En sesión extraordinaria y con las barras cerradas al público por la emergencia sanitaria (aunque con la visita del presidente Luis Lacalle Pou), el Senado comenzó este miércoles a tratar el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) remitido por el Poder Ejecutivo. Ayer, a última hora, el proyecto fue aprobado en general por 18 votos en 31. A partir de hoy comenzará la votación en particular de los artículos.
El texto fue analizado y modificado en el trabajo llevado adelante durante 22 días por la Comisión Especial que estudió el documento, conformada por representantes del oficialismo y la oposición. De esa discusión se llegó a un texto definitivo, que incluye 476 artículos, y del proyecto original sólo se mantuvieron sin modificaciones 76 artículos de los 501 iniciales, según informó quien fuera vicepresidente de la Comisión Especial, el senador frenteamplista Charles Carrera.
El nacionalista Gustavo Penadés, quien presidió la Comisión Especial, destacó el trabajo de los senadores de todos los partidos y aseguró que “en las diferencias y en los acuerdos se pudo llevar adelante un trabajo de altísima calidad y de altísima intensidad”. “La comisión trabajó durante 22 días, en los cuales 832 veces hicieron uso de la palabra senadores del Frente Amplio y 520, los senadores de la coalición. O sea que aquí no se puede sostener que no se pudo ser escuchado y debatir”, afirmó Penadés, a la vez que destacó que en el proceso se recibió a 27 delegaciones oficiales, 16 delegaciones de instituciones académicas, 112 organizaciones de la sociedad civil y cuatro organismos internacionales y gubernamentales extranjeros.
“Se ha insistido mucho en los últimos tiempos con que esta no es la urgencia que tiene la gente. Yo entiendo que hay una serie de urgencias que han sido enfrentadas por el gobierno y que han contado con el respaldo de todos los partidos políticos. En esta ley radica lo que para el gobierno se entiende que hay que atender con urgencia”, continuó Penadés. El legislador del Partido Nacional señaló que la coalición “no tuvo ningún prurito” en modificar o eliminar artículos “cuando no estaban cumpliendo con la estricta vigencia de la Constitución”, como aquellos de carácter presupuestal o inconstitucional.
Por su parte, Carrera consignó el desacuerdo de su partido con la forma y el contenido del proyecto, y recordó que el Frente Amplio (FA) definió votar en general en contra de la ley, con excepción de algunos artículos que se modificaron y en los que se hizo “reducción de daños”. “Nosotros no podemos aceptar que este proceso sea puesto como el paradigma de la democracia. Eso no lo acompañamos. El FA ya definió que va a votar en general en contra de esta ley, porque nosotros no podemos consentir esta forma de gobernar y de legislar, no estamos de acuerdo con ello y no lo vamos a consentir con nuestro voto”, expresó.
Carrera afirmó que, al entender de su fuerza política, “no era oportuno que nos abocáramos a discutir este proyecto de ley en un momento en que nuestro país se encuentra sufriendo una pandemia, una emergencia sanitaria declarada sin fecha de cese, con consecuencias en lo social, lo laboral y lo económico”. En ese sentido, señaló que “en los 487 artículos finales no hay una referencia a la emergencia sanitaria que hoy vive nuestro país”. Las principales críticas al proyecto fueron “la intención de desmantelar y desregular el Estado”, y “la política de uso de la fuerza irracional”, que el FA considera reflejadas en el proyecto.
A su vez, el también opositor Enrique Rubio advirtió que la normativa funcionará como un “boomerang” porque “levanta la vara tan alto que hace promesas de resultados inmediatos, pero se van a encontrar con la realidad y con escollos en temas sociales, que llevan tiempo”. Más tarde, la frenteamplista Liliam Kechichián dijo que el mecanismo de urgente consideración debería ser eliminado de la Constitución y sostuvo que le llamó la atención que no se abordaran temas que sí son urgentes, como el turismo, que vive una “situación dramática” en el país.
Por su parte, el senador colorado Adrián Peña defendió el texto final y aseguró que se trata de “un proyecto mejorado, mejor que el que ingresó originalmente”. “Hubo tiempo para escuchar, para tomar nota y para corregir cuando fue necesario. Barrimos todas aquellas inconstitucionalidades o posibles inconstitucionalidades”, sostuvo. Peña afirmó que el Partido Colorado va a apoyar la iniciativa, y que “se siente muy representado en esta ley, que es una buena ley para el Uruguay”.
