Ante las consecuencias económicas de la propagación del coronavirus y las medidas anunciadas por el Ejecutivo, una comisión de expertos del Frente Amplio (FA) elaboró “un plan de contención económica social” para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria. El borrador del proyecto, al que accedió la diaria, se basa en un “aumento transitorio del gasto y de la inversión pública para minimizar el efecto de la desaceleración económica y su impacto en la población” por medio de un conjunto de medidas estructuradas en tres objetivos: “Preservar las empresas y las y los trabajadores”, “no aumentar la pobreza y la desigualdad” y prepararse para “el día después”.
La comisión designada por la coalición de izquierda para elaborar la propuesta está integrada por el actual senador y ex ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, el senador Daniel Olesker, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro y la economista Andrea Vigorito.
Las medidas más inmediatas que definió el grupo refieren a la preservación de los puestos de trabajo. Por ejemplo, por medio de “flexibilizar” las condiciones de acceso al seguro de desempleo, “en particular en sectores fuertemente afectados, como turismo, comercio y servicios”; “promover la negociación colectiva para mejorar el régimen general de seguro de paro”; “priorizar en general” algunos beneficios fiscales para las empresas que no envíen personal al seguro de paro, y generar “mecanismos de apoyo y subsidios al trabajo por cuenta propia y eventuales, en particular en ramas de menores ingresos”.
En un apartado referido a las contribuciones, las tarifas y los tributos, el grupo del FA plantea como posibles medidas impulsar la “exoneración” de los aportes patronales a los sectores directamente afectados; “diferir vencimientos” de la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado para pequeñas y medianas empresas; “diferir el vencimiento” de tarifas de UTE y OSE “a micro y pequeñas empresas de sectores directamente afectados por la pandemia, a familias de bajos ingresos y a trabajadores que sean enviados a seguro de paro a causa de la pandemia”, y que el pago se realice luego de superada la pandemia en “seis cuotas sin recargo”. La propuesta del FA también incluye suspender el aumento del IVA para las compras con tarjeta de crédito y débito.
En función del segundo objetivo, el equipo generó un paquete de medidas en vivienda, salud, precios y transferencias. En los últimos días algunos productos de higiene comenzaron a escasear y los precios subieron. En ese sentido, el grupo del FA plantea “regular el precio de venta al público del alcohol en gel y administrar el stock de mascarillas y tapabocas de forma pública”, y pactar un “acuerdo de precios” de productos de la canasta básica.
En el caso de las transferencias por medio de la Tarjeta Uruguay Social, además de las medidas anunciadas por el gobierno, el FA plantea “aumentar” los montos de asignaciones familiares y “extender la canasta sanitaria de hogares de adulto mayor a hogares con discapacidad”.
En los servicios de salud, la coalición de izquierda propone crear un “fondo de financiamiento específico” para que la Administración de Servicios de Salud del Estado “pueda hacer frente a la mayor demanda de atención” y “garantizar los derechos mutuales a través del Fonasa [Fondo Nacional de Salud] de las personas, aún ante la pérdida del trabajo formal”. Las medidas de vivienda incluyen, por un lado, “suspender desalojos y lanzamientos de inquilinos por 90 días” y, por otro, conceder un “período de gracia” a intereses de los créditos sociales a jubilados que concede el Banco República y a los intereses de cuotas hipotecarias del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Administración Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario “entre abril y julio para trabajadores enviados al seguro de paro por causa de la pandemia”.
El último conjunto de acciones que plantea la oposición refiere a la situación económica del país posterior a la emergencia sanitaria. En ese sentido, el FA sostiene que es necesario que “la política macroeconómica sea consistente con la realidad que atraviesa el país, evitando saltos abruptos del dólar, continuando con la política de disminución de la volatilidad cambiaria que Uruguay ha mantenido en los últimos años” y evitando el “recrudecimiento de la inflación”.
Sobre el gasto y la inversión del Estado, el FA pide al gobierno una prórroga en los “recortes de gasto e inversión del 15%” anunciados por el Poder Ejecutivo y “redireccionar por 2020 transitoriamente los fondos no ejecutados durante las medidas de distanciamiento social hacia aquellos gastos prioritarios que impulsen la economía”. Otras medidas apuntan a “reasignar gastos que estuvieran previstos en determinadas áreas” y que, por las circunstancias, no fueran a utilizarse; “preparar un plan de aumento transitorio en la demanda”, con un adelanto de la inversión pública, “como se hizo frente a la crisis internacional de 2008”; “acelerar los cierres financieros e inicio de obras bajo la modalidad participación público-privada, y “aumentar y acelerar la concreción de los contratos de caminería en el marco del actual préstamo BID con que cuenta el gobierno”.