La llegada a Uruguay, este fin de semana, de dos aviones Hércules que el gobierno compró a España por 22 millones de euros para “modernizar” la flota de la Fuerza Aérea y “garantizar la soberanía” —según explicó el ministro de Defensa Nacional, Javier García—, generó críticas de la oposición. Luego de que el gobierno defendiera la compra y la necesidad de la operación, el Frente Amplio (FA) analiza convocar a García al Parlamento para pedirle que amplíe las explicaciones.
El anuncio por parte de las autoridades data de setiembre, cuando el ministro de Defensa informó al comparecer ante el Parlamento que había un acuerdo con el gobierno de España para la compra de los aviones Hércules C-130 H, tras las gestiones hechas por el canciller Francisco Bustillo, que hasta asumir en julio su actual cargo se desempeñó como embajador en el país europeo. García fundamentó que “no se pueden disimular las carencias” en materia de equipamiento militar, y que se estaba cerca de la “indefensión”, ya que sólo 36% de la flota de la Fuerza Aérea está en condiciones de operar.
La compra avanzó y fue avalada dos semanas atrás por el Tribunal de Cuentas, órgano que se expide acerca de la legalidad del proceso. La votación fue dividida, según supo la diaria, dado que los ministros del tribunal designados por los partidos de la coalición apoyaron el procedimiento de compra y dos de los tres designados por la oposición pusieron reparos —el restante de los ministros se encontraba de licencia—.
La argumentación de la minoría del Tribunal de Cuentas se centró en tres aspectos: la modalidad de compra directa “catalogada como secreta”, en lugar de un acuerdo entre gobiernos por montos complementarios; que en el contrato entre las partes se estableció que España “no asumía responsabilidad” por el estado de los aviones; y que se fijaba un pago de 11 millones de euros este año sin establecer la fecha de entrega de las aeronaves.
Respecto de la garantía, este domingo el diputado frenteamplista Gerardo Núñez difundió parte de la argumentación de los ministros del Tribunal de Cuentas, donde se menciona un informe del 2 de diciembre de la Asesoría Jurídica de la Fuerza Aérea. “A los efectos de la suscripción del acuerdo de enajenación, no se aceptó por el Reino de España la intervención de un tercero en caso de controversia. Asimismo, el Reino de España si bien entregó el objeto del contrato ‘as is’, es decir en el estado en que se encuentra, no acepta responsabilidad ni brinda garantía alguna sobre los mismos, extremo objetable”, dice el documento.
En diálogo con la diaria, el ministro del Tribunal de Cuentas Francisco Gallinal (designado por el Partido Nacional) dijo que votó de forma favorable el gasto “porque se cumplieron todos los pasos que establece el TOCAF”, el texto normativo que fija las condiciones de los procesos de compras y contrataciones en el Estado. Explicó que se tomó en consideración el informe de la Fuerza Aérea sobre la garantía de los aviones, y aclaró que el responsable es el fabricante estadounidense y no el gobierno español.
“El sistema para la venta de aviones prevé que el fabricante, que es de Estados Unidos, cuando se revendan debe dar el visto bueno y es quien mantiene la garantía por todos los aspectos relativos al avión”, señaló Gallinal. En ese sentido, afirmó que la compañía estadounidense dio el aval y los Hércules “están totalmente garantizados, incluso mejor que si lo hubiera hecho el vendedor”.
El ministro del Tribunal de Cuentas también comentó que el gobierno transmitió que “había celeridad” en cerrar el acuerdo con España, porque este país debe cambiar su sistema de aviación según la normativa de la Unión Europea y “los aviones no se podían parar”. Dijo que mantuvo reuniones con autoridades del Ministerio de Defensa previo a que llegara el expediente al Tribunal de Cuentas y que “se hicieron tan bien las cosas que a la semana el Tribunal de Cuentas otorgó el visto bueno” para la compra. También destacó que Uruguay logró los aviones “a un precio especial, largamente por debajo de lo que había disponible en el mercado”.
Esto último fue expuesto por parte del Ministerio de Defensa como respuesta a un pedido de informe que presentó el diputado frenteamplista Núñez: “Hubo estudios en busca de otras aeronaves C-130 en el mercado, recibiendo ofertas a fin del año 2019 de la empresa IAI a un precio de 38.000.000 de dólares por 1 avión C-130 H. También se analizaron otros tipos de aeronaves que pudieran cumplir con los requerimientos y capacidades parecidas a las del C-130, encontrando opciones en el mercado que no completaban las necesidades requeridas penalizando autonomía; alcance; o capacidad de carga en peso o volumen”.
FA criticó la oportunidad del gasto y ministro recordó compra de 2014
El diputado Núñez dijo a la diaria que tiene “dos grandes cuestionamientos” sobre la adquisición de las aeronaves. Por un lado, “la oportunidad de la compra, porque el Estado desembolsa 22 millones de euros en medio de una situación de crisis sanitaria y económica brutal, en que se han recortado políticas sociales y se les pide un ahorro a los uruguayos”.
Sostuvo que en ese marco, resulta contradictorio que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haya exceptuado a Defensa del tope de gasto establecido en marzo para que pueda abonar la primera cuota a España. Por otro lado, el diputado opositor hizo foco en que se haga una compra “sin garantía, de dos aviones con casi 50 años de uso”, y subrayó que esto fue marcado como un “extremo objetable” por la Fuerza Aérea.
Teniendo en cuenta estas críticas y las “respuestas insuficientes” del ministro a los pedidos de informe, Núñez enviará nuevas consultas a García y evaluará junto a los legisladores de la oposición convocar al jerarca a la Comisión de Defensa, a pesar del receso parlamentario. “El gobierno debe explicar cómo teniendo un informe de la Asesoría Jurídica de la Fuerza Aérea que dice que hay algo objetable se siguió adelante”, señaló.
Núñez agregó que el FA está considerando para tomar la decisión que “hay un llamado para funcionar lo menos posible por los casos positivos” de covid-19 que hubo en el Parlamento, pero también que “la oposición tiene un objetivo de contralor”.
Como respuesta a las críticas que hizo en Twitter el diputado frenteamplista por la compra de los dos aviones Hércules, García publicó un informe del Ministerio de Defensa de 2014 sobre la compra de dos aeronaves a Portugal. En un numeral que señaló el jerarca, se establece que la nación europea “no otorga” garantías “debido a que los bienes se entregan en la condición ‘as is’, o sea en el estado o condición que se encuentran a la fecha de la firma del contrato, condición aceptada por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya”. La modalidad de la adquisición es la misma que la fijada para los Hércules.
Consultado al respecto, Núñez dijo que “es una falta de respeto la lógica de que como antes se hizo algo que está mal”, ahora vuelva a hacerse. También recordó que García, en su rol de legislador opositor, citó al entonces ministro de Defensa del gobierno frenteamplista por la compra en 2018 de un avión multipropósito —conocido como el avión presidencial, que fue vendido por la nueva administración en octubre— e “hizo un escándalo por un millón de dólares”.