sin distinción”, ya que de esta forma se diluye “de forma extrema el propósito histórico del instrumento”. “Estamos frente a un borrador de tratado en gran parte vaciado de su alcance transnacional, es decir vaciado de su razón de ser”, cuestionaron.
En el conversatorio de esta semana participaron, entre otras organizaciones, la Confederación Sindical de las Américas y organizaciones sindicales de Panamá, República Dominicana y Perú, Amigos de la Tierra, el Transnational Institute (TNI), PODER, el Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica y la Alianza Mexicana contra el Fracking. También estuvieron escuchando la discusión representantes de la cancillería mexicana y de la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Alejandra Scampini, de PODER, abrió la discusión y destacó que es la primera vez que existe la posibilidad de desarrollar “un instrumento que corte con la impunidad de las empresas”.
Villarreal cuestionó el papel de las empresas transnacionales en la región, y sostuvo que muchas de ellas han sido “un peligro, una amenaza para el orden democrático y el Estado de derecho”. Mencionó el rol que algunas de estas compañías jugaron en los golpes de Estado contra gobiernos progresistas en la región, como en el caso de Brasil y Bolivia.
Sólo buenas intenciones
Por otra parte, las organizaciones cuestionan que el borrador establezca numerosas obligaciones para los estados, pero no haga lo propio con las empresas.
La propuesta de tratado contempla un proceso de “debida diligencia”, que implica identificar y evaluar violaciones actuales o potenciales de derechos humanos que pueda generar la actividad de la empresa; tomar medidas apropiadas para prevenir y mitigar los impactos; monitorear que estas medidas se cumplan; y comunicar de manera regular a los accionistas y a las personas potencial o efectivamente afectadas las acciones que se están tomando. Los estados serán los responsables de que las empresas cumplan con estas disposiciones, y al mismo tiempo deben asegurar que las corporaciones incluyan la integración de la perspectiva de género y consulten a las comunidades, y en particular a las mujeres afectadas, así como a las poblaciones indígenas.
En el conversatorio, distintos activistas advirtieron que el concepto de debida diligencia no es útil para prevenir las violaciones de derechos humanos, ya que no implica que haya prevención y menos aún reparación de los daños. Además, puede incluso habilitar a las empresas a escapar de su responsabilidad, dado que podrían argumentar que cumplieron con la debida diligencia para no hacer frente a sus obligaciones.
Acceso a la Justicia y nueva institucionalidad
El proyecto de acuerdo busca asegurar el acceso a la Justicia y la reparación efectiva a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. Las empresas transnacionales en muchos casos utilizan sus estructuras societarias complejas para evadir sus responsabilidades legales. Fue el caso, por ejemplo, de la empresa Chevron (Texaco) en Ecuador, que derramó más de 80.000 toneladas de residuos de petróleo en el lago Agrio. La Justicia ecuatoriana demoró ocho años en darles la razón a las comunidades indígenas afectadas y condenó a la empresa a pagar una indemnización, pero Chevron no tenía activos en Ecuador y la deuda no podía cobrarse de los activos que tenía en otros países.
El borrador de acuerdo establece que las causas por violaciones a los derechos humanos por parte de empresas deberán desarrollarse en el país donde ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, en el país donde se produjo el acto u omisión que contribuyó a que esa violación ocurriera o en el país donde están domiciliadas las personas naturales o legales que cometieron dicho acto u omisión. Si las víctimas presentan una denuncia ante una corte sobre estas bases, “la jurisdicción será obligatoria y por lo tanto las cortes no podrán declinarla”.
El acuerdo a estudio de la ONU establece derechos de las víctimas que ya están consagrados en otros acuerdos, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de opinión y expresión, el derecho de reunión y asociación, así como el efectivo acceso a la Justicia, incluida la ayuda legal y la protección contra intimidaciones en el transcurso de las causas.
Dispone que los estados deberán investigar todas las violaciones de derechos humanos contempladas en el acuerdo y tomar acciones contra las personas naturales o legales responsables, de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales. Además, deberán otorgar asistencia legal a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en caso de que el juicio se desarrolle en otro país.
Nueva institucionalidad
El borrador de tratado también crea un comité de 12 expertos, electos por los estados, que deberán ser competentes en el área de derechos humanos y derecho internacional público. Los estados deberán remitir al comité informes sobre las medidas que han adoptado para cumplir con el acuerdo, y el comité podrá hacer recomendaciones y observaciones.
Además, el tratado crea un Fondo Internacional para las Víctimas que proveerá ayuda financiera y legal a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de empresas.
Las disputas entre estados se dirimirán en la Corte Internacional de Justicia o mediante otro mecanismo de arbitraje que acuerden los países.
Que no decaiga
Para la diputada frenteamplista Lilián Galán (Movimiento de Participación Popular), quien participó activamente en el proceso de discusión del tratado vinculante, no hay que perder de vista que la situación política de América Latina cambió mucho respecto de 2014, cuando comenzaron las discusiones. En el contexto actual, consideró la legisladora, “va a ser mucho más difícil concretar una aspiración tan importante como la que se venía planteando”. Ecuador, que fue uno de los países impulsores del tratado, con el gobierno actual encabezado por Lenin Moreno hoy se muestra reticente a involucrarse en la discusión.
La diputada coincidió con las organizaciones sociales y sindicales en que el borrador de tratado en discusión “está muy recargado sobre los estados” y “no refleja el objetivo primero que tenía este grupo de trabajo”, ya que no toma en cuenta que son las empresas transnacionales las que tienen mayor capacidad de violar los derechos humanos.
“Lo principal en este momento es que esta iniciativa no muera, que no sea traicionada. La prioridad tiene que estar en que este grupo de trabajo siga existiendo y que sostenga esa idea fuerza que le dio origen: poner límite al poder corporativo, a sus privilegios, que los estados y las organizaciones sociales puedan denunciar las capturas y la coerción que sufren”, concluyó Galán.