El proyecto de ley de urgente consideración (LUC) redactado por el Poder Ejecutivo finalmente ingresó al Parlamento y a pesar de sus cambios en la redacción, continúa generando discrepancias, incluso dentro de los miembros de la coalición de gobierno. Uno de esos casos ocurre con los dos últimos artículos del proyecto, el 500 y el 501, que no estaban en primer borrador de la LUC y que fueron incluidos por iniciativa del propio Ejecutivo. Estas propuestas modifican cómo se ingresan los terrenos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Pero esos cambios, que en la redacción parecen pequeños, podrían generar consecuencias negativas en el funcionamiento del sistema y la preservación de la biodiversidad, advirtieron legisladores de varios partidos y organizaciones ambientalistas consultadas por la diaria.
El cambio sustancial que introducen estos artículos es que para incorporar un área privada al SNAP el Ejecutivo debe contar con el consentimiento de los dueños de la tierra. En caso de que el propietario del terreno no quiera anexar su propiedad como área protegida el único camino posible a seguir es la expropiación, según establece el artículo 501. En términos generales, se vuelve a la legislación del año 2000, cuando se creó el SNAP, y se suprimen los cambios que fueron votados por unanimidad por los partidos políticos en 2005, en el marco de la ley de presupuesto del primer gobierno del Frente Amplio.
El SNAP está integrado por 17 áreas protegidas que abarcan 1% del territorio nacional, una cantidad muy lejana al compromiso asumido por el país en la Convención sobre Diversidad Biológica de 2010, que consistía en alcanzar 17% del territorio de áreas protegidas para 2020. Dentro de ese 1%, 90% corresponde a terrenos privados, que bajo la normativa actual no debieron ser expropiados a particulares.
Sin las modificaciones que pretende introducir el Ejecutivo, sus propias potestades son más amplias. Por ejemplo, actualmente pueden ingresar al SNAP las áreas naturales públicas o privadas que reúnan las condiciones necesarias para ser consideradas como área protegida. El biólogo y miembro de la comisión directiva de la Asociación Uruguaya de Guardaparques Ramiro Pereira explicó a la diaria que las limitaciones que se establecen a los propietarios, al día de hoy, cuando se declara un terreno como área protegida, varían según los objetivos y las características de cada lugar. Por ejemplo, no es común prohibir la producción ganadera, y en el caso de la producción agrícola se restringe a algunas zonas. Las actividades que sí se prohíben, por ejercer más presión sobre el ambiente, son la minería y la forestación.
Es en ese punto es el que se generan conflictos. El senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés sostuvo a la diaria que “hay una serie de medidas adoptadas a último momento por el gobierno saliente que ponen en tela de juicio una situación muy delicada: la defensa y preservación de todas estas áreas naturales y la preservación al derecho a la propiedad”, que llevaron a tomar esta resolución. Sin embargo, dijo que los artículos “están para ser discutidos” y hay posibilidad de “volver a la legislación anterior de esa serie de decretos”. Penadés aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a analizar “propuestas alternativas”.
El 14 de febrero el entonces presidente, Tabaré Vázquez, firmó el decreto de ampliación del área protegida Quebrada de los Cuervos, en Treinta y Tres, y estableció como medida de protección del ecosistema la prohibición de la instalación de parques eólicos, la minería, la forestación y la caza. La propuesta fue criticada en su momento por el actual subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, quien sostuvo en declaraciones a Montevideo Portal que “el gobierno [anterior] estaba advertido de que debía esperarse la decisión del gobierno electo [actual], pero firmó la resolución igual”. Por eso, sostuvo que habría que volver a analizar el decreto. En la misma fecha, Vázquez también firmó el decreto a través del cual se integra como área protegida la Laguna de Castillos, Rocha. En julio de 2019 la incorporación de Paso Centurión, Cerro Largo, al SNAP también había generado conflictos de intereses entre los productores y los gestores del sistema.
Penadés aseguró que “la idea del gobierno no es abandonar la línea de la preservación y el cuidado del medioambiente, y fundamentalmente de las áreas protegidas, pero hay que cuidar una línea muy delgada entre las razones de interés general y el derecho a la propiedad”. Además, sostuvo que queda disponible la herramienta de la expropiación por parte del Estado y que para las eventuales expropiaciones “hay partidas presupuestales”.
Dudas en la coalición
En diálogo con la diaria, el senador suplente colorado Tabaré Viera dijo que en su partido hay “dudas” sobre si votar o no los artículos, pero aclaró que aún no hay una posición definida. “Nos llamó la atención esa incorporación a último momento [en la LUC]. No tenemos argumentación a favor”, manifestó. A su vez, el senador del Partido Colorado Adrián Peña dijo que solicitar el consentimiento de los propietarios de los campos le parece un “retroceso” en la legislación sobre áreas protegidas, y señaló que solicitó más información a los técnicos de su fuerza política.
