“Una mentira más”. Así calificó Irene Moreira, la futura ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la noticia dada a conocer este jueves por el semanario Búsqueda. En el artículo de la publicación, se sostenía que Moreira podría verse beneficiada por un artículo de la ley de urgente consideración (LUC). Se trata del 313, en que el futuro gobierno elimina la obligatoriedad de habitar el predio para colonos propietarios del Instituto Nacional de Colonización (INC).
Según publicó este jueves el semanario, el padre de la futura ministra, Roque Moreira, figura como director junto a la senadora electa de Palomar SA, que es propietaria de un campo del INC ubicado en Artigas, con una extensión de 1.300 hectáreas. El perfil de Linkedin de Irene Moreira consigna que es directora de Palomar SA desde 2008. En 1974, según el semanario, el INC intimó a Roque Moreira a residir en el campo adquirido, a explotarlo directamente y a pagar sumas adeudadas al instituto por la compra de los dos padrones que incluían el territorio. La adquisición quedó establecida mediante el pago de 18% del precio al contado y el saldo en un plazo de diez años. Finalmente, en 1981, Roque Moreira escrituró la compra de los padrones. A su vez, una nota de octubre publicada por el portal Sudestada señalaba que Palomar SA fue abierta en 1982 y “registrada desde diciembre de 2006 a nombre de sus padres, Roque Moreira y Miriam Fernández”.
Si bien el artículo 61 de la Ley 11.029, del 12 de enero de 1948, establece como obligación para los colonos del INC “trabajar directamente el predio y habitarlo con su familia, salvo, en este último caso, que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados”, el anteproyecto de LUC se propone modificar este requisito. La redacción alternativa no exige residir en el predio cuando se trate de colonos propietarios, cuando existan “razones justificadas de salud, estudio o trabajo de algunos de sus integrantes”, o cuando la adjudicación “expresamente establezca la excepción”. En respuesta a la publicación de Búsqueda, Moreira escribió en Twitter que su padre “nunca fue colono” y que CA no comparte ese artículo del borrador de la LUC, por lo que propondrá que sea “sacado del proyecto”.
Roque Moreira, que es coronel retirado, es uno de los nombres que se manejan para ser candidato a la Intendencia de Artigas, bajo el lema del Partido Nacional (PN), y que competiría con el actual intendente, Pablo Caram, del PN. En declaraciones a Radio Uruguay, Irene Moreira dijo que en CA han visto a su padre “como la persona indicada para servir de nexo” entre esta colectividad política y el PN, tanto por su “trayectoria política” como por la cercanía que tiene con los liderados por el senador electo Guido Manini Ríos.
Más rechazos
Andrés Berterreche, actual subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional y presidente del INC entre 2010 y 2013, señaló que si la actual redacción del artículo 313 de la LUC se aprueba como está, beneficiaría “a todos los colonos propietarios que no cumplen con la ley”. “Estoy absolutamente en contra de esta modificación, porque desvirtúa el objetivo para el que fue creado el INC. Espero que antes de que llegue al Parlamento eso se saque. El instrumento del INC está hecho para que el colono viva y trabaje del campo, no para que haga otras cosas, si no, pierde la esencia de la Ley 11.029”, sentenció.
En la misma línea fue el dirigente del Partido Socialista Yerú Pardiñas, quien fue miembro del directorio del INC entre 2005 y 2008. Dijo a la diaria que la modificación propuesta en la LUC va contra la “esencia” de la ley de colonización y contra lo que implica “concebir la tierra como un bien social”. Por eso es que el Estado “hace un esfuerzo” para comprar la tierra “y luego, mediante el mecanismo de arrendamiento o de venta financiada, como hubo en su momento, la gente accede a la que no puede comprar en el mercado”. “Esto es una ley que beneficia a gente que va a transar en el mercado, dejando afuera a la producción familiar, y ese es el principal problema”, sostuvo.
Pardiñas agregó que la modificación también “amerita la especulación”, ya que “si el privado que hoy es propietario de una fracción puede vender al mejor postor, va a entrar en el mercado a especular por el valor de la tierra que fue adquirida al Estado con una facilidad que de otra forma no podría haber llegado”. Recordó que “esta modificación la plantearon, en su mirada liberal, varios políticos de los partidos tradicionales” y que se trata de una “mirada que les es favorable a quienes conciben la tierra como algo que pueden transar y comercializar en el mercado”.