Para los senadores de la coalición de gobierno comienza una semana de negociaciones y definiciones sobre el proyecto de ley de presupuesto. Al trabajo diario en la Comisión del Senado, la bancada del Partido Nacional (PN) suma la tarea de dialogar con los socios para alcanzar los votos necesarios y aprobar el segundo megaproyecto legislativo del gobierno –el primero fue la ley de urgente consideración (LUC)–.
En esa tarea surgen algunos obstáculos y asuntos a debatir, varios con foco en el sector público y su funcionamiento, como la forma de recuperación salarial para los trabajadores, los cambios al régimen de certificaciones médicas y el sistema de liquidación de viáticos. El senador del PN e integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Sergio Botana dijo a la diaria que hay “buena voluntad” entre los partidos que integran el oficialismo para llegar a un acuerdo.
Comentó que en los próximos días comenzarán a “deshojar la margarita”, en referencia a la negociación de los distintos temas del presupuesto, y sabe que algunos serán motivo de debate. “Los distintos sectores [dentro de la coalición] opinamos, discutimos y en algunos temas nos afirmamos más que en otros. Pero nos escuchamos y tenemos el compromiso de resolver; hasta ahora no vi ninguna actitud de nadie que se haya puesto de punta”, señaló.
Botana destacó el trabajo hecho por los diputados oficialistas, que ya negociaron y modificaron algunas disposiciones del presupuesto. Sin embargo, está descontado que el proyecto sufrirá cambios en el Senado, en un caso atendiendo un reclamo hecho por el sindicato de trabajadores públicos y en otros por el desacuerdo entre los socios de la coalición a votar lo que vino de Diputados. El presupuesto “evoluciona en la segunda cámara respecto de la primera”, indicó Botana.
Compromiso de que habrá recuperación salarial
El artículo 4 del presupuesto es el que dispone cómo será el ajuste salarial que tendrán los trabajadores públicos durante el período. Allí se establece un cambio de metodología de ajuste a partir de 2022, cuando comenzarán a otorgarse aumentos en función de la inflación proyectada por el gobierno –hasta ahora se daba un aumento en enero por la mitad del rango meta y al año siguiente se pagaba la compensación por la diferencia–.
Según expresó el viernes una delegación del PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte que acudió a la Comisión del Senado, la propuesta no aclara cómo se recuperará la pérdida de salario en 2021 y al final del período estiman una caída de 5% en el poder de compra –tomando la inflación proyectado por el gobierno–.
Joselo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), dijo que “con dos modificaciones [en el artículo 4] podrían generarse condiciones para llegar a la firma de un convenio colectivo”. Por un lado, los trabajadores piden que se incluya en la redacción cómo será la recuperación salarial en los años 2022, 2023 y 2024. Botana dijo que “tiene fe” en lograr que se atienda este reclamo y habrá gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas: “Como ya está la intención de que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo, habrá que escribirlo expresamente y ver a qué redacción podemos llegar”.
Donde no hay sintonía es en el otro pedido de COFE, que rechaza que la variable para medir la recuperación salarial sea un promedio de los sueldos dentro del gobierno central –lo que se compara con la inflación para ver qué porcentaje debe otorgarse para equiparar–. “El indicador que hay que utilizar es el IPC [Índice de Precios del Consumo]”, reclamó el economista Pablo da Rocha, del Instituto Cuesta Duarte, porque el promedio esconde inequidades entre funcionarios y no asegura que la recuperación sea para todos.
El debate sobre este último asunto se centró en que como los soldados serán los únicos dentro del Estado que tendrán un aumento diferencial, elevarán el promedio distorsionando la medición. Este argumento fue mencionado por Botana para rechazar lo planteado por la delegación sindical, ya que entiende “una contradicción” que se advierta por los efectos de un ajuste que va al personal con los “salarios más sumergidos” dentro del ámbito público.
Voces discordantes sobre el cambio a las certificaciones médicas
Desde que se conoció el proyecto de presupuesto del gobierno el asunto de las certificaciones médicas causó polémica. El objetivo expresado por las autoridades fue emparejar el sistema que rige para los funcionarios públicos con el de los privados, pero en el pasaje por Diputados ya hubo modificaciones, y la negociación continuará en el Senado.
La propuesta original, impulsada por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), era que los tres primeros días de certificación médica sean descontados del salario y que desde el cuarto se pague 75% del sueldo. A propuesta del diputado colorado Conrado Rodríguez, se incorporó que los trabajadores tengan derecho a dos días al año de licencia médica (acumulables si no se usan) cobrando 100%, y luego sí aplicar el descuento de 25%.
Pero en el Senado el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, adelantó que está en contra del descuento de tres días. “Se deberían estipular controles efectivos y serios, además de ser muy severos con quienes realmente abusen, pero no descontar a quien realmente pueda estar enfermo”, dijo esta semana en la Comisión del Senado. Así las cosas, el director de la ONSC, Conrado Ramos, dijo en el Parlamento que no están los votos de la coalición para aprobar este cambio, pero “la idea no es retirar el artículo”, sino negociar una nueva fórmula con los socios.
Botana dijo que tampoco le convence el planteo que llegó al Senado. Expresó que el acuerdo a la interna del oficialismo es que “debe buscarse la forma de eliminar los abusos” en torno a las certificaciones médicas, y “si el que se plantea no es el mecanismo idóneo, que a varios nos parece que no, habrá que encontrar uno que no perjudique a los trabajadores que no hacen un abuso, y son la mayoría”. El senador del PN dijo que ya conversó con los restantes partidos de la coalición multicolor del tema, pero no quiso detallar si se dejará de lado el descuento de tres días o se reducirá (a un día o dos).
La liquidación de viáticos en un limbo
En 2019 el Parlamento votó una ley que reguló el otorgamiento y el uso de viáticos por parte de los funcionarios públicos, pero a final del año se aprobó por unanimidad postergar la vigencia hasta 2021. El proyecto de presupuesto del gobierno incluyó un artículo que deroga una disposición de esa ley que obliga a los funcionarios a presentar “la documentación respaldante de los gastos incurridos”, pero finalmente no se aprobó en Diputados.
El Senado retomará el tema y, según Botana, se buscará alcanzar un acuerdo con la oposición. “Hay que encontrar un mecanismo [para rendir cuentas por los viáticos] que no complique más desde el punto de vista administrativo”, señaló, y se mostró favorable a estudiar una nueva postergación de la ley.
En la Comisión del Senado, López, de COFE, se pronunció en un sentido similar: “No se está entendiendo las dificultades que eso genera en gran parte de los organismos públicos, sobre todo en aquellos que tienen permanentemente traslados, como choferes de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] o inspectores, a lugares donde muchas veces no se puede conseguir la boleta que se necesita para una rendición de cuentas de ese viático”. El dirigente sindical advirtió a los legisladores que si no se aprueba ningún cambio entrará en vigencia la ley y habrá “un lío más grande”, por lo que pidió al sistema político consensuar “una solución de fondo” al tema.