Recién llegó de La Haya, Países Bajos, donde había viajado por desempeñarse como presidente del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional. Felipe Michelini, quien también comanda la Comisión Administradora del Río de la Plata, dialogó con la diaria, pero desde otro rol que acaba de dejar y que lo ocupó los últimos cinco años: la presidencia del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), creado por el presidente Tabaré Vázquez en mayo de 2015.
¿Cuáles fueron los cometidos originales del GTVJ?
Lo primero que hay que decir es que no deberían haber pasado las cosas que pasaron: los crímenes de lesa humanidad entre 1968 y 1973, con la actuación ilegítima del Estado, y entre 1973 a 1985, en el marco del terrorismo de Estado instalado en el país, y después, prácticamente 20 años de impunidad, a partir de la sanción, aplicación e interpretación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Cuando en asumió por primera vez, en 2005, el presidente Vázquez tomó lo que había hecho la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para La Paz –que había creado el presidente Jorge Batlle–, firmó un convenio con la Universidad de la República [Udelar] y avanzó en la búsqueda e investigación en materia de detenidos desparecidos. Les pidió a las Fuerzas Armadas que hicieran un informe. Cuando asumió por segunda vez, Vázquez creó el GTVJ para fortalecer lo que venía haciendo la Secretaría de Derechos Humanos (DDHH) para el Pasado Reciente, que había sido una innovación del gobierno de José Mujica. En ese proceso, el GTVJ tiene dos novedades. Por un lado, la creación de la política y la representación queda en el ámbito del GTVJ, y la Secretaría de DDHH para el pasado reciente, que tenía esas dos funciones, se queda solamente a los efectos de dar instrumentación y apoyo logístico al GTVJ. Eso es lo que dice el Decreto 131, de 2015, que creó el GTVJ. La otra novedad, si bien no innova desde el punto de vista jurídico formal, es que incorpora no sólo la investigación de detenidos desaparecidos, sino también la investigación y el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, el decreto de Vázquez fue un avance sustantivo, porque fortaleció fuertemente la forma de aproximarse a estos temas.
Sin embargo, desde su nacimiento el GTVJ fue criticado.
Sí, el grupo creció en el marco de polémicas. Hubo organizaciones sociales que criticaron la iniciativa, que no estaban de acuerdo. Nacimos en el medio de un conflicto sindical, porque había sectores que estaban vinculados a la Secretaría del Pasado Reciente que pensaban que su lugar de trabajo iba a ser afectado. Pero fuimos sorteando obstáculos e hicimos algunas cosas interesantes. Hicimos un plan de trabajo y lo presentamos en marzo de 2016. Concomitantemente con eso, las tareas de búsqueda que se estaban desarrollando recibieron un golpe muy fuerte de provocación y amedrentamiento con el ataque al local del Grupo de Investigación en Antropología Forense [GIAF], en la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias [de la Educación] de la Udelar. Eso puso en entredicho el estado de seguridad en que eso estaba, que era muy precaria. Pero además, demostró que con cada avance íbamos a tener resistencias, como tuvimos estos cinco años, de las fuerzas más oscuras y reaccionarias que todavía habitan en la sociedad uruguaya.
¿A raíz de ese hecho fue que el GIAF salió de la órbita de Presidencia?
El GTVJ reaccionó rápidamente frente al hecho. Incorporó a los locales de la Secretaría del Pasado Reciente a estos equipos técnicos –el de Historia ya estaba trabajando allí– y, además, se empezó a desarrollar un avance de un nuevo convenio con la Udelar, que estaba incómoda, porque tenía equipos universitarios trabajando en la órbita de Presidencia, pero no podía aplicar la normativa universitaria, con toda lógica, porque los cargos universitarios se deben concursar, deben ser revisados por criterios académicos y sobre la base de la renovación permanente. No era posible hacer eso, y lo que pasó fue que Presidencia terminó incorporando a esos equipos. El GIAF quedó en el ámbito universitario, pero los equipos técnicos quedaron en Presidencia. A veces se confunde, pero no es lo mismo. Eso también fue criticado por algunos, que dijeron que los equipos perdían su independencia técnica. Sin embargo, nunca la perdieron.
