A inicios de esta legislatura se decidió volver a tratar un proyecto de ley presentado en el período pasado por legisladores del Movimiento de Participación Popular para que los inmuebles vacíos o sin uso propiedad del Estado pasen al Ministerio de Vivienda y al Instituto Nacional de Colonización (INC). Lo conversado entre oficialismo y oposición era limitar la iniciativa a los predios rurales –ya que en la ley de urgente consideración (LUC) se incluyó una disposición para los inmuebles urbanos–, pero el Partido Nacional (PN) pidió primero no tratar el tema en el plenario y la semana pasada informó en comisión que por el momento no estarán los votos de la coalición.
Desde la oposición, la senadora del MPP Lucía Topolansky se quejó por lo sucedido: “Me descorazona esto porque hubiera preferido que lo dijeran de entrada y no perdíamos tiempo trabajando. Es el único proyecto de ley que va a salir este año de esta comisión y va para atrás. Es tremendo. Pero, bueno, son las leyes del juego”, dijo en la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Los senadores blancos plantearon dudas jurídicas sobre la conveniencia de “avanzar sobre [inmuebles propiedad de] entes autónomos y servicios descentralizados” –el proyecto abarca a estos y al Estado central– e informaron que el gobierno pretende incluir en la ley de presupuesto “una norma para todos los organismos de la Administración Central”, que permita hacer caja con los inmuebles o predios sin uso. Esto último, tras un pedido que hizo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, de generar un fideicomiso con la venta de inmuebles que hoy tiene la cartera y construir cárceles, informó el senador Carlos Camy.
Topolansky explicó que el proyecto se desarchivó en marzo porque “entendíamos que la iniciativa era interesante y nunca pensamos que tuviera objeciones”. Repasó que luego de aprobarse la LUC se modificó el texto para limitarlo a las tierras sin uso que tiene el Estado, y que el planteo es un camino para dotar de recursos al INC, organismo que sufre un “recorte en el presupuesto que está a consideración”. En referencia a Colonización, dijo que “se lo abastece de dos formas: con rubros, que se recortan ahora, y con tierras ociosas del Estado, que es lo que se propone con esto”.
Tras desarchivarse, el periplo del proyecto comenzó con su retorno a la Comisión de Vivienda del Senado, donde ya había sido analizado en 2019. En un principio se iba a aprobar en comisión en la sesión del 1° de setiembre, pero Camy pidió aplazar su tratamiento una semana. A la reunión siguiente se puso a consideración y tuvo cinco votos afirmativos –los tres del Frente Amplio, más el colorado Luis Pintado (suplente de Germán Coutinho) y el cabildante Raúl Lozano–, no habiendo asistido (con aviso) Camy ni su compañera de partido Gloria Rodríguez. Así llegó al plenario de la Cámara de Senadores, donde el PN pidió que volviera a comisión, y ahora el oficialismo optó por postergar su aprobación y trabajar en una nueva iniciativa que pueda votarse más adelante.
“No iría a las apuradas, lo dejaría en comisión, le haría aportes, citaría gente y buscaría el consenso para poder presentar un proyecto en el plenario que termine saliendo por unanimidad”, planteó el colorado Coutinho y recibió el apoyo de los legisladores de la coalición. El senador añadió que “es necesario una mayor utilidad de la cantidad de capital que tiene el Estado” y se deben “buscar posibilidades para que cada cosa funcione de acuerdo a los intereses de las nuevas autoridades”.
A su vez, Camy mencionó que otro aspecto considerado para no dar el apoyo es la inconveniencia de sancionar “una ley que en los hechos puede ser derogada por el presupuesto”. Con esto hacía referencia a que, según dijo, Larrañaga le comunicó que el Ministerio del Interior “está trabajando en un proyecto puntual de transformación patrimonial de los inmuebles rurales de su cartera”, y que se estudia incluir dentro del presupuesto disposiciones similares para todos los ministerios. El proyecto presupuestal está siendo votado en Diputados, pero cuando ingrese al Senado el gobierno puede incorporar artículos.
Larrañaga hizo declaraciones en ese sentido. Días atrás señaló que pretende construir cuatro nuevas cárceles y en parte los recursos saldrían de la venta de inmuebles que son propiedad del Ministerio del Interior.
Tras escuchar los argumentos de los legisladores de la coalición, la senadora Topolansky expresó su “total discrepancia”. Respondió ante el planteo general de Coutinho que el proyecto “tiene un destino absolutamente específico, que es el INC”, y que hasta ahora “no hay ningún artículo” del presupuesto que tenga relación con la norma a estudio sobre inmuebles rurales en desuso.
“Soy consciente de que el partido que represento en esta comisión es minoría. El proyecto puede quedar acá; no hay nada más para hacer hasta que a alguien se le ocurra alguna idea. Podemos seguir pensando y dando vueltas al asunto; no me voy a cerrar a eso, pero considero que nos estamos perdiendo una oportunidad”, concluyó la ex vicepresidenta.