La emergencia de la pandemia de covid-19 presenta múltiples desafíos a la gestión de los gobiernos en áreas diversas. Una de ellas es el manejo de la información.
En América Latina, la mayoría de los gobiernos han resuelto difundir la cantidad de casos positivos y otros datos mediante informes epidemiológicos diarios o emitidos cada 48 horas, en algunos casos complementados con conferencias de prensa de las autoridades. No existen por el momento, en la mayoría de los países de la región, bases de datos sistematizadas y de acceso libre sobre casos de covid-19 y sus características en cada país.
En Uruguay, en el sitio del Ministerio de Salud Pública (MSP) denominado Plan Nacional Coronavirus se incluyen los informes diarios al respecto elaborados por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), el MSP y Presidencia de la República, y se detallan las resoluciones tomadas por el gobierno, planes de contingencia y medidas de prevención. A esta fuente de información se suma la aplicación del Plan Nacional Coronavirus, presentada por el ingeniero Nicolás Jodal. En el apartado de información general, esta aplicación incluye datos del último reporte del Sinae y le suma gráficas de los datos confirmados por día, de los test realizados y de la cantidad de positivos. También se incluye una gráfica de la cantidad de casos confirmados por franja etaria, pero esta no se actualiza con frecuencia (el 2 de abril presentaba información actualizada al 24 de marzo).
El miércoles, mediante un comunicado, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo destacó que las autoridades nacionales “en general han actuado con transparencia al brindar información a la sociedad, tanto por vías oficiales como a través de conferencias de prensa, demostrando tolerancia frente a los cuestionamientos públicos por sus decisiones”. Sin embargo, otros actores han cuestionado al gobierno por no brindar datos suficientes a la población. Es el caso del ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) Julio Trostchansky, quien denunció el jueves en Twitter que en los centros asistenciales se nota “el incremento de los pacientes graves confirmados” y sentenció que “la transparencia está cuestionada”. “Mientras siga habiendo conferencias o comunicados que dan información parcial del avance del Covid-19, den números de test positivos de un número irrisorio de test totales y den la falsa idea de que sólo tenemos 10/12 pacientes más, los mensajes seguirán siendo de falsa calma”, cuestionó el médico en la red social.
Variaciones en los datos comunicados
Si bien el gobierno ha ido incorporando nuevos indicadores a la hora de informar –por ejemplo, en un principio no se informaba sobre el número de test realizados y ahora sí se hace–, el tipo de datos que se comunican suele variar día a día (ver tabla).
Luego de algunas oscilaciones en la información, a partir del 23 de marzo el gobierno empezó a informar diariamente sobre los departamentos con covid-19, y a partir del 20 de marzo comenzó a informar a diario sobre la cantidad de pacientes en CTI (y algunos días mencionó también la cantidad de pacientes en cuidados intermedios).
La distribución de casos por franja etaria sólo fue comunicada en la conferencia de prensa del 17 de marzo, y, como se señaló, en la aplicación sólo hay datos hasta el 24 de marzo. Lo mismo sucede con la información sobre la distribución de casos por departamento, que sólo se brindó en la conferencia del 17 de marzo. La distribución por género no fue comunicada en ninguna instancia ni se conoce. Estos tres indicadores, en cambio, son comunicados sistemáticamente por otros gobiernos de la región, como los de Argentina y Chile.
La información brindada por las autoridades tampoco incluye el porcentaje de test que se hacen en cada uno de los laboratorios públicos y privados habilitados a tales efectos.
Finalmente, no se conoce el número de casos sospechosos reportados ante el área de Vigilancia y Control de Enfermedades del MSP. Sin embargo, esa información se registra, porque los médicos están obligados a reportar los casos sospechosos. Esta decisión del gobierno uruguayo de no informar los casos sospechosos contrasta con las políticas de otros gobiernos latinoamericanos, como el de México, que incluso detalla la distribución de casos sospechosos por regiones del país.
