Luego de varias postergaciones, está previsto que en febrero de 2021 comience la fiscalización sobre el rotulado frontal de alimentos, normativa que obliga a que los productos con exceso de azúcar, sal y grasas tengan un octógono negro de advertencia. Esto quedó definido en setiembre, cuando el Poder Ejecutivo –tras varios meses de negociaciones internas– emitió un decreto que modificó el esquema aprobado por el anterior gobierno, que debía regir desde marzo y había sido postergado.
Sin embargo, según supo la diaria de diversas fuentes, próximamente saldrá un nuevo decreto que hará algunas modificaciones en los valores límite para definir la advertencia en los alimentos. La decisión surge de La Dirección de Industria del ministerio homónimo, se encargó desde el comienzo de la discusión sobre el etiquetado de llevar adelante las conversaciones con el sector privado.
Luego del decreto de setiembre, la Cámara de la Industria Alimenticia presentó un recurso ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Presidencia de la República en el que expuso algunas diferencias acerca de la redacción y los valores nutricionales tenidos en cuenta.
El decreto que prepara el gobierno modificaría el valor límite por cada 100 gramos en los alimentos sólidos: de 400 miligramos de sodio (sal) se elevaría a 500 miligramos; de nueve miligramos de grasas totales permitidas se pasaría a 13 miligramos, y de cuatro miligramos de grasas saturadas se subiría hasta seis miligramos. Básicamente, estos valores definen qué productos quedan abarcados por el etiquetado y cuáles no.
Además, respecto del decreto de setiembre, se incorporaría como excepción al medir el azúcar de los alimentos la lactosa y los azúcares presentes en las frutas y las verduras utilizadas como ingredientes en la producción.
El asunto del etiquetado de alimentos fue motivo de pujas en los primeros meses del gobierno entre el MSP y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), ya que si bien el decreto original data de 2018, nunca se llegó a implementar. El gobierno anterior dio un plazo de adaptación a la industria hasta marzo pasado, pero las nuevas autoridades postergaron la vigencia por 120 días y crearon una comisión interministerial para estudiar la situación.
Así se llegó a mediados de junio, cuando el gobierno comunicó que mantendría la normativa –lo que estuvo en duda– aunque con modificaciones, y comenzaría a fiscalizar en 2021. Eso quedó ratificado con el decreto de setiembre, que no introdujo cambios en la etiqueta de advertencia, pero sí en los criterios utilizados para definir el exceso de nutrientes.
“Antes se usaba un sistema que recomienda la Organización Panamericana de la Salud [OPS] que calcula la proporción de calorías por producto”, y en función de distintos porcentajes se define la advertencia, y ahora pasó a calcularse en función “de cuánta cantidad hay de nutrientes, con un límite diferente para sólidos y líquidos”, explicó en esa oportunidad a la diaria Gastón Ares, docente de la Facultad de Química y coordinador del Núcleo Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República. El nuevo decreto no plantearía modificaciones en los valores límite de los alimentos líquidos.
Los cambios serían “un paso atrás”, según especialista
Diego Rodríguez Sendoya, académico que integra la Alianza de Enfermedades No Transmisibles (ENT), dijo a la diaria que de concretarse los cambios que prepara el gobierno habrá “un paso atrás” en materia de etiquetado de alimentos.
“Esto viene por la presión de la industria. Hubo algunos subproductos que con el decreto que el nuevo gobierno modificó quedaron abarcados dentro del etiquetado y antes no lo estaban, aunque también es cierto que otros productos ganaban etiqueta [con la modificación de setiembre]. Pero la industria que quedaba dentro del etiquetado hizo presión al Ministerio de Industria, que es quien lleva la negociación”, manifestó.
Además, dijo que esto podría ser utilizado por el sector privado para pedir una nueva prórroga en la fiscalización, ante la realización de nuevos cambios en los productos abarcados. Las fuentes consultadas negaron que estuviera sobre la mesa una nueva postergación de la obligatoriedad.
Por otra parte, Rodríguez Sendoya señaló que mientras Uruguay se define respecto del etiquetado, hay avances en sentidos contrarios por parte de los países vecinos. Mientras Brasil definió “un etiquetado que no sirve, porque marca productos que tienen un exceso evidente” y entonces la alerta “pierde validez”, en Argentina ya cuenta con media sanción en el Congreso un proyecto que sigue “todas las recomendaciones de la OPS” y que el académico consideró “incluso mejor” que el original de Uruguay.
Este semestre la presidencia pro témpore del Mercosur estuvo en manos de Uruguay y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había anunciado que se buscaría impulsar un criterio común para el etiquetado entre los países del bloque, algo que también mencionó en su momento la industria privada como razón para aplazar la norma local. “Armonizamos con Argentina, con Brasil o con Paraguay, que no tiene nada. Todo es parte de las excusas de la industria para retrasar esto”, sentenció el integrante de la Alianza ENT.