Era febrero de 2019. El entonces precandidato presidencial del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, de gira por Durazno, se refirió a una de sus principales promesas electorales: la disminución del déficit fiscal. “Si nosotros no bajamos el déficit, es difícil después cumplir con otros compromisos”, alegó. En octubre de ese año, durante el primer debate obligatorio de la campaña, confirmó en números la pretensión: 900 millones de dólares de ahorro y una baja de dos puntos porcentuales del déficit. Tras la primera vuelta electoral, los sectores que hoy integran la coalición gobernante firmaron el documento “Compromiso por el país”, en el que fijaban como meta “disminuir el déficit fiscal como condición para reducir el ritmo de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio”. Un mes después del triunfo electoral de Lacalle Pou, se confirmaría el primer caso de infección por el nuevo coronavirus en China.
La pandemia llegó a Uruguay a mediados de marzo y dejó en suspenso muchas medidas de gobierno, entre ellas la norma que venía a plasmar el programa de la coalición gobernante: la ley de urgente consideración (LUC). “La ley de urgencia no ingresó por impedimentos prácticos, pero también porque probablemente las urgencias pueden llegar a cambiar, en general toda la ley [puede llegar a cambiar]. Con esta situación excepcional, probablemente la oportunidad sea aprovechada para incorporar otros elementos que atiendan otras urgencias”, dijo a la diaria el senador del Partido Nacional Jorge Gandini, y añadió que probablemente el proyecto tenga “modificaciones sustanciales” respecto del borrador inicial que se hizo público en enero.
Para el senador nacionalista Gustavo Penadés las prioridades de la LUC siguen siendo las mismas, aunque “quizás dejaron paso a otras urgencias”. “Pero eso se irá viendo en el correr de estas semanas”, apuntó.
Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, destacó la importancia de la LUC, ya que esta “materializa esos cambios que se le presentaron a la gente” y que esta votó. Estimó que el esqueleto o el grueso de la ley debe permanecer; recordó que su sector presentó cambios a la norma y que aún no ha tenido respuesta del presidente sobre cómo quedará finalmente el proyecto: “No sabemos qué propuestas fueron consideradas y cuáles no”, indicó.
Dilemas fiscales
Uno de los contenidos que incorporaba la LUC era el establecimiento de una regla de resultado fiscal estructural que establecía que los egresos anuales del Estado no podían superar los ingresos en ese mismo año, teniendo en cuenta el comportamiento estructural de la economía, y establecía un tope al gasto público en relación con el producto potencial de la economía.
Además, en el programa de gobierno de Luis Lacalle Pou, “Lo que nos une”, se proponía un “plan de detección de oportunidades de ahorro” en el Estado, que incluía, por ejemplo, no cubrir 21% de las vacantes de funcionarios públicos e implementar una “gestión más eficiente” de las empresas públicas.
Desde el anuncio del primer caso de la enfermedad causada por el Covid-19 en Uruguay, el 13 de marzo, el gobierno ha anunciado una batería de medidas que supondrán una erogación importante para el Estado, entre otras, el otorgamiento de subsidios por enfermedad a todos los mayores de 65 años, la duplicación del monto de la tarjeta Uruguay Social, la inversión de 1.000 millones de pesos en la construcción de refugios, y el subsidio parcial a los aportes patronales de monotributistas, empresas unipersonales y sociedades personales con hasta diez empleados. Además, organizaciones sociales y sindicales, como el PIT-CNT, reclaman profundizar las medidas sociales y económicas para proteger a los sectores más vulnerables de la crisis originada por la paralización de las actividades.
“Hemos cambiado el orden de prioridades”, anunció el jueves Lacalle Pou en conferencia de prensa. Aseguró que el ahorro prometido “sigue siendo una meta”, pero ha quedado “en segundo lugar” ante la emergencia. Afirmó que el costo total de las medidas será de 400 millones de dólares.
El senador colorado Julio María Sanguinetti dijo a la diaria que según “estimaciones técnicas”, el monto del gasto estatal por esta pandemia rondará los 600 o 700 millones de dólares, si se suman el gasto sanitario, el costo en materia de seguridad social por el incremento de los seguros de paro, las medidas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Social, entre otras erogaciones. Para financiar el aumento del gasto, el gobierno recurrirá a redireccionar líneas de crédito ya existentes con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Latinoamericano (ex CAF) y Fonplata. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo el jueves a Búsqueda que el gobierno recibirá 1.500 millones de dólares de organismos internacionales por este concepto, y aclaró que “el FMI [Fondo Monetario Internacional] no está en las líneas que estamos manejando ahora”. Por otra parte, en la conferencia de prensa del jueves se anunció la conformación de un fondo que estará integrado, entre otros aportes, por quitas progresivas a los sueldos de funcionarios públicos que ganen más de 80.000 pesos durante dos meses. Pero esto sólo recaudaría aproximadamente 20 millones de dólares, según dijeron a El País fuentes del gobierno.
Para Sanguinetti, en este contexto, y si se suma “el déficit fiscal enorme” que hoy tiene el país, “es evidente que es inaplicable” la regla fiscal. Por su parte, Penadés consideró que todavía es muy pronto para sacar conclusiones y remarcó que “hay que esperar”. “Esta situación va a tener costos fiscales muy elevados, que quizás hagan que se tenga que postergar en el tiempo el objetivo que estaba previsto para el primer año”, dijo a la diaria. Sostuvo que si uno se abstrae del contexto, establecer reglas fiscales “es muy sensato y necesario y obliga al Poder Ejecutivo a manejarse con responsabilidad”, pero acotó que la situación actual, “agravada por la situación de precariedad fiscal”, determina que haya que esperar. “Cuando usted está hablando de que han pasado miles de personas al seguro de desempleo, caída de actividad económica, todo tiene que ser repensado producto de una realidad que nos desborda”, señaló. Sostuvo que “la moraleja” que queda es que “es absolutamente contraproducente gastar todo lo que ingresa en momentos de expansión de la economía, que fue lo que se hizo durante estos últimos 15 años”.
Lozano, por su parte, evaluó que “de repente habría que modificar” la regla fiscal, pero aclaró que eso se discutirá con el gobierno.
Gandini coincidió en que será necesario volver a analizar la inclusión de la regla fiscal: “No sé si va a estar la regla fiscal, es una regla para buenos tiempos, no para malos tiempos”. Dijo que la situación actual requerirá refuerzos presupuestales y medidas distintas. “Los seguros de paro y la crisis sanitaria tienen costos importantes, va a caer la recaudación y va a haber renuncias de toda naturaleza para permitir que se reactive la economía”, enumeró.
El rol del Estado
Los legisladores oficialistas consultados coincidieron en que en esta coyuntura el Estado tendrá un papel central. Gandini afirmó que la coalición gobernante “nunca pensó en sacarle” al Estado ese rol. “No se requieren nuevas concepciones [acerca de ese papel], se requieren medidas y recursos económicos”, enfatizó.
Sanguinetti aseguró que Uruguay tiene “un Estado socialdemócrata y batllista, de fuerte impronta social”. Recordó que 75% del gasto estatal es gasto social. “El rol del Estado es decisivo, y más en épocas de crisis”, consideró.