El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo) difundió este martes un documento que fue presentado por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, en el que plantea su preocupación por el alcance de las medidas proyectadas en el proyecto de ley de medios remitido por el Poder Ejecutivo el 24 de abril. Según la perspectiva de la CCD, “la iniciativa afectará la transparencia, la participación ciudadana, diversos derechos adquiridos, el pluralismo, la diversidad y la producción nacional”.
El proyecto del gobierno, que inicialmente estaba contenido en la ley de urgente consideración, deroga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) vigente y en su lugar establece una serie de regulaciones para canales y radios. La CCD lamenta la derogación de la Ley 19.307 y advierte que la nueva regulación “reduce drásticamente los derechos de todas las personas y de colectivos específicos (niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, etcétera) reconocidos en esa ley, volviendo a concepciones que conciben la libertad de expresión principalmente como la que ejercen los medios y periodistas y no algo que atañe a todos los ciudadanos”.
Por otra parte, la CCD ve con preocupación la eliminación de instrumentos institucionales y procedimientos previstos en la ley anterior, como el Consejo de Comunicación Audiovisual; la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual; audiencias públicas “y procesos competitivos, transparentes y con criterios claros para la asignación de frecuencias de radio y televisión”; la Defensoría del Público; y la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional. “Con ello se pierden elementos clave en cuanto a independencia de los organismos de aplicación respecto al poder político, económico y mediático, transparencia y participación ciudadana en los procesos de asignación y renovación de frecuencias y ejercicio de los derechos ciudadanos”, sostiene.
Por otra parte, la CCD advierte sobre la afectación del ejercicio del periodismo en caso de aprobarse este proyecto, porque deja por el camino al artículo 42 de la ley vigente, que establece que “los periodistas tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento”. En ese sentido, se destaca que el artículo fue “producto de una lucha de años de la Asociación de la Prensa Uruguaya” y “significó un avance para establecer la objeción de conciencia en el trabajo periodístico”.
En el último capítulo, titulado “Pluralismo, diversidad y producción nacional”, la CCD manifiesta que “los cambios propuestos en materia de regulación anticoncentración implican un retroceso enorme en materia de pluralismo y diversidad de medios en Uruguay, violentando expresamente recomendaciones y estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”. En concreto, se indica que la nueva norma habilita una concentración “aún mayor que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, la cual “ya permitía niveles altamente inconvenientes de concentración en la propiedad y el control”. El proyecto a estudio del Parlamento “no sólo amplía los límites a la concentración existentes hasta el momento en radio y televisión abierta, sino que, incluso, deroga completamente las disposiciones anticoncentración en otro sector cada vez más importante en las sociedades modernas, como es la televisión para abonados”, argumenta la organización.
Finalmente, subraya que si bien el proyecto de ley hace referencia a la promoción de la producción audiovisual nacional –se mantiene la obligación de que al menos 60% de la programación total emitida en la televisión sea de producción o coproducción nacional y que las radios deberán emitir un mínimo de 30% de música de origen nacional-, “nada dice sobre el Fondo [de promoción del Sector de Comunicación Audiovisual] que se creó en la Ley 19.307 para lograr ese fin”.