La Comisión Especial para el estudio del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) tuvo este martes otra jornada intensa de trabajo. Las comparecencias no fueron tan largas como las del lunes, pero el cuerpo recibió varias delegaciones. Entre ellas, los senadores recibieron al director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), Álvaro Garcé, para discutir la segunda sección del proyecto referida a la SIE, que consta de nueve artículos.
Luego de finalizado el intercambio con los senadores, Garcé sostuvo en una conferencia de prensa que mediante la LUC se creará la categoría de “información secreta”. El director explicó que ese rótulo no significa información “arbitraria”, “abusiva” o perjudicial para la convivencia democrática. La categoría responde a que en determinadas circunstancias el Estado pueda mantener secreta información “que puede afectar la calidad del estado de derecho, la defensa de la relación con otros estados o el cumplimiento de tratados internacionales”, mencionó a modo de ejemplo. Esta información sólo podrá ser desclasificada por el presidente de la República.
El artículo 128 de la LUC modifica el 29 de la actual Ley de Inteligencia y agrega la categoría de información secreta a las ya existentes: reservada y restringida. La norma sostiene que “se considerarán secretos los actos, documentos, registros, actividades y cualquier otro material o insumo de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, cuya difusión pueda provocar daño a la soberanía e integridad del Estado, a los acuerdos internacionales, a la defensa de las instituciones, a la independencia del Estado respecto de otros Estados u organismos internacionales, y a las relaciones con estos”. El artículo agrega que la clasificación estará a cargo del director de la SIE.
“La ley es absolutamente respetuosa del estado de derecho y de las garantías de las personas. Nadie va a estar sometido a ninguna clase de pesquisa secreta. La SIE -y en general todos los órganos que componen el sistema de inteligencia del Estado- no va a estar para investigar ilegalmente a organizaciones, personas o partidos políticos”, expresó Garcé. A su vez, sostuvo que los artículos de la LUC apuntan a “fortalecer” el sistema de inteligencia y a mejorar la calidad de la información y de la inteligencia.
Por su parte, el senador suplente del Frente Amplio (FA) José Carlos Mahía dijo a la prensa que una de las preocupaciones de su fuerza política estaba referida a que en la LUC se traslada a la SIE como una dependencia directa de Presidencia, sin control parlamentario (antes dependía de cuatro ministerios). Ese planteo, sostuvo Mahía, fue tomado en cuenta por la comisión. La segunda inquietud de la coalición de izquierda, dijo Mahía, fue justamente respecto de la creación de la figura de información secreta. Para Mahía se trata de una “materia bien sensible”, que pone en riesgo el equilibrio entre los poderes del Estado. “Esa norma genera muchas limitaciones al Poder Judicial a la hora de la protección del ciudadano”, sostuvo el legislador, quien manifestó que reservar para el presidente y el secretario de Presidencia “algunas actuaciones” es “muy peligroso”.
En las actas de la comisión, a las que accedió la diaria, los senadores del FA se expresaron en la misma línea que Mahía sobre la creación de esta nueva categoría de información. Por ejemplo, el vicepresidente de la comisión, Charles Carrera, sostuvo que la Constitución “establece claramente” que están prohibidas las “pesquisas secretas”, por lo que hay que tener “mucho cuidado”. “El Poder Judicial debería contar con una forma de tener acceso en caso de existir una denuncia”, argumentó el senador.
Por su parte, Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, celebró la normativa adoptada en inteligencia y sostuvo que con la clasificación de secreto no hay inconvenientes porque se refiere a información “que ponga en peligro la propia soberanía o integridad del Estado”. El legislador dijo que “hay un error conceptual cuando se refiere a que a una pesquisa se le da el rótulo de secreto y que el juez no puede acceder a ella”. “Lo que dice la doctrina es que la clasificación se refiere a la necesidad de saber. Hay información que, de repente, es de nivel estratégico del Estado y no es necesario que yo, senador, tenga acceso a ella. Creo que todos tenemos que entender que es así. A eso se refiere la inteligencia estratégica del Estado”, expresó.