Mientras hoy empezarán a desfilar ministros por la Comisión Especial del Senado que tiene a su cargo el tratamiento del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), los partidos que integran la coalición de gobierno siguen afinando detalles para ponerse de acuerdo en las partes en las que tienen diferencias. Por ejemplo, los artículos 435 y 436 del proyecto están generando ruido en Cabildo Abierto (CA) y el Partido Colorado (PC) desde hace varios días. El primero es el que crea la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y el segundo es el que establece sus competencias.
Cuando el anteproyecto de la LUC se presentó a los legisladores de los partidos de la coalición, en la segunda semana de abril, la nueva dirección se creaba como “órgano desconcentrado”, pero luego, antes de entrar oficialmente al Parlamento, se cambió la redacción y pasó a crearse dentro del MVOTMA. El senador Adrián Peña, del PC, señaló a la diaria que el cambio de último momento se debió a que tanto su partido como CA objetaron que fuera un órgano desconcentrado, porque, como se le daban muchas competencias a la nueva dirección, se “vaciaba” de competencias al MVOTMA. Aunque el cambio fue aceptado, ambos partidos siguen teniendo diferencias en cuanto a su creación. En el caso del PC, Peña advirtió que con la nueva propuesta hay una “desconcentración de hecho”.
Las competencias –que se desglosan en un total de 14 puntos– de esta nueva dirección se centran en los asentamientos. La primera, según consigna la LUC, es “desarrollar, en coordinación con los Gobiernos Departamentales y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, proyectos urbanos de regularización y relocalización de asentamientos irregulares”, además de “coordinar con las entidades estatales competentes la provisión de infraestructura y servicios públicos necesarios para las viviendas que se construyan”. También establece como potestad “formular y ejecutar las políticas de prevención de formación de asentamientos irregulares y, en particular, promover la inversión en soluciones habitacionales para sectores de menores ingresos”.
Peña sostuvo que, como “le pasan muchas competencias a esta dirección”, se generó “preocupación” en tiendas coloradas, porque, en realidad, “muchas de las cosas que aparecen ahí ya se hacen”. Agregó que, en principio, crear un área que tenga que ver “exclusivamente con la erradicación” de los asentamientos “no parece un disparate”, pero tampoco sabe “si es necesario”. De todos modos, señaló que el PC propondrá modificaciones para que la nueva dirección quede con “menos competencias”.
Además, Peña dijo que otra crítica que hace su partido tiene relación con el presupuesto, ya que a principios de marzo el Poder Ejecutivo publicó un decreto que obliga a los ministerios a ahorrar 15% en “gastos de funcionamiento e inversión”. El senador subrayó que, si se crea la nueva dirección, “indudablemente, va a haber que crear más cargos y el presupuesto va a aumentar”, por lo que, “si se quiere gastar menos con otra dirección más, se va a complicar para las demás direcciones”.
En tanto, la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, que coordina el área de vivienda del Partido Nacional, informó a la diaria que hoy tendrán una reunión con legisladores de la coalición por ese tema y “seguramente” lleguen a un acuerdo, porque “es sumamente importante contar con esa dirección, debido al compromiso” que tiene “con la construcción de viviendas”.
Todo un palo
Hoy a la comisión especial asistirán Jorge Larrañaga, ministro del Interior, y Javier García, titular de la cartera Defensa Nacional. Quienes estarán más ansiosos por escuchar los argumentos de los ministros sobre los capítulos de la LUC inherentes a sus respectivas carteras serán los legisladores del Frente Amplio (FA). Para ellos, la exposición de motivos de la LUC es “muy pobre”, ya que, básicamente, es “descriptiva” y “no explica el fundamento ni la urgencia de cada uno de esos artículos”, señaló a la diaria el senador del FA Charles Carrera, integrante de la Comisión Especial.
“La intención es preguntar los fundamentos y lo que se busca con esas normas, porque se modifican aspectos muy importantes. Por ejemplo, en la normativa penal, la legítima defensa. Hay cambios radicales: se establece la legítima defensa presunta de los policías y los militares cuando están en ejercicio de su actividad”, subrayó Carrera.
En cuanto a los cambios en el régimen penal para los menores infractores, el senador de la oposición opinó que no tienen “mucho sentido”, ya que hace seis años “los adolescentes en conflicto con la ley eran un problema grave del país, pero hoy, por los números y la información que hay, no son un problema de la magnitud de lo que se establece” en la LUC como para que haya “cambios tan radicales”. Entre las modificaciones que se plantean está la eliminación de la aplicación del régimen de semilibertad para adolescentes que cometieron delitos graves y la duplicación de las penas máximas de privación de libertad.
Carrera recordó que hace menos de cinco años “todo el sistema político optó por un camino”, que fue crear el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente como servicio descentralizado (ley 19.367), y que, además, se establecieron políticas públicas a partir de allí. “Se votó por unanimidad, ¿por qué cambiarlo ahora?”, se preguntó Carrera.
Por último, en lo que atañe al ministro de Defensa, el senador frenteamplista indicó que le preguntarán por la fundamentación, sobre todo, de la famosa “ley de derribos” (artículo 116 de la LUC), que permite, como último recurso, “la neutralización definitiva de la amenaza” de una aeronave no identificada, “mediante orden emanada del presidente de la República”. “Hay que ver la fundamentación y cuáles son los bienes estratégicos del país que se van a proteger a partir de esa ley”, finalizó Carrera.