Cabildo Abierto tampoco ha tomado una postura al respecto. Así lo transmitió a la diaria el senador de ese partido Guillermo Domenech, quien comentó que su partido se está enfocando en otras temáticas. El legislador dijo que se aguardará a recibir los informes pertinentes para tomar una decisión.
En tanto, el Partido Independiente (PI) sí definió que no apoyará los artículos. El diputado Iván Posada sostuvo a la diaria que su partido incluirá estas propuestas “dentro de los artículos que no vamos a acompañar” y solicitará que “sean retirados del proyecto”. Posada manifestó que su partido entiende que las modificaciones “van en un sentido contrario a lo que debe realizarse en materia de áreas protegidas”. Para el diputado, al solicitar el consentimiento de los privados se “está restringiendo el alcance que tienen las áreas naturales protegidas”.
A su vez, el único legislador del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, dijo a la diaria que el jueves solicitó una reunión con integrantes de la coalición de gobierno para conocer “la justificación” de estos artículos y trasladarle a los gobernantes su postura. Vega contó que dos abogadas ambientalistas que integran el PERI le advirtieron sobre las consecuencias negativas de estos artículos, y dijo que “si bien parece positivo que al expropiar el Estado se queda con el área, lo que seguramente va a pasar –porque vamos a andar cortos de dinero– es que no se expropie nada”.
“Otro tipo de interés”
El ex director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) Alejandro Nario expresó que “es claro que no es urgente y necesario” discutir estos cambios en el SNAP ahora. “Lo que puede tener de urgente es que hay otro tipo de intereses”, deslizó. Según interpretó, a su entender constituyen una respuesta a otros decretos aprobados, como la ampliación de la Quebrada de los Cuervos y la incorporación de Paso Centurión, que generaron “muchos conflictos con intereses económicos”.
“Es bastante ilógico que uno piense que es posible avanzar en limitaciones a los propietarios en las cuales ellos te den el consentimiento”, argumentó el ex jerarca. Además, planteó que en el supuesto de que el Estado tenga el dinero para expropiar, los procesos de expropiación demoran muchos años y durante ese tiempo los ecosistemas continúan degradándose.
“Parálisis” al SNAP
Apenas se enteraron de la incorporación de los artículos sobre áreas protegidas a la LUC, varias organizaciones ambientalistas comenzaron a tomar cartas en el asunto, preocupadas por el impacto de estos cambios sobre el SNAP. Por ejemplo, para la ONG Vida Silvestre esta modificación que promueve el Ejecutivo “paraliza completamente la viabilidad de la protección ambiental en predios privados”, según aseguró en un comunicado divulgado el miércoles.
El texto agrega: “Las modificaciones sugeridas en la LUC inviabilizan el cumplimiento de las funciones del Estado para cumplir con lo establecido en la Constitución, estableciendo la subordinación de una Ley General que regula un artículo de la Constitución al interés particular de privados individuales”.
Pereira, de la Asociación de Guardaparques, sostiene que en los años que lleva funcionando el SNAP “nunca se expropió nada, ni una hectárea de campo para las áreas protegidas”, y en las ocasiones en que se ha intentado las experiencias han sido negativas y no se logró culminar el proceso. Incluso señaló que hasta que no se aplicaron las modificaciones de 2005, que eliminaron la necesidad del consentimiento de los privados, no se ingresó ningún área al SNAP. “Ni siquiera había propuestas de ingreso serias”, graficó.
Marcelo Álvarez, presidente de Conservación de Especies Nativas de Uruguay, sostuvo a la diaria que si Uruguay fuera un país “económicamente poderoso” la modificación reuniría un gran apoyo, “porque obliga a que cuando un área sea protegida se cuente con la aprobación de los titulares, lo cual daría un mayor grado de cumplimiento” de las restricciones, pero ese “no es el caso”.
Además, el presidente de la ONG planteó que este es el “peor momento” para tomar una decisión así, porque uno de los compromisos del gobierno es la reducción del gasto estatal, que ahora se agrava con la emergencia sanitaria. “Con la nueva redacción es de esperar que no hayan nuevas áreas protegidas quizás por uno o dos períodos de gobierno como mínimo, fruto de la incapacidad económica del Estado de expropiar tierras”, sostuvo Álvarez.
La Asociación de Guardaparques elaboró una nota que enviará al Parlamento en rechazo de estos artículos. La carta está firmada por al menos 15 organizaciones ambientalistas y en ella se presentan argumentos de por qué no consideran que los cambios incorporados en la LUC sean convenientes para el sector. Además, la asociación está recolectando firmas para lograr apoyo a través de la plataforma change.org, en la que ya superó las 7.500 adhesiones.
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