El fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, presentará el lunes un escrito ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para solicitar la reapertura de la investigación del homicidio del médico de San Javier Vladimir Roslik, según informó Búsqueda la semana pasada y confirmó la diaria.
La muerte de Roslik ocurrió el 16 de abril de 1984 en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos. El médico y militante del Partido Comunista es considerado el último detenido asesinado por la dictadura cívico-militar, que terminó en 1985.
El principal acusado por el crimen es el mayor retirado Sergio Caubarrère, que incluso fue condenado por el hecho por la Justicia militar, y estuvo preso durante cuatro meses y 18 días. Sin embargo, la causa por la Justicia civil, abierta en 1987, se intentó desarchivar en 2014, pero el Tribunal de Apelaciones Penal de 2º turno lo desestimó por entender que “existió cosa juzgada respecto” del acusado, “por haber sido condenado” por el delito de homicidio y declaró “la prescripción de los restantes hechos que integran” la causa analizada, donde estaban involucradas otras personas.
En agosto de 2018, a partir de la presentación de nuevas pruebas por parte de familiares de Roslik, Perciballe presentó un escrito solicitando de nuevo que se desarchivara el caso. No obstante, la jueza letrada de 3er Turno de Fray Bentos, María Carol Ceraolo Lema, entendió que era “procesalmente improcedente lo solicitado, no correspondiendo ingresar al análisis de los hechos planteados, en la medida que lo actuado ha quedado cubierto por la cosa juzgada”.
Perciballe decidió apelar este fallo, pero nuevamente el mismo Tribunal de Apelaciones Penal de 2º Turno rechazó la solicitud en una sentencia dictada en marzo, según informó Búsqueda__.
El tribunal también entendió que lo sucedido es “cosa juzgada” y que no se puede reabrir la investigación por el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.
Ahora Perciballe recurrirá a la SCJ. Según explicó a la diaria, la línea argumental del “extenso” escrito que presentará el lunes “gira fundamentalmente sobre la base de la normativa internacional en materia de derechos humanos y las obligaciones que tiene el Estado en la persecución, investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, por su pertenencia a los distintos organismos internacionales” como la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.