¿Cómo siguió avanzando el GTVJ?
Lo que tenía era un plan de trabajo, una dirección, una orientación, y una apoyatura técnica y logística desde Presidencia, que significaba apoyo legal, apoyo de coordinación con los distintos organismos del Estado, apoyo de transporte, de personal, de materiales; todo eso que no se habría podido hacer si no hay una estructura de Presidencia atrás. El GTVJ ordenó eso, le dio una orientación y designó referentes; tuvo una tarea bien importante en el relacionamiento con la Justicia, con una estupenda actuación en todos estos años de la doctora Cecilia Blanco, que de alguna manera pudo ponerle una lógica jurídica al relacionamiento con los fiscales y con los magistrados del Poder Judicial. Se fue avanzando, pero lo cierto es que también con dificultades internas, hacia el diseño institucional. Éramos parte de Presidencia, que tiene enormes cantidades de cometidos, y si bien siempre contamos con el respaldo del presidente, es cierto que también uno vive en un país en el que, si se está analizando el contrato con UPM o el presupuesto nacional, este punto específico tiene una prioridad distinta. Transitamos con algunas dificultades. Hubo dificultades con los directores de la Secretaría de DDHH del Pasado Reciente porque a veces esa lógica burocrática no los dejaba comprender lo que el decreto había establecido. Hubo dificultades de relacionamiento. Hay una cuestión: siete miembros, en forma colegiada, a tiempo parcial, honorarios, de militancia, en una tarea compleja, y uno de ellos que tenía que responder a Familiares [de Detenidos Desaparecidos]. Los órganos colegiados son pesados; alcanza con ver las comisiones asesoras de la Cámara de Representantes o del Senado, que tienen una dificultad y una pesadez en su funcionamiento.
Encontramos los restos de [Eduardo] Bleier con 85% del área [del ex Batallón 13] excavada, y eso fue de un impacto muy importante, porque además lo hicimos en el marco de una especial atención a la sensibilidad de Familiares.
¿Qué pasó con la gerencia de la Secretaría del Pasado Reciente, por la que pasaron tres personas en poco tiempo?
Cuando hay un órgano que tiene que reportar e implementar las directivas de un órgano colegiado, y ese órgano es unipersonal, de tiempo completo y rentado, eso genera problemas en cualquier institucionalidad. A su vez, no teníamos ningún respaldo legal de nuestro cometido, y teníamos que interceder la mayoría de las veces por intermedio de la propia Presidencia para alquilar un transporte, para hacer una visita a Buenos Aires, para cosas muy elementales. Desde esa perspectiva y finalizado el período, hicimos un informe final, hallamos el cuerpo de Eduardo Bleier, que fue producto del tesón, de una determinación de excavar toda el área cautelada. La metodología anterior consistía en excavar, de forma aleatoria, en algunos lugares acerca de los que había información. El GTVJ decidió excavar todo, y cuando uno va por el 20% y no encuentra nada hay cierta discusión, y cuando uno va en el 85% y no encontró nada... Encontramos los restos de Bleier con 85% del área excavada, y eso fue de un impacto muy importante, porque además lo hicimos en el marco de una especial atención a la sensibilidad de Familiares, nos comunicamos primero con la familia directa, después con Familiares, y después informamos al presidente Vázquez.
Nos preguntan a nivel internacional cómo Uruguay no pudo averiguar, investigar y esclarecer los crímenes de lesa humanidad, y por qué no ha podido reparar en forma integral, sino que ha reparado en forma puntual.
