Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y académicas de América Latina y el Caribe “dedicadas al estudio de políticas públicas de internet y a la defensa de derechos fundamentales” remitieron una carta pública a la Cámara de Senadores en la que expresan “preocupación por las disposiciones establecidas” en el proyecto de ley de presupuesto. En particular, señalan lo que establece el artículo 671, que faculta a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) a “adoptar medidas sancionatorias y preventivas tendientes a impedir la difusión de contenidos audiovisuales por razones de derechos de autor”.
Según los firmantes, en diversas oportunidades organismos internacionales de defensa de los derechos humanos “han advertido sobre el impacto de medidas desproporcionadas” para proteger el derecho de autor “mediante esta clase de mecanismos, que carecen de las garantías apropiadas, por cuanto se penaliza a usuarios sin la intervención de un entidad independiente que pueda analizar otros elementos probatorios más allá de los esgrimidos por el denunciante”.
Explican que quitar contenidos de internet “sin una decisión de una autoridad judicial -aun cuando exista la posibilidad de apelación ex post por parte de los usuarios-”, es una acción contraria a los principios y recomendaciones para la protección de derechos fundamentales en línea.
Para las organizaciones “esta clase de modificaciones con riesgos para la vigencia de los derechos fundamentales necesitan de un debate informado con participación de las múltiples partes interesadas, algo que resulta imposible en el marco de la sanción del presupuesto nacional”.
Entre los firmantes están Amnistía Internacional Uruguay, Observacom, Fundación Vía Libre, Laboratorio de Datos y Sociedad, Creative Commons Uruguay, Hermandad pro derechos, Cieenpre Juntos, Data, Cotidiano Mujer, Cainfo, El Abrojo y la Red de Gobierno Abierto de Uruguay, entre otros.