“Los dos capítulos más importantes, seguramente, por su extensión, son los de seguridad y educación, y vaya que el Uruguay necesita cambios en esas materias”, apuntó el legislador. “Un tema bien relevante para nosotros era, y es, lo que consideramos como una necesaria transformación integral de la educación, que sé que va a ser uno de los temas más polémicos del debate en sala. Un 64% de los jóvenes de nivel socioeconómico medio-alto que completan la educación media y sólo un 13% de los sectores muy bajos que la completan habla de una educación que genera desigualdad, en lugar de ser el mayor factor de equidad, como históricamente lo hizo”, reflexionó Peña. Según dijo, “este proceso no es de los últimos tiempos, sino un proceso de deterioro de muchos años”.
Luego el senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech dijo que su partido “apoya de la primera a la última las normas contenidas en el proyecto”. “El país hace unos pocos meses votó por un cambio, que debía trasuntarse en cambios sustantivos en aspectos de la política nacional, como la seguridad, la educación y la economía. En materia de seguridad es insostenible esta cadena de violencia que vive el país. Y esta ley pretende darle a la Policía armas jurídicas para enfrentar a la delincuencia y, sobre todo, hacerle sentir un respaldo del sistema político a su actuación”, argumentó. En una misma línea, el líder de CA, Guido Manini Ríos, sostuvo que “cuando las cosas están mal, hay que hacer cambios rápidos cuando afectan la vida de la gente”.
Andrade versus Gandini
El senador frenteamplista Óscar Andrade puso el énfasis en la primera sección del proyecto, que introduce modificaciones en materia de seguridad pública y derecho penal. El ex precandidato a la presidencia destacó que “no es el FA el que cuestiona los potenciales resultados” de estos artículos, e hizo mención a sendos informes de autoridades y expertos nacionales e internacionales que advierten sobre posibles resultados negativos derivados de estas innovaciones. Por ejemplo, refirió al informe del alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Jan Jarab, quien ante la Comisión Especial sostuvo que el capítulo 1 “abona un camino hacia un modelo más punitivo de la política penal, el mismo que se mostró ineficaz y contraproducente en la experiencia internacional”. “El Instituto de Derecho Penal y Criminología fue todavía más duro”, señaló Andrade. A su entender, este capítulo “tiene algunos cambios que, sinceramente, son muy difíciles de entender”. “Los operadores del derecho, todos coinciden en que el tipo penal que se crea es un tipo impreciso y que puede dar lugar a arbitrariedades. No es una búsqueda del FA para encontrarle la quinta pata al gato”, sostuvo. Por ejemplo, dijo que hay artículos que son “propios del derecho penal autoritario”, como “equiparar la responsabilidad de un cómplice y un autor, la resistencia al arresto o un delito tan confuso como el de agravio a la autoridad, cuando ya existe el de desacato”.
Por su parte, el senador blanco Jorge Gandini consideró que “esta es una buena ley”. “Se podrá decir de ella lo que se quiera, decir que consagra y justifica la violencia irracional, lo que nos ofende. Lo que no se puede decir es que nos dormimos con los cambios”, manifestó, y en respuesta a lo dicho por Andrade aseveró: “Podrán venir las Naciones Unidas y decirnos a través de sus consultores que lo que estamos haciendo aquí se aplicó en otros países y no dio resultado. Puede ser. Lo que yo sé es que lo que se está haciendo acá se aplicó acá y no dio resultado”.
En una misma línea, Manini Ríos sostuvo que “muchos extranjeros que opinan sobre el Uruguay dicen que está mal tomar tal o cual medida prevista en esta ley”. Según Manini Ríos, es necesario “pensar como uruguayos y pensar con nuestra mente, no seguir comprando libretos que se escriben en otras latitudes”. “Artiguismo es autonomía de los pueblos, y Uruguay debe razonar por sí mismo”, razonó.
Gandini llamó a cambiar la realidad en materia de seguridad, porque “la evidencia no admite discusión: 30.000 rapiñas por año, 400 homicidios por año –muchos de ellos ajustes de cuentas, que son asesinatos del narcotráfico– y más de 100.000 hurtos por año son en buena medida las razones por las que la gente quiso cambiar de gobierno. Y nosotros traemos aquí lo que a nuestro juicio son las soluciones. Ya nos juzgarán por ellas, y veremos si eran necesarias”, prosiguió.
Sobre el final de la sesión, el senador colorado Germán Coutinho sostuvo que no votaría los artículos de la LUC que refieren al precio de los combustibles, y dijo que debieron aprobarse como venían del Poder Ejecutivo, es decir, con la desmonopolización de ANCAP en su importación. “La desmonopolización debería haber sido pronto, listo y ya, y no debimos haber temido”, argumentó.