Hay un avance muy importante; se pasó de aquellos que decían que hablar del tema de los desaparecidos era poco menos que tener los ojos en la nunca, a sostener ahora que es una causa sagrada. De alguna forma es un triunfo de una lucha constante, porque uno no lucha para ganar hoy, uno siempre lucha para que los triunfos perduren. Me parece que es importante que el nuevo gobierno, a pesar de las diferencias entre sus integrantes, haya asegurado que va a continuar con la búsqueda de desaparecidos, que va a cumplir con la ley que le traspasa a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo [INDDHH] el cometido de la búsqueda, sin perjuicio de que eso no lo exime del cumplimiento del resto de las obligaciones del Estado. Nos preguntan a nivel internacional cómo Uruguay no pudo averiguar, investigar y esclarecer los crímenes de lesa humanidad, y por qué no ha podido reparar en forma integral, sino que ha reparado en forma puntual. Esas obligaciones las tiene y las va a tener que cumplir el gobierno que asuma, porque no puede renunciar el Estado uruguayo, y si quiere mirar para el costado, va a ser condenado otra vez.
¿Con qué otras dificultades se encontró el GTVJ?
Hubo dificultades estructurales. El tiempo. Sin duda, investigar delitos cometidos hace 30 años conspira contra un esclarecimiento, debido a la inmediatez de la evidencia. Otra dificultad es el pacto de silencio entre los perpetradores, que han sido muy valientes para secuestrar, torturar, matar y violar a detenidos indefensos, pero han sido incapaces de aceptar sus responsabilidades y han puesto todas las chicanas habidas y por haber para eludirlas. Otro elemento, para mí gravísimo, ha sido la actitud del Poder Judicial, de condescendencia, de minimización, de aceptar una y otra vez las chicanas que las defensas de los acusados han presentado, de permitir, incluso, inconstitucionalidades de forma perlada. Parece que es un Poder Judicial insensible a estos hechos gravísimos ocurridos en la sociedad uruguaya, que todavía son lacerantes. Los tribunales de honor deberían haberse hecho inmediatamente. Es insólito pensar que secuestrar a una persona indefensa, torturarla, violarla y matarla no violenta el honor de las Fuerzas Armadas. Esos tribunales de honor no se hacían, y demoraron años en hacerse, con el solo objetivo de garantizarles los beneficios pensionarios y materiales. También la falta de ley fue una dificultad, porque la operativa y la logística dentro del marco del Poder Ejecutivo tenía unos beneficios, pero también tenía restricciones operativas que fuimos sorteando. Se avanzó con el Archivo Fusna [Fusileros Navales], por iniciativa de [el entonces ministro de Defensa Nacional, Eleuterio] Fernández Huidobro, que se lo comentó a Familiares, que se la transmitió al GTVJ y este la instrumentó y se ha sacado muy buena información de ahí. Estamos trabajando con otros archivos. La ley que otorga el cometido de la búsqueda de desaparecidos a la INDDHH le da la potestad de entrar a cualquier archivo, y además sigue establecida la obligación del Poder Ejecutivo de buscar esos archivos y dárselos a la INDDHH.
Durante estos años hubo discrepancias públicas entre diversos actores sobre cómo y dónde buscar, si existió o no la Operación Zanahoria...
Hay una cosa que me parece que hay que preservar: a Familiares como organización y a Familiares como personas concretas, de carne y hueso. Son la única parte que importa; esa es la clave. Hay que asumir que hay que seguir trabajando con ellos, que tienen todo el derecho del mundo a estar muy enojados y muy violentados, porque se les ha hecho un daño que no es mitigable. ¿A niveles de polémica? A mí la polémica no me molesta. ¿Cuál es la preocupación de decir que la Operación Zanahoria existió, no existió o se hizo a medias? Son hipótesis de trabajo que no me preocupan. En mi caso personal, nunca salí a polemizar sobre eso. Hay cruces académicos, técnicos, personales. Eso es parte de una sociedad democrática. Por qué si en Uruguay se discute todo, no se va a discutir sobre este tema, que tan pasionalmente nos atrapa.