El viernes pasado la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) asistió a la Comisión especial para el estudio del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) de la Cámara de Senadores para hacer sus aportes sobre el articulado. Las Cámaras entregaron un documento en el que hacen un análisis de la LUC. En el texto dicen que el Poder Ejecutivo (PE) ha sido receptivo “antes de los reclamos y preocupaciones del sector”, ya que algunas de las propuestas de la LUC habían sido planteadas con anterioridad por la CCE.
Entre los aciertos de la LUC destacan como positiva la implementación de una regla fiscal “para ponerle un límite al crecimiento ilimitado del gasto público, para evitar que la prociclidad fiscal genere atraso cambiario y afecte la competitividad de nuestra producción”. La prociclidad es cuando los flujos de capitales y de créditos son abundantes en situaciones es favorable, pero se “secan” cuando dejan de serlo.
Sobre una reforma en la seguridad social la CCE asegura que “es clave para asegurar un sistema de seguridad social sostenible, y para reducir la incertidumbre fiscal de largo plazo que genera incertidumbre también para las decisiones de negocios”. En este punto dicen que es un acierto la conformación de una Comisión de Expertos así como la aceleración en los tiempos para el trabajo de esa Comisión.
En cuanto a las empresas públicas, afirman que están de acuerdo con las reformas pero las encuentran insuficientes. Sobre el combustible “la CCE es partidaria de que el precio paridad importación debe ser precio en surtidor, eliminar sobre costos en gasoil” como por ejemplo las tasas de inflamables de la Intendencia de Montevideo y de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), además de los fideicomisos del gasoil. A su vez, piden eliminar la ley que obliga de mezcla de biodiesel, que, dicen, encarece el gasoil.
Los empresarios entienden que es bueno un mayor control sobre las empresas subsidiarias del Estado porque muchas “se han transformado en vehículos para hacer actividades no esenciales […] en muchos casos compitiendo deslealmente con empresas privadas y desplazando actividades que podrían desarrollar pequeños empresarios; y además bajo estándares de gestión de dudosa transparencia eludiendo los controles que establece la normativa del TOCAF [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera]”.
Con relación a las relaciones laborales los empresarios dicen que existen “rigideces del mercado laboral”, algo en lo que insten desde hace tiempo. “Esta crisis del covid-19 es un baño de realidad para muchos; muchos se han desayunado ahora de las dificultades del mercado laboral, de la informalidad, de la precariedad del empleo, de la fragilidad económica y financiera de las empresas que son las que sustentan el empleo”, además aseguran que es “un acierto” que se “garantice el ejercicio pacífico del derecho de huelga, pero también el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.
Algunas de las propuestas de la CCE son: “limitar la distribución de utilidades para que el Estado se vea obligado a tener mayor disciplina fiscal; definir metas de gestión para directores y destitución automática en caso de incumplimiento; o inhabilitar por un período de tiempo razonable la ocupación de cargos políticos luego de haber ejercido cargos de dirección en empresas públicas”.