El equipo económico del gobierno encabezado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, asistió este lunes a la Comisión Especial que analiza el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) para abordar los alcances de los artículos de la Sección IV sobre economía y empresas públicas. Al finalizar la sesión, los legisladores del Frente Amplio manifestaron su posición contraria a la implementación de la regla fiscal en el contexto de la pandemia por coronavirus y contra una presunta “marcha atrás” en materia de inclusión financiera, que, afirman, surge del texto legislativo.
El senador frenteamplista Daniel Olesker consideró en rueda de prensa que la regla fiscal que afecta al gasto público “es innecesaria e injustificada” dado que ya existía una regla que topeaba el gasto “a la que se le pueden hacer críticas o mejorarlas”. Olesker afirmó que el análisis de la política fiscal no debería ser “el resultado fiscal sino el resultado social del gasto que se genera” y señaló que los representantes del gobierno respondieron a su cuestionamiento indicando que la regla “va a permitir gastar más cuando el ciclo va a la baja”. No obstante, el economista apuntó que desde la oposición “no se cree en la política fiscal anticíclica en una economía que tiene necesidades para resolver en materia económica y social”.
En la misma línea, el ex presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, aseguró que en la LUC “no está planteada la regla fiscal” sino “la expresión de deseo de que haya una regla fiscal”, porque “faltan elementos” para establecer sus parámetros. “Hay que dejar pasar esta pandemia, ver cómo se acomodan las circunstancias económicas y financieras, no sólo en Uruguay, a nivel global, antes de ponerse a hacer seriamente este tipo de cálculos”, aseveró en diálogo con la prensa. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Especial, Charles Carrera, coincidió con sus correligionarios en que “si hay un tema que no requiere urgencia en este panorama de emergencia sanitaria, es instrumentar el sostén del ajuste fiscal que el gobierno coloca como eje de su política económica”.
El senador frenteamplista y ex ministro del Interior, Eduardo Bonomi, comentó a la diaria que la ministra Arbeleche “dijo en todo momento que esto no era una cosa para aplicar ahora, sino que va a demorar mucho tiempo”, por lo cual no comparte el rótulo de urgente, “si en realidad se puede profundizar mucho más si se discute como ley ordinaria”. “El tema urgente es la pandemia, discutir cosas que son muy para adelante no nos parece correcto”, enfatizó el legislador.
Los representantes de la coalición de gobierno defendieron la necesidad de una nueva regla fiscal. El senador nacionalista Jorge Gandini diferenció a la regla fiscal planteada en la LUC del “tope de endeudamiento” implementado por el Frente Amplio y criticó que durante la gestión frenteamplista “cada vez que había que endeudarse más venía una ley que cambiaba y aumentaba el tope de deuda, entonces la regla no servía para nada y fue creciendo siempre el gasto por encima del ingreso”. “Eso se llama déficit fiscal, que se acumuló e hizo que en los últimos 10, 12 años la deuda externa creciera 10 puntos. El año pasado pagamos 2.030 millones de dólares sólo de intereses de deuda externa y para este año está previsto pagar 3.200 millones de dólares”, señaló.
En ese sentido, el senador colorado Adrián Peña opinó que la regla fiscal “es una señal que va en la dirección correcta” luego de “muchos años de descuido de la disciplina fiscal”. En su cuenta de Twitter escribió: “Hay quien piensa que aplicar una regla que limite el gasto en algún momento va en contra de las políticas sociales y es todo lo contrario, lo que asegura la posibilidad de aplicar políticas sociales cuando más se necesiten es el orden y el auto control que no ha existido”.
“Marcha atrás en la inclusión financiera”
Al finalizar la exposición sobre los artículos vinculados a la regla fiscal se abordaron aquellos enmarcados en el capítulo “Libertad financiera”. Bergara definió las innovaciones en esta materia como una “marcha atrás en la inclusión financiera” y puso como ejemplo a la habilitación de acordar el pago de las remuneraciones entre empleador y trabajador, que a su entender “es un saludo a la bandera porque todos sabemos que el poder de negociación no es el mismo y obviamente hay asimetrías”. A su vez, criticó la presencia de artículos “que relajan la prevención del lavado de activos” y mencionó el artículo 219, que posibilita las transacciones en efectivo por un monto de hasta 100.000 dólares.
“Ahora se habilitarían transacciones en efectivo por hasta 100.000 dólares y además no se evita el fraccionamiento, o sea que podría haber transacciones de 300.000 o 400.000 dólares que, en la medida en que se fraccionen de a 100.000, se podrían hacer sin una debida diligencia profunda”, advirtió Bergara. “Viabilizar transacciones en efectivo por estos montos tan enormes sin dudas les va a facilitar los procesos a los narcotraficantes. Acá nadie le asigna intenciones al gobierno de eso, pero para nosotros es una consecuencia lógica de estos cambios que se proponen”, agregó.
Consultado por la diaria, el director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, aseguró que “si bien es cierto que hay una ligera flexibilización” en los controles dada por la nueva redacción que hace la LUC al artículo 17 de la Ley de Lavado de Activos, esta es “tan menor que no afecta la eficacia de los contralores”. Semanas atrás, el ex director de dicha secretaría, Daniel Espinosa Teibo, criticó la flexibilización de las obligaciones de la debida diligencia a raíz de esta innovación y advirtió sobre “serias consecuencias para el país”, como ser incluido en listas grises o negras de organismos internacionales.
Chediak afirmó que la nueva redacción “da una pauta o una presunción simple de bajo riesgo para el necesario análisis de riesgo de cada operación y de cada cliente que los sujetos obligados tienen que hacer, cuando el medio de pago se realiza a través de una institución financiera controlada por el BCU” e hizo énfasis en que esta modificación “debe leerse en el contexto de los 79 artículos de la ley integral y de los 103 artículos del decreto reglamentario y, básicamente, el esquema se mantiene en forma total”. “La obligación de efectuar el análisis de riesgo sigue pendiente y pesando sobre cada sujeto obligado, lo que hay ahora es un elemento más para ese análisis, que implícitamente ya estaba”, aseveró.
En cuanto a la advertencia que realizó Bergara sobre los pagos en efectivo y la relación con el delito, Chediak aseguró que la nueva redacción “no aumenta en forma significativa la posibilidad del lavado de activos, en tanto la mayor parte de las operaciones vinculadas al lavado de activos, hasta donde sabemos, superan ese umbral” y agregó que si bien existe la posibilidad de disgregación o fraccionamiento en unidades menores a 100.000 dólares “ello no es fácil porque el hecho de que intervengan varias instituciones financieras o que el dinero venga por distintas vías es también un indicio de altísimo nivel de lavado de activos, entonces allí el sujeto obligado deberá hacer el análisis de riesgo correspondiente”.