Fuentes del MSP señalaron a la diaria que juntar toda la información requiere “un enorme esfuerzo”. “Los prestadores y los laboratorios no coinciden en sus horarios y eso hace más difícil aún la tarea. Hasta ahora se está recabando la información de forma manual, con múltiples fuentes y un gran esfuerzo por consolidar los datos en una hora del día”, alegaron. Las fuentes informaron que el Sinae comenzó a utilizar una herramienta informática en la que se están cargando datos por parte de todos los prestadores de salud, y afirmaron que esto solucionaría los problemas de recolección. Esta herramienta permitirá, eventualmente, contar con datos con mayor nivel de desagregación, aunque aún no está claro cuáles de ellos se harán públicos.
La calidad importa
Para el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, los datos vinculados a la covid-19 que comunican los gobiernos deberían tener el mayor nivel de desagregación posible. “Los derechos humanos están interrelacionados: si el impacto de la pandemia es diferenciado por cuestiones de género, es un elemento que debería estar de la forma más desagregada posible”, dijo a la diaria. Remarcó además que “sin dudas hay que exigirles” a los estados que generen bases de datos anonimizadas.
Lanza también se refirió a algunos problemas de acceso a la información pública vinculada a la covid-19 que se están registrando en países de la región, y que afectan el derecho a la libertad de expresión y de información. Por ejemplo, mencionó que Brasil dictó una medida “muy preocupante”, que procura suspender los plazos para responder las solicitudes de acceso a la información pública y suspende la posibilidad de apelación en caso de una denegatoria de las autoridades a entregar la información.
El relator de la CIDH afirmó que en una situación de emergencia como la que se vive a nivel global, sólo es admisible restringir derechos “conectados con el fin que se quiere lograr”. “No se anulan per se los derechos fundamentales, y en particular hay derechos que es indispensable mantener: la libertad de expresión y el derecho a buscar y recibir información. En una situación extrema como esta, el derecho de la gente a recibir información de distintas fuentes no puede ser limitado, y cualquier restricción que pudiera haber siempre tiene que someterse al test de proporcionalidad y necesidad”, remarcó. Añadió que la transparencia en esta materia y la obligación del Estado de informar “no están limitadas de ninguna manera, y son un elemento crucial”.
De todos modos, en cuanto a la obligación del Estado de responder solicitudes de acceso a la información pública, Lanza acotó que en estos casos puede incorporarse “algún tipo de restricción razonable”. Por ejemplo, si los funcionarios públicos están en cuarentena y no tienen acceso a documentos en soportes materiales, se podría posponer la respuesta hasta tanto tengan acceso. Pero no como una prohibición genérica sino mediante una resolución particular fundada, indicó.
El 20 de marzo, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) emitió un comunicado exhortando a las autoridades del gobierno uruguayo “a cumplir con la transparencia en el manejo de la información sobre el coronavirus”. La organización mencionó una “supuesta decisión” del MSP de declarar “confidencial” una información requerida por un periodista del diario El País acerca de los modelos matemáticos que utiliza el ministerio para calcular la proyección de contagios de covid-19. En el mismo comunicado se aclaraba que el MSP todavía no había adoptado una decisión formal al respecto y que, en caso de tomarla, lo haría de acuerdo con la ley de acceso a la información pública y sus fundamentos.
“En un momento de emergencia sanitaria como el actual, en el que el país atraviesa una pandemia, es bueno señalar que resulta indispensable que la información de interés público se maneje con absoluta transparencia”, indicaba el comunicado de Cainfo, y recordaba que, según la normativa vigente, la declaración de confidencialidad debe estar fundada.
Daniel Lema, presidente de Cainfo, dijo a la diaria que la organización no ha registrado “grandes problemas” en materia de acceso a la información pública en Uruguay en el marco de la pandemia. Consideró que la información proporcionada por el gobierno es “buena” y destacó que se informe todos los días sobre la evolución de los casos positivos. Si bien mencionó que quizás “se necesitaría un poco más de información”, valoró que “las autoridades van día a día tratando de aprender cómo enfrentar esto” e incorporando nuevos datos.